El régimen de excepción incrementó casos de desplazamiento forzado provocado por agentes estatales de seguridad

Pedro miraba con preocupación la fecha de su cumpleaños acercándose. Pronto cumpliría 18 y esa mayoría de edad, en vez de ser el boleto de entrada a una etapa de independencia y libertad en su vida, era para él una sentencia: cumpliría la edad mínima para ir a una cárcel de adultos. 

Desde finales de 2021, un policía había acosado a Pedro de manera reiterada. A veces lo hacía solo y, en otras ocasiones, actuaba en complicidad con otros agentes. Lo acusaban de tener vínculos con pandillas, a pesar de que en su colonia no había presencia de maras. También lo amenazaban diciendo que, al cumplir 18 años, lo llevarían capturado.

El acoso empezó con retenciones sin razón, revisiones “de rutina” en las que él era el único sujeto de inspección, aunque estuviera junto a otros jóvenes. Luego vinieron las agresiones verbales y torturas psicológicas, como obligarlo a que se cortara el pelo o ponerlo a hacer mil sentadillas bajo la amenaza de que, si no lo hacía, le darían una golpiza.

Con el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, y bajo la excusa de una “guerra contra las pandillas” promovida por el presidente Nayib Bukele, la Policía y la Fuerza Armada obtuvieron ‘carta blanca’ para realizar capturas ante la mínima sospecha de pertenencia a esas estructuras criminales.

El periódico El Faro reveló en agosto de 2022, tras el análisis de cientos de requerimientos fiscales, la debilidad de las pruebas que respaldan las masivas detenciones en el marco del régimen. En múltiples casos, las personas capturadas fueron fichadas simplemente por ponerse nerviosas o “tener apariencia sospechosa” según el criterio del agente de seguridad estatal de turno. 

Hasta el 11 de enero pasado, fecha en que se renovó por décima ocasión el régimen de excepción, el Ministerio de Seguridad registraba 61 mil personas capturadas, la gran mayoría hombres jóvenes. 

En ese contexto, el acoso de la Policía contra Pedro llegó a un punto crítico. El joven recibió golpizas y, en una ocasión, lo agredieron con una pistola eléctrica que le dejó marcas en su cuerpo. Pedro, quien solo dejaba su casa para realizar trabajos de agricultura ocasionalmente, salir con su novia a hacer compras o conversar con sus amigos, decidió recluirse permanentemente. Así pasó algunos meses, preso de miedo en su propio hogar. 

En julio de 2022, y dado que el muchacho no salía, los policías decidieron hacer rondas cerca de su casa y, cuando lograban tenerlo a la vista, le apuntaban con los fusiles por varios segundos para luego irse. Un día, decidieron ingresar a la casa y lo acorralaron.

Lo rodearon en el comedor. Su madre, que también estaba dentro de la casa, salió a defenderlo. ¿Qué pasa? — preguntó la mujer, confundida — ¿Por qué me lo molestan?  Ponele las esposas a ella, por trompuda — contestó uno de los policías —. Con el régimen se van los dos con 30 años, sentenció.

La situación se puso tensa. Los policías catearon la casa sin encontrar pruebas de nada y decidieron irse, pero antes dejaron una amenaza: “Cuando cumplás los 18, te vamos a mandar a una cárcel de verdad. Ahí no vas a tener una mami que te defienda”. 

Pedro pensó que había llegado el momento que él y su madre tanto temían: era tiempo de separarse. Me voy a ir. No quiero pagar por algo que yo no debo — le dijo a su mamá. 

Tuvimos que resolver por nuestros medios porque aquí — en el país — no hay con quién contar — asegura ella.

Con el respaldo de un grupo de amigos, y el apoyo de organizaciones que acompañan a víctimas de violencia, crearon una comitiva para sacar al joven de forma segura antes de que cumpliera sus 18 años. Lo llevaron por diez días a una casa de resguardo y, posteriormente, le ayudaron a dejar el país.

Cuando a uno le toca vender el poquito de comida que tiene, para poder separarse de sus hijos, para poderles ayudar y que no sigan siendo acosados es muy, muy difícil. — señala la madre —  Ni sé cómo explicar todo lo que uno vive y siente en esos momentos.

El caso de Pedro no es único. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal y el Servicio Social Pasionista de El Salvador (SPASS) identificaron, en el marco de los primeros nueve meses del régimen de excepción, un incremento particular en el desplazamiento forzado interno provocado por acoso o violencia por parte de agentes estatales.

Cristosal presentó en diciembre un informe sobre los casos atendidos entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2022, periodo de vigencia del régimen. De un total de 349 casos, al menos el 15.5 %  tuvo como victimarios a policías y militares.

