“Es importante que los ciudadanos dispongan de información ambiental adecuada y oportuna”

Especialistas en materia ambiental, afirman que en El Salvador no existe una voluntad política para cuidar del medioambiente. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, brindaba herramientas para cambiar este panorama.

Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la firma del acuerdo aduciendo que “no se adaptaba” a nuestro país, sin detallar más sobre el asunto. Ante este panorama de carencias en materia ambiental, el magistrado presidente de la Cámara ambiental de San Salvador, Samuel Lizama, habló sobre esta y las demás deudas históricas del Estado.

¿Cumple el Estado con su deber de proteger los recursos naturales como indica Constitución, al decir que “es deber del Estado proteger los recursos naturales y la diversidad”?

Históricamente, el Estado ha tenido muchos incumplimientos con la protección de los recursos naturales y el medioambiente, que no solo son los recursos naturales sino que abarca otras áreas como el patrimonio histórico, ordenamiento y desarrollo territorial. Históricamente, ha habido un incumplimiento que pervive al día de hoy. Tenemos importantes deudas en materia ambiental.

¿El Estado tiene la capacidad de cumplir con estas deudas?

Sí, si esto fuera una prioridad de los gobiernos, pero no lo ha sido y no lo es. Los gobiernos, algo hacen en materia de medioambiente, pero como una prioridad de su gestión, no lo es y en esa medida nos encontramos con las situaciones que tenemos.

¿Cuál es la deuda del Estado en materia medioambiental?

Tenemos muchas. En materia de bosques, el país está en una situación muy difícil, según el único inventario nacional de bosques que tenemos, que es de 2018, tenemos alrededor del 37.9% de los bosques del país y eso incluyendo los cafetales y los ex bolsones, entonces realmente si vamos a ver en términos de cobertura forestal, el país tiene un nivel de bosques bastante reducido. Muy reducido. En el informe de estado de la región, en el año 2016, hablaba de un 12.8% de bosques propiamente tal. En la cifra de 37.9%, del inventario nacional de bosques, están incluidos los cafetales, por esa razón, la cifra es mucho mayor, pero en términos de bosque originario podríamos pensar que andamos alrededor del 14% de bosques, esta es una situación difícil.

El otro es el tratamiento de las aguas residuales, las aguas que salen de nuestras casas, de los lavamanos, las aguas negras, las aguas que salen de las industrias, de los negocios, van en su inmensa mayoría a los mantos acuíferos, a los ríos y al mar. No pasan por plantas de tratamientos de aguas, necesitamos invertir en plantas de tratamientos de aguas. En el informe de desarrollo humano, hablaba alrededor de 16 plantas de tratamiento, un dato desactualizado porque es un dato de 2016, el informe tendría que haber salido este año y no ha salido a razón de la pandemia. El hecho es que no pasamos de 100 plantas de tratamiento de aguas y eso es muy poquito para tratar las aguas de este país. El otro aspecto que tenemos también, es un urbanismo y desprotección del patrimonio histórico bastante significativo, hemos visto casos, como por ejemplo el de Tacuzcalco y otros.

¿Cuántos casos conoce la Cámara de lo Ambiental contra exfuncionarios o funcionarios públicos o contra el Estado por delitos ambientales?

Al día de hoy tenemos alrededor de 58 apelaciones en materia civil y 14, en materia ambiental. Tenemos dos casos en contra de funcionarios públicos y también contra el Estado por omisión de deberes ambientales, y cinco casos relacionados con enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

Además de eso, de manera oficiosa, hemos adoptado algunas veces resoluciones en la Cámara, por ejemplo, relacionadas con el volcán de San Salvador, que es un sitio de mucha vulnerabilidad. Lo hemos visto ahora con el caso del deslave de Nejapa, donde las situaciones que se han dado, tienen en buena medida por causa el proceso de urbanismo incontrolado en el volcán de San Salvador.

Este año, el Ejecutivo no firmó el Acuerdo de Escazú, ¿qué perdió el país al no ser parte de este tratado?

Es lamentable que el presidente no haya querido firmar el acuerdo de Escazú. Este tiene una importancia capital en asuntos ambientales y de relaciones internacionales, latinoamericanas y del Caribe. En primer lugar, es el primer acuerdo internacional en el mundo que establece normas para la protección de las personas que velan por los derechos ambientales. Esto es de una importancia capital. No hay ningún otro tratado internacional en el mundo que establezca las reglas de protección para los defensores de derechos humanos. En segundo lugar, este es el primer tratado latinoamericano y del Caribe en materia ambiental.

