Entre autoritarismo e impunidad se ahoga la democracia

Estamos frente a un Estado de impunidad. El Gobierno y sus aliados en la Asamblea Legislativa han decidido usar el mandato que les otorgó la población a través del voto para  configurar las reglas del juego a su conveniencia y mantener bajo control toda crítica, así como para someter a los árbitros encargados de señalar la corrupción de sus funcionarios.

La democracia ha sido desmantelada esta semana. En un acto de imposición y abuso de poder, el gobierno de Nayib Bukele en coordinación con su partido Nuevas Ideas, y sus aliados en la Asamblea Legislativa, decidieron, sin debate previo y contra toda ley, destituir de manera arbitraria a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, para, simultáneamente, designar a sus sustitutos, funcionarios sin independencia, vinculados al gobierno y sus intereses.

La condena y el rechazo son unánimes en la comunidad internacional. El Salvador ha firmado su compromiso por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, el respeto al Estado de Derecho y la democracia.

Pero el gobierno de Bukele decidió ignorar los llamados de atención del entorno internacional y además, ha intentado justificarse ante ellos, fracasando penosamente. El presidente sigue acumulando gestos en los que demuestra que su único interés es imponer su vocación autoritaria, bajo el argumento de que es el elegido del pueblo y que, por eso, tiene total licencia para hacer lo que quiera, aunque eso vaya contra la ley y los derechos humanos.

El último golpe al Estado de Derecho en el país, fue  la aprobación de una ley que otorga amnistía a su entorno de funcionarios leales en el gabinete, protagonistas de cuestionados casos por presunta corrupción en compras públicas durante la pandemia, expedientes que actualmente siguen en curso de investigación por la Cicies y la Fiscalía, ahora controlada por el Ejecutivo.

Para Bukele y su entorno la grave situación democrática en la que tienen sumido al país es un detalle menor. El mandatario conoce, como él mismo reconoció, la realidad de sus votantes y sabe que los principios de institucionalidad, democracia, defensa del Estado de Derecho,  lucha contra la corrupción y  transparencia, son conceptos abstractos para la población. 

Los salvadoreños y salvadoreñas han sido testigos lejanos del impacto de la democracia y el Estado de Derecho en sus vidas cotidianas. La pobreza, la desigualdad, la violencia, el hambre y la impunidad han persistido con los años, con o sin democracia plena. Y en ese sentido es comprensible que la legitimidad y el apoyo social a los formalismos esté por los suelos.

Bukele ha querido justificar sus acciones afirmando que son en pro del bien común, pero la verdad es que la solución a esos problemas estructurales tampoco son parte de la agenda presidencial.  Este es un gobierno preocupado solamente por los símbolos. Necesita de la propaganda y el espectáculo para alimentar la expectativa de que los cambios están en marcha y que las motivaciones que los llevan a mantener al gobierno en el poder con alto respaldo popular siguen vigentes.

Pero la ecuación es insostenible. Tarde o temprano las esperanzas de cambio chocan con la realidad, y entonces, la desilusión se impone y la legitimidad cae. La crisis emerge y comienza un nuevo círculo vicioso de electores desilusionados, políticos sin credibilidad y democracias cada vez más dañadas.

El Salvador se hunde y los políticos en turno no gobiernan para mantener a flote el país sino para mantenerse ellos.Tarde o temprano todos terminaremos naufragando a la deriva autoritaria alimentada por la acumulación de poder e impunidad.

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