“El gobierno no quiere avanzar en democracia y gobernanza ambiental”

La noche del 24 de septiembre, en cadena nacional, el presidente Nayib Bukele confirmó que El Salvador no firmará el Acuerdo de Escazú al considerar que algunos de sus artículos no se adaptan a la realidad salvadoreña. Ahora, el equipo impulso del tratado, inicia las reuniones con diputados de la Asamblea Legislativa para procurar la adhesión a través de este órgano del Estado.

Focos habló con César Artiga, coordinador general del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, para conocer su opinión sobre las declaraciones del presidente Bukele y la necesidad del país de sumarse a este proyecto.

¿Cuál es la reacción, como Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, ante la negativa a la firma del acuerdo expresada por el presidente Bukele?

Realmente es lamentable escuchar de parte del primer servidor del país el bajo nivel de compromiso que hay con el medio ambiente y con las personas que lo defienden. Creemos que el presidente debió informarse y asesorarse bien. Las declaraciones que dio sobre los argumentos por los cuales no va a firmar el Acuerdo nos parecen inaceptables porque, en primer momento, se dice que tienen algunas reservas y que hay algún artículo en concreto que considera que hay que modificar y que, si se modifican, entonces El Salvador sí lo firmaría. Eso es absurdo, porque lo pactado se cumple, lo pactado se honra. Es decir, El Salvador pasó más de cuatro años en un proceso de negociación, dio el voto a favor para que el acuerdo tuviera vida, para adoptar el acuerdo el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. Y este acuerdo no admite reservas ni admite modificaciones una vez fue como tal adoptado.

Nos parece de entrada triste, penoso. Realmente en el equipo consideramos que es vergonzoso que el ciudadano presidente haya dado esa declaración, cuando tiene todo un departamento de asuntos jurídicos que lo pudieron asesorar de buena manera. En la misión del Salvador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene personas que conocen muy bien de esto y más que responsabilizar a los técnicos de la institución, creemos que no decidió informarse, no decidió consultar debidamente y que atrás de eso esconde un trasfondo: justificar la negativa de la firma con esos artículos que menciona.

Lo que realmente está atrás es que hay un interés deliberado de la administración de este gobierno de abandonar definitivamente la dimensión ambiental en la gestión pública, que era una amenaza. No escuchábamos en el discurso del ciudadano presidente hablar de medio ambiente. Veíamos a un ministro de Medio Ambiente muy débil, con poca presencia efectiva y con un rol lamentable en cuanto tiene que ver a la protección ambiental.

El mensaje es que El Salvador no está comprometido con avanzar en la democracia y en la gobernanza ambiental en un país, que no está interesado en proteger el ambiente en un contexto como el que estamos viviendo, en un contexto de pandemia, donde hay muchos estudios de la comunidad científica internacional que afirman que hay una relación indivisible entre la degradación de los ecosistemas, la pérdida acelerada de biodiversidad, con todas las situaciones que están afectando a la salud de la humanidad. Es decir, el virus como tal, es también producto de ese abandono que los estados han consumado de la protección ambiental a nivel global.

«Mientras la región avanza en temas de democracia ambiental, El Salvador retrocede. Lo que escuchamos en la cadena nacional del presidente fue un retroceso total en materia de derechos humanos en asuntos ambientales.»
César Artiga, coordinador general del Equipo Impulsor
del Acuerdo de Escazú El Salvador

Casi al mismo tiempo que el presidente de El Salvador anunció que no va a firmar, Belice firmó y se convirtió en el país número 23 en hacerlo. Argentina ratificó el acuerdo y se convierte en el país número 10 en hacerlo y El Salvador está rezagado, a la cola en el Acuerdo de Escazú.

