Erika Guevara Rosas: «El Régimen de Excepción no ha desmantelado a las pandillas»
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional habló con Focos y reaccionó a las medidas del régimen de excepción implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele desde finales de marzo. La abogada defensora en derechos humanos reprochó la complicidad de los poderes Legislativo y Judicial en una práctica sistemática que, según la organización internacional que preside, ha violado una serie de derechos humanos bajo un enfoque racista y estigmatizador. Una situación que a juicio de Guevara-Rosas, debe ser conocida por la Ley Penal Internacional.
(Transcripción editada de la entrevista realizada por Saúl Hernández)
El presidente Nayib Bukele llega a sus tres años de gobierno en El Salvador y lo hace con el respaldo popular, recientes encuestas académicas le dan una legitimidad importante a tres años de iniciado su mandato en el país. Pero también hay matices, hay observaciones respecto a la situación económica en el país y la incertidumbre sobre el futuro y también cuestionamientos en el respeto y la situación de los derechos humanos en El Salvador en el marco del régimen de excepción, que entró en vigencia en el país desde el pasado 27 de marzo. Sobre estos temas queremos conversar en esta entrevista con Erika Guevara Rosas, ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional y tenemos el gusto de poder conversar con ella en Focos. Erika, gracias por esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Quiero iniciar con lo que Amnistía Internacional ha calificado como un grave deterioro a la situación de los derechos humanos en El Salvador en los últimos tres meses, justamente en el marco del régimen de excepción. En síntesis, ¿cuáles son las principales alarmas que Amnistía hace en el país?
Bueno, yo creo que primero es importante mencionar que durante años Amnistía Internacional ha venido documentando la grave situación en materia de derechos humanos que ha enfrentado el país, los altísimos índices de violencia generalizada que existe en muchos territorios, las violaciones a los derechos económicos-sociales de un altísimo porcentaje de la población, temas vinculados a la agenda de derechos de las mujeres, la violencia de género, la violencia obstétrica que se da por leyes que restringen la habilidad de las mujeres y niñas de ejercer sus derechos, entre muchos otros temas. Temas, que por cierto, a unas semanas de iniciado el nuevo gobierno del presidente Bukele, yo tuve la oportunidad de compartir con él en una reunión presencial, en donde él no solo mostró una apertura de escucha frente a los desafíos y a las preocupaciones que le presentábamos, sino además mostró una visión distinta, en donde los derechos humanos tenían que ser centrales en sus políticas de gobierno. A tres años hemos venido registrando un deterioro o acelerado de la situación en materia de derechos humanos, el cierre del espacio democrático de participación ciudadana, ataques a la libertad de expresión al derecho de informar y al derecho de las personas de ser informados, un ambiente hostil de hostigamiento contra las organizaciones y las personas defensoras de los derechos humanos. Y, es en ese contexto, que la implementación el inicio de este régimen de excepción a finales de marzo de este año levanta todas las alarmas por lo que significaba el texto mismo del régimen, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, en el que se suspenden derechos humanos, garantías que bajo ningún estándar internacional pueden ser suspendidos, inclusive en estados de emergencia o en este tipo de regímenes de excepción. Me refiero a los derechos a las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa en situaciones de personas que son detenidas y sometidas a procesos.
A lo largo de la implementación de este régimen de excepción, lo que hemos visto que el régimen representa el efecto propagandístico de cambios estructurales que se están dando a través de reformas legislativas de las leyes penales y otras leyes que van de alguna manera profundizando y formalizando políticas fallidas que otros gobiernos ya habían implementado con resultados catastróficos para la población salvadoreña. Y, es en ese contexto que, Amnistía Internacional despliega a su equipo de respuesta de crisis, es un equipo que tenemos para situaciones muy específicas en donde se dan violaciones generalizadas a los derechos humanos o violaciones sistemáticas, o donde las violaciones a los derechos humanos podrían constituir crímenes bajo el derecho internacional que tienen una responsabilidad penal internacional por parte de las autoridades. Las últimas semanas nuestro equipo ha estado haciendo un análisis de patrones, documentando casos emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el contexto del régimen de excepción. Un régimen que el presidente presenta como si fuera una respuesta de castigo ante las pandillas, pero lo que realmente está generando es un contexto en donde se detiene arbitrariamente a las personas, donde no se les garantizan las mínimas regulaciones del debido proceso y donde miles de personas, 36 mil de acuerdo a los datos oficiales, han sido detenidas en dos meses de lo que va el régimen de excepción.
