Entre la militarización y la tregua: la política de seguridad de Funes
Los resultados evidencian que luego del “manodurismo”, la cifra de asesinatos pasó de 7 a 11 homicidios diarios y la tasa de asesinatos se incrementó de 36 a 64 por cada 100 mil habitantes entre 2003 y 2006.
En el PRISMA anterior retomamos los hallazgos del informe “Políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003-2018” de la investigadora Jeannette Aguilar, que revela el fracaso de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura implementados en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca.
El informe de Aguilar destaca que durante el gobierno de Mauricio Funes la represión no sólo continuó, sino que además se profundizó con la militarización yendo en contra de las reformas alcanzadas tras los Acuerdos de Paz.
Datos oficiales destacan que en tan solo un año, la cantidad de militares incorporados en tareas de seguridad se incrementó en 1,700 soldados, pasando de 6,500 en diciembre de 2009 a 8,200 en 2010. Para el cierre de la administración Funes la cifra de soldados en las calles llegó hasta los 11,200.
Asimismo, la cantidad de soldados activos durante el quinquenio se triplicó, de 8,682 a 24,799 efectivos. Esto significa que al concluir el gobierno de Funes, los militares superaron el número de policías, que rondaba los 23,000 elementos.
Este hecho sumado a los nombramiento de los generales David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad y de Francisco Salinas como director de la PNC, representaron violaciones a las reformas de 1992 tras los acuerdos de paz.
Durante los primeros años del quinquenio, las cifras de homicidios continuaron escalando, el 2010 cerró con una tasa de 64.8 por cada 100 mil habitantes, cifra que creció en 2011 hasta llegar a las 70.3 muertes violentas. Sin embargo para 2012 los asesinatos cayeron a la mitad.
La disminución fue atribuida por el gobierno a la efectividad de las políticas militares de Payés y Salinas. Sin embargo, una investigación del periódico digital El Faro reveló que la reducción respondía a una negociación entre el Gobierno con los líderes de las pandillas, en un proceso conocido como “la tregua”, que consistió en concesiones a los criminales y la reducción de operativos policiales.
A pesar de la reducción de los asesinatos, durante este periodo, los reportes de desapariciones aumentaron significativamente. Según el Centro de Inteligencia Policial entre 2011 y 2012 las personas desaparecidas aumentaron en un 42%.
En los últimos dos años de Funes, la Tregua fue progresivamente abandonada por el gobierno y se intensificó de nuevo el combate policial indiscriminado. Los homicidios aumentaron gradualmente desde mediados de 2013, hasta alcanzar en mayo de 2014 niveles similares a los registrados en 2009.
Funes entrega el poder a Sánchez Cerén en 2014 y los gestos del nuevo presidente daban esperanza para un giro en el modelo de política de seguridad orientado a la prevención social, pero los hechos demostraron lo contrario.