El país está tristemente con un nivel de retraso y con este gobierno, que ha decidido priorizar la inversión. Ha decidido conservar los privilegios de la élite económica del El Salvador, sobre todo el sector de la construcción. Lo dijo claramente y lo que revela es quiénes son, quiénes están detrás de este gobierno. Detrás de cada administración siempre hay intereses. Esta administración son los intereses corporativos de la empresa constructora. Al menos, consideramos que al fin dio a conocer una posición oficial, a pesar que venimos desde hace muchos meses exigiendo que den la postura oficial. Al final la dan a conocer de una manera lamentable.

¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para los estándares de derecho en acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental?

Con respecto a esas tres figuras, hay que decir que esos tres elementos, acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en acceso a la justicia sobre asuntos ambientales, son los tres derechos de acceso como tal, que son los que están contemplados en el principio 10 de la declaración de Rio de Janeiro, una declaración que surgió en 1992 en la cumbre de la Tierra, que organizó la ONU y que dio vida como tal al Acuerdo de Escazú. Estos derechos de acceso son derechos llave porque a través de ellos se nos permite acceder a otros derechos y lo que busca el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo procedimental, es garantizar la implementación plena y efectiva de estos derechos de acceso: información, participación y justicia.

En el caso de información, en El Salvador, tenemos una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que es bastante buena, en términos de su propósito, sin embargo, esta ley no tiene disposiciones concretas en materia ambiental, por lo cual el Acuerdo de Escazú vendría a ser una aplicación directa que se podría hacer a la LAIP. Por ello, como equipo, estamos dialogando con la administración de gobierno actual, es que el Tratado de Escazú permitiría ampliar el asidero legal del país. Firmar y ratificar el acuerdo, daría esa posibilidad, de que ahora tenga una aplicación concreta en asuntos ambientales que no está estipulado en la figura de ley del país. Eso con el primer elemento.

El segundo elemento es la participación pública. En el país, si bien es cierto que la legislación y las políticas públicas contemplan algunas figuras en materia de participación ciudadana, por ejemplo, la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece procedimientos o mecanismos para que la ciudadanía pueda ser consultada y participar, por ejemplo, en las evaluaciones de impacto ambiental sobre algunos proyectos en el país. Además tenemos el Código Municipal de El Salvador, cuando habla de los cabildos abiertos, un mecanismo de participación que tienen los gobiernos municipales para escuchar las opiniones de la ciudadanía.

Sin embargo, el Acuerdo de Escazú establece procedimientos, mecanismos para fortalecer todo lo que el país ya tiene y ampliar a nuevas figuras y procesos de participación pública. El acuerdo establece el enfoque pro persona, es decir toda persona tiene el derecho y el deber de participar en todas las etapas, en todos los ámbitos y en todos los niveles, eso significa que las personas deben ser consultadas desde que empieza la idea inicial de un proyecto, no cuando ya está en fase de evaluación, que ya pasó por toda una etapa de presentaciones de avances y hay todo un trabajo ya realizado. Eso no lo tenemos en nuestra legislación y no podemos ver los problemas y los conflictos que hay en determinado momento, como por ejemplo, con la represa que se quiere construir en el río Sensunapán.

¿Y el derecho a la justicia ambiental?

Si bien la Ley de Medio Ambiente, establece la creación de los juzgados ambientales, los tres juzgados ambientales y una cámara ambiental que recibe denuncias contra el mismo Estado, contra el incumplimiento a su compromiso en materia de protección ambiental. Pero los magistrados de la Cámara Ambiental, nos dicen de que el Acuerdo de Escazú vendría a dar un instrumento robusto para fortalecer su trabajo y garantizar el acceso a la justicia a las personas. En última instancia se trata de eso, de que rompamos con los esquemas de impunidad que históricamente han prevalecido y que consideramos que es valioso el Acuerdo de Escazú.

Tal cual está establecido en este momento, una persona puede incluso poner una denuncia oral, escrita y avocarse a los juzgados ambientales. Sin embargo, con Escazú el garante de la descarga de pruebas es el Estado ¿Qué significa esto? Que si una persona quiere y considera que un proyecto amenaza la garantía de su derecho ambiental, o que amenaza la integridad y la salud del ecosistema, esta persona puede denunciar y activar el Acuerdo y el estado debe ser el garante de demostrar a esa persona que ese proyecto no va a tener afectaciones, ni lo que la persona esté indicando que es la amenaza que identifica. No es la persona la que tiene que ir a levantar la evidencia y la prueba.

