Enfermedad Renal Crónica: factores e intereses en disputa

En El Salvador el comportamiento de la enfermedad es particular. Más del 30% de las muertes de pacientes renales salvadoreños son por causas NO tradicionales que afectan sobre todo a familias pobres principalmente a hombres agricultores. Según la Organización Panamericana de la Salud el riesgo de desarrollar la enfermedad se aumenta por trabajar en ambientes insalubres expuestos a agroquímicos y metales pesados sumado a la deshidratación por golpes de calor.

Por ejemplo, datos oficiales de 2018 registran que en San Luis Talpa, departamento de La Paz mueren a raíz de la enfermedad renal crónica un promedio de 30 habitantes cada año. En Jiquilisco, Usulután, mueren anualmente 80 habitantes por esta causa. En estos municipios menos de la mitad de los fallecidos padecía la enfermedad por causas tradicionales como diabetes o hipertensión arterial. En San Luis Talpa y Jiquilisco impera el monocultivo de la caña de azúcar y el uso de sustancias tóxicas al riñón como el hedonal, glifosato y paraquat.

Ahora respondemos, ¿cómo ha enfrentado el Estado este fenómeno? ¿qué intereses políticos y económicos están de por medio?

En el gobierno de Mauricio Funes, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, lideró los esfuerzos para elevar la enfermedad a un problema de salud pública y emprender una política estatal para enfrentar el flagelo, así lo refleja la Declaración de San Salvador que reunió a los titulares de Salud de Centroamérica y República Dominicana en 2013.

En un escrito titulado “La enfermedad renal crónica en nuestras comunidades agrícolas: implicaciones de una epidemia” publicado en la Revista MEDICC Review, Rodríguez apuntó que la afectación a los agricultores es de origen multifactorial pero que debe señalarse que es la exposición directa y prolongada a agroquímicos el factor que no puede evadirse, por lo que solicitó medidas para restringir su uso.

Rodríguez también afirmó que la enfermedad era “incosteable” para El Salvador. Los gastos promedios anuales del MINSAL entre los años 2009 y 2013 para los pacientes con ERC, que incluyen la diálisis, alcanzaron US$11.4 millones, un importe muy alto para un presupuesto nacional de Salud pequeño de más de $600 millones.

Los recursos limitados se reflejan en la brecha en el tratamiento para los pacientes más graves. De los más de 26,000 salvadoreños que necesitan diálisis o trasplante de riñón, solo 5,000, el 19%, son atendidos en el Seguro Social o en el sector público nacional.

Sin embargo, los esfuerzos de la exministra de Salud no tuvieron eco en la Asamblea Legislativa ni en el Ejecutivo del cual formaba parte.

El 5 de septiembre de 2013, los diputados aprobaron, sin los votos del partido Arena, una reforma de ley que prohibía el uso de 53 agroquímicos.

Los diputados a favor de la reforma a la ley sostenían que el uso de estos agroquímicos incide en los casos de ERC. En contraste, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, Camagro, afirmaba que al entrar en vigencia el decreto la producción disminuiría y habría escasez de alimentos básicos,.

La modificación fue enviada al presidente Funes para su sanción. El mandatario decidió observarla y sacó de la lista de sustancias prohibidas a 11 pesticidas, entre ellos hedonal, glifosato y paraquat, los tres más dañinos para el riñón. Desde esa fecha, la discusión ha quedado estancada en el Congreso.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2016, el modelo de agricultura actual, basado en el uso de agrotóxicos, ha transgredido los derechos de los trabajadores agrícolas y responde a una “visión mercantilista” que favorece a la empresa privada.

Esta visión también la comparten los grupos ecologistas que ven en la falta de voluntad política de los Órganos del Estado, la influencia los intereses económicos de la industria azucarera nacional y de las empresas que distribuyen agroquímicos tóxicos para el riñón.