Erika, parte de los hallazgos que ustedes han logrado recoger en esta visita de este grupo de crisis de Amnistía Internacional hablan de miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos, personas que han muerto bajo la tutela del Estado en este régimen de excepción y particularmente han estudiado 28 casos de violaciones a derechos humanos correspondientes a 34 personas, es lo que registran en este reporte. A pesar de tener una dimensión grave, tal como lo destaca el informe seguimos viendo una sociedad que justifica estas medidas para poder atender la situación de la seguridad pública en el país. Entonces, ¿cómo se logra entender este paralelismo entre una gravedad que tiene a personas que incluso han muerto bajo el régimen de excepción pero personas que aplauden mantenerlo vigente?
Bueno, yo creo que es importante mencionar que estas políticas de populismo punitivo van acompañadas de una estrategia comunicacional y bien es cierto que hemos aprendido en estos tres años del gobierno del presidente Bukele que ha construido una maquinaria, un aparato comunicacional robusto en donde a través de las propias redes sociales del presidente se instruye a ministerios para que implementen ciertas políticas, pero también se genera un ambiente hostil de hostigamiento en contra de personas que son críticas ante las políticas de gobierno, incluidas personas periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. En esta maquinaria comunicacional se utilizan estas medidas excepcionales y temporales como una suerte de solución simplista a graves y complejos problemas que han afectado a la población salvadoreña por muchos años. Yo creo que hay que entender que la población salvadoreña ha estado sometida a graves violaciones de los derechos humanos de manera histórica, a una violencia generalizada, a un control y un aumento de la influencia de las estructuras criminales que han cometido atrocidades en contra de la población muchas veces bajo la mirada cómplice de las propias autoridades del Estado, y que en ese contexto políticas de mano dura y de súper mano dura y como le quieran seguir llamando porque han sido políticas repetitivas de gobiernos anteriores, lo único que han generado es una profundización de la violencia, es decir, mientras estas medidas duran de manera temporal porque no son sostenibles, la población siente ese mensaje de protección, pero que en realidad lo único que hace es profundizar esa violencia. En este momento el régimen de excepción no ha desmantelado las estructuras criminales, y bien es cierto, las ha contenido por el temor de las detenciones estas estructuras siguen operando y muy pocas personas vinculadas a estas estructuras criminales sobre todo de alto rangos dentro de estas estructuras que no necesariamente están en las comunidades marginalizadas, sino las comunidades pudientes, en los barrios pudientes no están siendo afectadas por el régimen de excepción. Quien hoy día está siendo afectado por el régimen decepción es población que ha apostado al gobierno de de Nayib Bukele, que ha apostado por políticas que puedan garantizarles el ejercicio fundamental de derechos y que a pesar de ese apoyo hoy están tras las rejas en situaciones de detención arbitraria simplemente porque son pobres y porque estas políticas tienen un enfoque de racismo y de clasicismo que la población acepta lamentablemente por esta maquinaria de comunicación.