¿Actualmente es la persona quien debe garantizar la evidencia?

Exacto. La descarga de pruebas recae en la persona quien solicita justicia. Es por eso que las mismas comunidades dicen «nosotros vamos a poner las denuncias y nos dicen que no llenan los requisitos» y es porque no van sustentadas debidamente. Eso con el Acuerdo de Escazú se rompería porque la garantía del acceso a la justicia en última instancia la tiene el Estado.

Estos elementos que el tratado aportaría al país fortalecerá la institucionalidad, el marco de políticas públicas nacionales y ampliará el asidero legal que nuestra ley no contempla y ahí surge el cuarto elemento central de Escazú: la protección de las personas defensoras ambientales.

En El Salvador la figura de persona defensora no está reconocida en la ley. Por ejemplo, una persona que es perseguida por su labor de defensa al ambiente interpone una denuncia a la Fiscalía o en las instancias que competen y como la figura de persona defensora no existe se procesa como las figuras que establece el Código Penal, como una amenaza a la vida, pero no se reconoce que es una persona que está defendiendo bienes naturales. Este vacío legal, permite que haya un marco de nula protección a las personas que defienden derechos y en este caso en asuntos ambientales en el país. Si Escazú se aprobara y se implementara, entonces automáticamente pasaría a ser ley de la República y el Estado estaría con mandato específico de tomar medidas, mecanismos y sistemas de protección a las personas defensoras y debe adecuar su marco legal para reconocerlas.

¿Conocen de casos actuales donde se han violentado alguno de estos tres estándares? Incluso de ataques a personas defensoras…

Entre los más recientes al menos podría mencionar tres: el del río Sensunapán, ese es un caso muy concreto de cómo se ha violentado el derecho de participación en las decisiones de las comunidades y de las personas. El otro que es muy clave es el de Cuisnahuat, incluso el conflicto que hay ahorita entre la Alcaldía y los pueblos indígenas de Cuisnahuat que están demandando que este proyecto no se construya. Sin embargo, la tala se hizo sin autorización de Medio Ambiente y sin que las personas pudieran opinar si estaban de acuerdo con eso. Alguien podría decir que la alcaldía dice que sólo son diez árboles, realmente era una zona un poco más amplia, pero más allá de cuántos árboles sea en un país como el nuestro que, ya la ONU y otros dicen que somos un país que corre riesgo de convertirse en un desierto en las próximas décadas, deberíamos de avanzar en la protección de la zona de bosque de nuestro país, no en la tala. Y eso no fue consultado con las personas y no fue autorizado por el MARN.

El otro que consideramos nosotros, que es un conflicto que es muy silencioso pero que es muy peligroso y en el que hay mucha persecución de personas defensoras en El Salvador quienes se oponen al avance del monocultivo de la caña de azúcar. Hay muchos casos en Tecoluca, Sonsonate y Jiquilisco, por mencionar algunos donde el monocultivo de la caña de azúcar inclusive ha invadido áreas naturales protegidas (ANP), talando bosque salado, esto es no es solo el aumento de la frontera agrícola sino también el uso indiscriminado y sin ninguna regulación de agroquímicos para madurar la caña. Este madurante es letal, provoca insuficiencia renal crónica y, ¿quién en indemniza esos casos? ¿quién previene eso ese daño? Nadie.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no lo regula de ninguna manera; y el MARN no regula que el uso intensivo de agua para el riego de la caña y la contaminación de los manantiales y las personas están en total abandono. El Estado ha abandonado a las comunidades que están rodeadas del monocultivo de la caña. Los tres son, digámoslo que lo considero más latente.

* Entrevista de Gabriela Aquino