El Salvador: abogados y periodistas preocupados por nuevas amenazas a medios

Por Karla Arévalo

Las amenazas a medios de comunicación en El Salvador son cada vez más agudas, consideran abogados y periodistas consultados por la Voz de América. Además de las reformas penales que pueden llevar a la cárcel a periodistas que publiquen mensajes alusivos a pandillas, el discurso oficialista asegura tener el poder para cerrar medios si quisieran.

En unas declaraciones esta semana al medio salvadoreño TVO, el jefe de la bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Christian Guevara, dijo tener la facultad de introducir una iniciativa de ley que cierre medios de comunicación salvadoreños.

“Yo tengo poder para meter una ley, y cuando digo tengo poder, lo tengo como político, de meter una ley contra ellos (periodistas) y cerrar los medios, pero jamás lo voy a hacer», expresó.

El legislador, quien fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos tras ser incluido en la lista de agentes corruptos y antidemocráticos, más conocida como Lista Engel, comparó la situación de El Salvador con la de Nicaragua, país donde el régimen de Daniel Ortega ha cerrado decenas de medios independientes, y dijo que el Congreso salvadoreño no ha impulsado leyes de esa naturaleza, aunque podría hacerlo.

La Voz de América buscó ampliar las declaraciones del jefe de la bancada de Nuevas Ideas con la oficina de prensa del Congreso, pero hasta este momento el trámite sigue en espera.

El editor y fundador del medio de comunicación Gato Encerrado, Ezequiel Barrera, dijo que el legislador, lejos de intentar promover leyes de esa naturaleza, lo que busca es “utilizar su posición como funcionario con poder para intimidar a periodistas y medios que son críticos del poder”.

“A nosotros en Gato Encerrado nos preocupa este tipo de declaraciones porque solo evidencia que el gobierno central y su Asamblea Legislativa no toleran la libertad de prensa y en vez de crear las condiciones para ejercer el periodismo en El Salvador, lo que hacen es atacar, amenazar e intimidar”, dijo a la Voz de América.

De acuerdo al periodista, el jefe de la bancada del partido Nuevas Ideas sí tiene el poder para promover una ley que cierre medios de comunicación, pero “en el fondo esta ley sería un sinsentido”.

El legislador explicó que sus declaraciones se dan en un contexto en el que como diputado, la ley le faculta a tener “un poder de iniciativa (de ley)”, y así como puede tener esa iniciativa con cualquier otra ley, también la puede tener para sancionar cualquier medio, algo que “jamás haría”, agregó en la misma entrevista.

No obstante, el periodista Sergio Arauz, del medio El Faro, es de la opinión que las principales decisiones se toman desde la presidencia de Nayib Bukele y su círculo de influencia. Lo que significa que si la orden de cerrar medios no viene del Ejecutivo, la creación de una ley de esa naturaleza no avanzaría.

“En el bukelismo (referencia al círculo de funcionarios cercanos al presidente) hay sobrados antecedentes de acciones antiprensa, leyes mordaza. Creo que las palabras del diputado de Nuevas Ideas expresan un deseo que no puede concretar”, agregó Arauz a la Voz de América.

A su criterio, la noche del 1 de mayo de 2021, cuando inició funciones la nueva Asamblea afín al gobierno de Bukele, ese poder y el poder Judicial sustituido ese día, están sometidos al poder Ejecutivo.

Algunos medios como El Faro, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, Revista Factum, entre otros, han publicado investigaciones sobre supuestas negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas. Además de compras irregulares durante la pandemia de la COVID-19.

Estas publicaciones les han acarreado señalamientos de funcionarios salvadoreños quienes aseguran que las publicaciones solo promueven “desinformación”. Por ello, desde la Asamblea se han impulsado reformas penales para limitar algunos temas de cobertura, como la relacionada a pandillas.

¿Es legal cerrar medios?

En un contexto de respeto al Estado de Derecho, cerrar medios de comunicación en El Salvador es imposible, aseguró Wilson Sandoval, abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), oficina que forma parte de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Pero, desde que el Congreso salvadoreño destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General el 1 de mayo de 2021, el Estado de Derecho en El Salvador se rompió, agregó el abogado, y en ese contexto todo es posible.

“La dinámica que se ha venido generando es el no sometimiento a reglas, el no sometimiento a tratados internacionales, el no sometimiento a la Constitución donde están reconocidos la libertad de expresión y ejercicio periodístico. En ese contexto, quizás, el diputado sí puede tener el poder de cerrar medios”, dijo Sandoval a la Voz de América.

Las consecuencias de estas amenazas, en el corto plazo, pueden ir en dos vías, agregó el abogado. Una es que los medios salvadoreños se autocensuren para evitar conflictos con el Estado salvadoreño y otra es que los ciudadanos queden poco a poco sin fuentes diversas de información por la misma autocensura.

“Las palabras del diputado Guevara van de la mano con los productos normativos que ha generado la Asamblea Legislativa, productos que buscan perseguir, penalizar o castigar el ejercicio periodístico”, agregó Sandoval.

En abril, los legisladores salvadoreños aprobaron castigar con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” en el país centroamericano.

La medida propuesta por el presidente Bukele y el Ministerio de Seguridad abarca a medios de comunicación que publiquen textos, imágenes, grafitis o cualquier otra forma de expresión visual relacionada a las pandillas.

A parte de estas reformas que castigan con cárcel a periodistas, El Salvador mantiene en vilo un anteproyecto llamado “Ley de Agentes Extranjeros” que busca que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40 % por las donaciones recibidas.

Pese a que la Ley ha recibido el rechazo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, el gobierno de El Salvador justifica su iniciativa diciendo que servirá para impedir la injerencia internacional en asuntos políticos internos a través de los medios.

Para la abogada penalista Marcela Galeas, las declaraciones del legislador en torno al cierre de medios de comunicación constituye una amenaza que, “además de configurar un exceso a sus facultades como diputado, está restringiendo una garantía constitucional de manera arbitraria”.

“(Las declaraciones) abonan a la estigmatización y a la desinformación de la sociedad, vulnerando además el espacio cívico porque restringe el intercambio de opiniones que son tan necesarias para la armonía y democracia de un país”, concluyó en una entrevista con la Voz de América.