Es decir, tú estás cuestionando en este momento esta frase que el presidente enmarcó en su discurso de tres años al decir “estamos por ganar la guerra contra las pandillas”, al señalar que no es así, porque no se ha tocado a las grandes estructuras de decisión del crimen organizado en el país. Tú argumentas que ese es el motivo por el cual no se está ganando una guerra contra pandillas
Efectivamente, el presidente Bukele en su informe a la nación utiliza en varios momentos esta frase que dice estamos ganándole, por fin la batalla las pandillas y esa es una realidad que dista mucho de la experiencia de las comunidades históricamente marginalizadas y azotadas por la violencia generalizada de las pandillas. Hoy día están atrapadas entre esa violencia generalizada que se ha ido profundizando en las raíces de la sociedad en estas comunidades y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que han sido afectadas por el régimen de excepción, incluidas familias que dicen tenemos el mismo miedo que le tenemos a las pandillas ahora a la policía, se acerca una policía y no sabemos si es para no ofrecer protección o para detenernos arbitrariamente por algún señalamiento anónimo. Y en esa en esa realidad que dista mucho, en este paralelismo que hace el presidente Bukele que presenta un país que no tiene ningún problema, porque cuando uno le escucha en su en su discurso a la nación, pareciera que El Salvador no enfrenta ningún desafío en materia de derechos humanos, que las personas tienen el ejercicio fundamental del acceso a la educación, a la salud, a las fuentes de empleo, que es una economía robusta cuando la realidad en estas comunidades es totalmente distint. Y efectivamente, las estructuras criminales siguen intactas, se ha suspendido procesos de extradición que sabemos históricamente que le han pegado fuertemente a estas estructuras criminales en El Salvador por ejemplo, a través de medios de comunicación independientes se han filtrado inclusive grabaciones sobre una posible negociación del gobierno del presidente Bukele con estas estructuras criminales, de las cuales ha habido un silencio rotundo y no se ha rendido cuentas a esa población que hoy aplaude estas políticas, pero que no se está dando cuenta que no son sostenibles, que son temporales y que no están atendiendo las causas estructurales de la violencia.
Yo quiero volver al punto de ese diálogo con pandillas y quiero escuchar tu opinión sobre eso, pero antes quiero volver a retomar el tema de estas violaciones y abusos a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, porque es importante saber ¿cuál es la consecuencia que va a tener esto para las autoridades que han tutelado o que han sido conscientes que estas violaciones están ocurriendo en el país?. Y en ese sentido, ¿quién es objetivamente la entidad responsable de determinar que acá el Estado salvadoreño ha cometido crímenes contra los derechos humanos? ¿Quién hace eso, quién define eso?
Primero decir que una de las conclusiones principales de nuestra investigación ha sido precisamente que la implementación del régimen de excepción ha conllevado la colaboración al más alto nivel de todos los poderes del Estado, no solo del gobierno del presidente Bukele, pero también del poder Legislativo y del poder Judicial, que en complicidad y colaboración han sacrificado los derechos humanos de muchas personas, de miles de personas para lograr el cometido que es esta estrategia comunicacional; se ha utilizado a las fuerzas de seguridad y a las instituciones independientes y autónomas como la Fiscalía la Procuraduría General de la República, entre otras como herramientas políticas. Y frente a esta situación, por supuesto que preocupa mucho la imposibilidad que se está generando de que se hagan investigaciones imparciales y expeditas sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, si no se está investigando robustamente a las personas que han sido detenidas, pues menos se puede esperar que estas instancias del Estado encargadas de la impartición de justicia, pues investiguen estas denuncias de violaciones a los derechos humanos que pudiesen constituir delitos de derecho internacional, como las detenciones arbitrarias masivas, como los malos tratos y la tortura, como las desapariciones forzadas y como la muerte de personas bajo custodia del Estado que hasta ahora no hay explicación ni razonamiento alguno entonces. Cabe mencionar que efectivamente existen instituciones del Estado autónomas e independientes que tendrían que estar conociendo de estas violaciones a los derechos humanos como la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, pero también la propia Fiscalía, tendría que iniciar investigaciones sobre las denuncias que hacen las propias familias de desaparición, de detención arbitraria, de torturas y malos tratos que hasta este momento no se han hecho, como no se han hecho investigaciones sobre los homicidios estos homicidios que ocurren en un fin de semana de marzo, que son la supuesta razón por la que se implementa el régimen de excepción. Hasta ahora no hay investigaciones robustas, imparciales y expeditas para traer a los verdaderos perpetradores ante la justicia. Hoy hay 38,000 personas detenidas en nombre de esos homicidios y ninguna de esas personas ha sido acusada precisamente por los homicidios o no se ha transparentado la información.