La cifra aumentó considerablemente. De enero de 2020 a febrero de 2022, los casos en los que se identificó a agentes de seguridad como responsables solo representaron el 2.8 % del total.

Johanna Ramírez, responsable de la atención a víctimas del SPASS, asegura que el despliegue territorial de cuerpos de seguridad en el territorio ha propiciado situaciones de abuso de poder y violencia estatal. 

“Obligan a las familias a desplazarse y otras lo han realizado de manera preventiva, porque ha habido una amenaza directa de una posible detención, posterior a la presencia de los agentes policiales y militares dentro de los territorios”, indicó Ramírez.

Una ley con ‘letra muerta’

En 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que, por primera vez, se reconoció la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado y ordenó al Estado crear un marco legal al respecto. 

Así nació la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, aprobada en enero de 2020 y sancionada por el presidente Bukele. Sin embargo, a tres años de haberse aprobado, el marco legal todavía no tiene reglamento.

Para Celia Medrano, especialista en derechos humanos, migración y desplazamiento forzado, está claro que Bukele no está interesado en emitir el reglamento y hacer cumplir el marco legal. 

“El incumplimiento de la Ley de Desplazamiento Interno es producto de una política estatal de violar derechos humanos. Siempre las víctimas han estado al nivel más bajo de las agendas estatales; pero, en esta ocasión, es un Estado que produce víctimas, que victimiza a su población”, señala.

La Presidencia debió haber emitido el reglamento 90 días después de su entrada en vigencia, para garantizar la prevención de la problemática, la asistencia humanitaria y la protección a las víctimas. Sin embargo, ni siquiera se ha creado la Comisión Técnica encargada de analizarlo.

Asimismo, la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad, ente rector de la Ley de Desplazamiento, ha tenido al menos tres directores durante este Gobierno, incluyendo al actual: Giovanni González, esposo de la diputada Rebeca Santos (Nuevas Ideas).

Este nombramiento fue duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil, luego de que Gato Encerrado expusiera la falta de formación profesional de González  para ejercer el cargo, pues su principal experiencia había sido como maestro de Matemática y promotor deportivo.

Entre los aspectos importantes de la Ley está la creación de un Registro Único de personas en condición de desplazamiento forzado interno. La representante del SPASS asegura que otra limitante en este tema es el acceso a la información; pero, desde las organizaciones, se ha mantenido un registro sobre este fenómeno y señala que “básicamente todo sigue igual desde la aprobación de la Ley”.

En el marco de los dos años de la aprobación de la normativa (en febrero de 2022), Cristosal registró 1,306 casos de desplazamiento forzado interno. La cifra subió a 2,005 víctimas, hasta noviembre de 2022.

“Si uno habla de esto, más tarde lo vienen a traer”

La mamá de Pedro dice que ella pensó en denunciar lo que sucedía, pero luego desistió porque “en este país no se puede confiar en el anonimato a la hora de decir las injusticias”. Pero ella no es la única que piensa de esta forma. 

Según el Monitoreo de Protección a Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno de la PDDH, realizado entre junio y julio de 2022, al menos el 96 % de la población en riesgo de desplazamiento no solicita ayuda. El 19 % no lo hace porque desconfía de las autoridades y el 9% por miedo a su seguridad. La primera razón corresponde al desconocimiento sobre a qué lugar acudir por ayuda 59 %.

Ramírez asegura que “a partir del régimen de excepción, lo que se ha naturalizado es que todas las circunstancias o los hechos de violencia generados por actores estatales están salvaguardados o están implicados dentro de un mandato que tienen, a raíz de esa medida”. 

En ese sentido, Medrano señaló que la normativa se quedó corta al no prever el desplazamiento forzado ejercido desde el Estado. Aunque la Ley contempla elementos donde se considera una actuación frente a víctimas por actores estatales, asegura que “esta nunca contempló que el desplazamiento interno fuera generado por el Estado mismo”.

“Tal como quedó (la Ley), de manera retrospectiva y viendo la actuación actual del órgano Ejecutivo, quizás uno de los aprendizajes que deberíamos de retomar es procurar que en las normativas pueda salirse al paso y no centralizar (sólo) en instancias del órgano Ejecutivo el control o la ejecución directa de una normativa destinada a proteger a víctimas”, dijo.

Tanto Medrano como Ramírez señalan que, con base en la actuación del Gobierno ante otros marcos legales y tomando en cuenta que la Ley lleva tres años sin ser aplicada por falta de reglamento, es fácil suponer que no habrá una directriz para su ejecución y que, en su lugar, es posible que la normativa se derogue y, con suerte, se cree una nueva que cumpla con los parámetros necesario para abordar la problemática.

*La identidad de la víctima fue resguardada por seguridad.