En ese sentido, ¿cuál es la instancia, que es una instancia de carácter internacional, por ejemplo, tú has mencionado que muchas de estas violaciones podrían ser sujetas a ser conocidas por la Ley Penal Internacional, entra acá la figura de la Corte Penal Internacional, por ejemplo?
Bueno, El Salvador a través de la firma y ratificación del Estatuto de Roma es miembro y permite la competencia de la Corte Penal Internacional y efectivamente existen diversos mecanismos, es por eso que nosotros hemos interpelado al presidente Bukele para que permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección de Naciones Unidas para que puedan ingresar a los centros de detención, que puedan verificar las condiciones de hacinamiento y las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, que puedan participar de las audiencias judiciales. El que nada debe nada teme y si el Presidente está seguro que estas políticas están surtiendo efectos, lo mínimo que puede hacer es abrirse al escrutinio internacional, precisamente para que sean estas instancias las que puedan determinar que, en efecto, estamos frente a delitos de derecho internacional que tendrían que ser conocidos por otras instancias incluida la Corte Penal Internacional.
Tú has estado insistiendo al presidente Bukele en tu comunicación pública que pueda recibir este informe de hallazgos de Amnistía Internacional, en el marco de esta investigación y tu visita. ¿Que representa en el mensaje, en materia de derechos humanos, que el presidente no abra las puertas a Amnistía Internacional a recibir estos hallazgos?
Bueno, primero decir que no se trata de Amnistía Internacional, yo creo que aquí en El Salvador hay muchas voces de organismos y organizaciones de derechos humanos que históricamente han reemplazado inclusive la responsabilidad estatal de protección de los Derechos Humanos. En el caso de Amnistía Internacional, nosotros somos un movimiento de personas, de más de 10 millones de personas, quienes con su aporte económico financian nuestro trabajo, nosotros no recibimos dinero ni de gobiernos, ni de entidades financieras para hacer nuestro trabajo de de investigación de derechos humanos, no tenemos una agenda política y ciertamente es muy contradictorio porque cuando el presidente Bukele le convino reunirse con Amnistía Internacional para conocer nuestras preocupaciones en reconocimiento de nuestra trayectoria y nuestra labor de defensa tanto en el país como en el mundo, hoy resulta muy contradictorio que cuando se le pide rendición de cuentas ante su población que pueda garantizar información y que sobre todo se abra el escrutinio internacional como parte de sus obligaciones internacionales entonces hay un silencio frente a nuestra solicitud de audiencia. No nos han contestado formalmente, la única respuesta que nos ha dado que la interpretamos como una negativa de reunirse fue que a mi llegada al país para acompañar a nuestro equipo de crisis, yo le envié un video en el medio de comunicación de su preferencia que es Twitter para hacerle saber que estábamos en toda la disposición de interlocución y lo único que hizo fue retuitear un ataque que nos habían hecho en redes sociales y que para nosotros no solo es un mensaje de la negativa de interlocutar directamente, sino que además fue una orden de ataque de todo la red virulenta que se tienen redes sociales para intentar deslegitimar y desacreditar a las organizaciones de derechos humanos.
Tú decías hace unos minutos que Amnistía Internacional no tiene una agenda política sobre esto, pero el presidente Bukele y este entorno propagandístico y esta difusión de perfiles en redes sociales, sí que se han encargado de sentar la idea de las organizaciones como amigas y protectoras de pandilleros, por ejemplo, organizaciones que desean un derramamiento de sangre o que hacen negocio de la violencia. Oficialmente, ¿cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre estos señalamientos?
Bueno, estos señalamientos forman parte de una política intencional para generar un contexto hostil de hostigamiento y acoso en contra de personas defensoras de derechos humanos, en contra del periodismo independiente y crítico y en contra de cualquier voz que se levante para criticar una política del gobierno del presidente Bukele. No podemos ponerlo como “se trata de ataques en redes sociales”, es parte de una política intencional de acoso y hostigamiento que hoy día además no solo se convierte en una narrativa estigmatizante, si no que se está trasladando a las políticas estatales y a las reformas legislativas que se han hecho en donde se busca silenciar, se busca censurar a estas voces. Lo que el presidente Bukele ha hecho en esta intolerancia al escrutinio internacional es crear un enemigo de turno, cuando no son las organizaciones de derechos humanos, son las personas periodistas independientes o son otros gobiernos o son otras entidades. Él siempre busca a un chivo expiatorio para negarse a ese escrutinio internacional, y que es sumamente peligroso no solo por lo que significa para el ejercicio de derechos de toda la población salvadoreña, que no cuenta con instituciones estatales autónomas e independientes, fortalecidas en su aparato de intervención, sino que además no contaría con una sociedad civil robusta que pueda generar los contrapesos que históricamente se han hecho en cualquier gobierno de turno de El Salvador. Pero, además es muy peligrosa porque conocemos las nefastas consecuencias y las devastadoras consecuencias de cerrar el espacio democrático de participación de la sociedad civil, porque lo hemos visto en países como Nicaragua, como Honduras, como Guatemala, como Venezuela, como Cuba, Colombia, etcétera; en donde los gobiernos atacan a las organizaciones de defensa de los derechos humanos como un mecanismo para encubrir graves violaciones a los derechos humanos.
Tú hacías mención hace unos minutos también de los hallazgos del periodico digital El Faro, en relación a las investigaciones periodísticas que han develado que existe una negociación entre el Gobierno, un diálogo entre el Gobierno y las estructuras de las pandillas en El Salvador y que podrían estar ayudándonos a entender este comportamiento atípico en la caída de asesinatos en El Salvador, que no es nada normal para un país homicida como este. Sobre esto, la base del diálogo ha sido una constante a la hora de la caída de asesinatos en el país, ¿qué opinas sobre la figura del diálogo entre un Gobierno y las pandillas como vía para la reducción de los asesinatos, qué opinas de esa figura?
Lo que opine Amnistía Internacional es lo de menos, a quien se le debería de preguntar son a las víctimas de los crímenes cometidos por las estructuras criminales, que hasta el momento no han visto justicia. La impunidad que ha sido un legado nefasto en la historia reciente del Salvador, la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos que sigue siendo una constante, la impunidad por los crímenes cometidos por las estructuras criminales ha sido un factor fundamental para alimentar la violencia generalizada, que aún se experimenta en muchos territorios y comunidades en El Salvador. El que existan o no negociaciones no puede ser una excusa para que no se lleve ante la justicia a los perpetradores de este crimen, pero a través de investigaciones robustas que respeten el debido proceso, un juicio justo porque eso garantiza por un lado justicia y el respeto de los derechos humanos, pero también garantizan que se dignifique la vida de las víctimas de todas estas atrocidades. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que han sido víctimas de las estructuras criminales, de las pandillas, mujeres que han sido violadas y como resultado esa violación han quedado embarazadas, por ejemplo y que ni siquiera se les permite acceder a un aborto legal y seguro, he tenido que ver el drama humano de personas que han salido escapando año con año, miles de personas que salen de este país buscando protección internacional y que además se enfrentan vejaciones y graves violaciones en los países de tránsito y destino, he tenido que acompañar familias a recibir los restos humanos de sus seres queridos que fueron masacrados en territorio mexicano, por ejemplo ante el silencio del propio Estado salvadoreño. Son esas las víctimas que hoy no están viendo justicia a través del régimen de excepción que ha detenido a 36 mil personas y que ninguna de esas personas está siendo investigada por los crímenes a los que no estas personas han sido sujetas, es decir, que este aparato que se ha generado de comunicación con este régimen de excepción es simplemente eso, un efecto propagandístico de una medida que no es sostenible en el tiempo y que además lo único que generará es una profundización de esa impunidad y de esa violencia.
Me queda claro que al no encontrar de fondo una solución al problema y sobre todo a la justicia de estas víctimas de los crímenes de las pandillas. Pero, quiero insistir sobre la figura del diálogo y la negociación con las pandillas, porque es un término que sigue siendo sujeto a polémica, a temor y rechazo, bueno, por todo lo que tú has mencionado, pero que en la práctica termina siendo como lo que demuestra tener una caída en este indicador letal. Entonces, hay una manera de configurar un diálogo, en los términos óptimos con una estructura criminal, ¿desde la perspectiva de derechos humanos, eso es una opción o debería rechazarse esa opción?
Bueno, desde la perspectiva de derechos humanos, como te comentaba cualquier diálogo, o negociación no puede impedir que exista justicia o no puede perpetuar la impunidad, pero cabe mencionar que estas negociaciones, estos diálogos, como tú mismo haces referencia no son nuevas en la historia reciente del Salvador son múltiples los gobiernos que han sido señalados o que abiertamente han entrado en negociaciones, en diálogos con las estructuras criminales, pues con efectos que no han cambiado paradigmáticamente la vida de las personas, finalmente se contiene la violencia por ciertos periodos de temporalidad, pero la violencia resurge cuando esas negociaciones no son fructíferas, porque las estructuras criminales lo que pretenden a través de esas negociaciones es tener impunidad, ciertamente. Lo que ha sido muy contradictorio, es que el propio presidente Bukele tanto en su campaña electoral hacia la presidencia hace más de tres años, como en los primeros años de gobierno criticaba a los gobiernos anteriores por haber entrado en diálogo y negociación con esas estructuras criminales, y hoy que se conocen estas grabaciones que se han filtrado, estas investigaciones periodísticas, hay un total y absoluto silencio. El presidente no ha salido a atacar estas investigaciones, simplemente las ha ignorado, las ha silenciado, pero lo grave es que no esté rindiendo cuentas frente a las acusaciones que son sumamente graves, y que además serían el resultado de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y es que estas negociaciones rotas hayan generado este régimen de excepción como retaliación y venganza frente a un capricho del presidente, porque no logró una negociación que había buscado.
Si bien en esta ocasión, el presidente Bukele ha cerrado las puertas a la visita de Amnistía Internacional, particularmente estamos hablando de la actual Amnistía Internacional, sí que tú tuviste la oportunidad de reunirte con él en el año 2019, hay alguna fotografía de este encuentro y está publicado este comunicado en la página de Amnistía Internacional. En ese momento, ¿a qué compromisos se llegó con Bukele y qué mecanismo de seguimiento se estableció que se iba a tener? ¿Se logró obtener alguna claridad de eso?
Bueno, decir que primeramente, al primer intento de mantener una audiencia con el presidente Bukele recién había tomado posesión, la respuesta fue inmediata y con toda la apertura, tuvimos una larga reunión, casi dos horas, en donde compartimos nuestras preocupaciones, los enormes desafíos en materia de derechos humanos, compartimos una agenda prioritaria que nos pareciera importante que escuchara en términos de cómo centralizar las políticas públicas en el ejercicio fundamental de Derechos Humanos. Fue una conversación de mucha apertura, de muchos compromisos por parte del presidente Bukele que reconoció el enorme legado de desafíos que recibía, y que además mostró pues un cambio paradigmático en la forma de hacer política. Por ejemplo, por hablar del tema de la seguridad pública, nosotros le hicimos llamados a que no se repitieran políticas fallidas que se evitara caer en políticas represivas que lo único que generaban era un incremento y profundización en la violencia, él (Bukele) concordaba con todo el diagnóstico de Amnistía, pero además coincidía con las recomendaciones que hacíamos de que se tuviera una mirada integral para atender las causas estructurales de la violencia. Él no solo hizo compromisos frente a lo que él consideraba sería su plan de gobierno, sino además se comprometió a crear una mesa de alto nivel interministerial para atender no solo las preocupaciones de Amnistía Internacional, sino estos desafíos comunes que habíamos identificado con una ruta de implementación de cambios, que inclusive nos invitaba a que midiéramos con indicadores. Él, en ese momento, asignó a la ministra de Cultura del momento, como la persona que iba a liderar esa mesa interministerial por sus extensos conocimientos en derechos humanos y repito sus palabras, pero que en esa mesa tendrían que estar a nivel ministerial el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad, o sea, los ministerios digamos más relevantes para la agenda de derechos humanos. Nosotros (Amnistía Internacional), por supuesto dimos seguimiento inmediato, tuvimos un par de conversaciones de interlocución con quienes iban a generar ese espacio, pero nunca se materializó, digamos siempre nos daban largas y bueno “vengan tal fecha”, pero luego cuando ya íbamos a venir entonces mejor no, luego llega la pandemia efectivamente, meses después y eso fue la excusa perfecta para paralizar y pausar todo esfuerzo que significara un escrutinio en temas de derechos humanos.
Importante el antecedente. Con esto cerramos, tú estás encargada de la división de América, ves todo esta región variopinta, además con todas sus desafíos en materia de derechos humanos, lo que sí vemos que a nivel tanto en la región, como en el mundo, cada vez más las sociedades viven bajo regímenes autoritarios o híbridos y menos sobre democracias plenas, ¿no? Y vemos como una mayor legitimidad hacia la autoritarismo, en esos países. ¿Qué está ocurriendo, Erika a nivel global?, ¿cómo podemos interpretar también esa situación de la democracia?
Sí, en efecto, a nivel global estamos frente a una pronta en contra de los derechos humanos abiertamente, no podemos olvidar que particularmente en nuestro continente líderes políticos han llegado al poder público, líderes que durante campañas han utilizado un discurso anti derecho, como Trump, como Bolsonaro y que han sido legitimados por la propia población a través del ejercicio del voto en las elecciones democráticas. Yo creo que, por un lado hay una noción distante de lo que verdaderamente significa la democracia, la democracia no solo es el ejercicio transaccional en un proceso electoral, la democracia tiene que ver con la participación vibrante de las sociedades a través de su sociedad civil organizada y de muchos otros mecanismos y que hoy se han venido cerrando precisamente por el desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho que han perpetuado los gobiernos. Es decir, no es casual y una coincidencia que gobiernos con tonos autoritarios totalitarios, en muchos casos, utilizan a la propia población, los temores de la población, las necesidades de la población y los contextos históricos de violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, de participación cívica y política como un arma, como una herramienta para acrecentar su poder y que sobre todo atraviesa por el acrecentamiento, no solo del poder político, sino también del poder económico que no podemos olvidar aquí siempre ha habido una complicidad del poder económico de las grandes corporaciones nacionales multinacionales, de grandes actores que controlan las economías de los países, que les parece o les resulta rentable y conveniente tener este tipo de líderes que tienen este control de la población con herramientas represivas y que permiten entonces preferenciar los intereses económicos de unos cuantos en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, gracias por tu tiempo con Focos.
Muchas gracias a ustedes, mucha suerte con su trabajo y sobre todo muchas gracias por todo el periodismo independiente, imparcial y serio que están haciendo.
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