Además, es el primer tratado vinculante que emana de la Declaración de Río sobre el desarrollo sostenible (Río +20) y de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (la Cumbre de la Tierra) de  1992. Además, desde el punto de vista estratégico como país, al  firmarlo y ratificarlo, El Salvador hubiera sido noticia a nivel internacional porque faltaba una firma para que entrara en vigor en el plano internacional. Al final, lo hizo México y todavía nuestro país puede adherirse, hay un espacio para ello, en el tratado lo puede hacer si existiese esa voluntad de hacerlo.

¿Existe voluntad política en el país?

Francamente, no lo sé. Además del factor de voluntad política, hay un factor de desconocimiento de lo que implica un tratado como éste, y eso también juega en contra. En estas cosas también se dan presiones recíprocas entre los diversos Estados. En algunas ocasiones, para posibilitar o no posibilitar la firma y ratificación de estos instrumentos.

“El Acuerdo de Escazú hubiera representado el fortalecer lo poco que en la Ley de Medio Ambiente tenemos relacionado con el que los ciudadanos tengan derecho a obtener información ambiental.”
Samuel Lizama, Magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador

El acuerdo de Escazú incluye: acceso a la información ambiental, derechos de los defensores y la participación ciudadana en la toma de decisiones. ¿Cómo están estos ámbitos reflejados en la legislación nacional?

El Acuerdo de Escazú hubiera representado el fortalecer lo poco que en la Ley de Medio Ambiente tenemos relacionado con el que los ciudadanos tengan derecho a obtener información ambiental.

Un ciudadano tiene el derecho a saber si a la par de su casa se está instalando una industria química que pueda contaminar o un negocio que tenga materiales explosivos, corrosivos, etcétera. Tiene el derecho a saber si se va a construir un cementerio o cualquier otra forma de urbanización que afecte a sus intereses. Es importante que los ciudadanos dispongan de información ambiental adecuada, oportuna, ágil, y mediante procedimientos adecuados. El Acuerdo de Escazú fortalecería este acceso a la información de la ciudadanía.

Con esto, la ciudadanía puede ejercer otros derechos ambientales, como su propia participación; la  intervención en los tribunales de justicia y formas de hacer efectivos sus derechos al medio ambiente. Esto es importante. Además, en acceso a la información, es porque establece normas concretas sobre qué deberían de resolver las autoridades cuando se les solicita una información ambiental. Cuando hay un proyecto de construcción, por ejemplo poder ir al Ministerio de Medio Ambiente o cualquier otra entidad y pedir la información correspondiente. Además, hay otro aspecto que es bien importante y que toca la labor del Ejecutivo, porque ya pasaron dos años desde que tendría que haberse rendido un informe del Estado Nacional del Medio Ambiente y no se ha hecho. La ley establece que cada dos años el Ministerio prepara un informe al presidente sobre el estado nacional del Medio Ambiente y debe ser hecho público. Esto es parte también del acceso de las personas a la información ambiental.

¿Cuáles son los mecanismos legales que provee el Estado en materia ambiental para proteger a los defensores?

Los defensores de los derechos ambientales hoy por hoy están desprotegidos y la situación ha venido siendo permanente e histórica. Es decir, no hay ninguna protección especial.

Los defensores de derechos humanos ambientales evitan que haya tala de árboles y cuidando los mantos acuíferos, por ejemplo. Son personas que están peleando por que no se construya en lugares que no debería de construirse; que están en el día a día velando por los derechos ambientales, no sólo de ellos y su familia, sino de toda la colectividad. Entonces, estas personas deben tener una protección especial por parte del Estado y eso se regula en el acuerdo de Escazú.

Es importante darnos cuenta de que a nivel latinoamericano hay una tasa elevada de muertes de personas que protegen los derechos humanos ambientales. Y hay una preocupación grande desde las Naciones Unidas en este sentido. La lógica del acuerdo de Escazú va en esa dirección: evitar que haya tantas muertes de defensores como en países donde la tasa de homicidios diaria es de dos defensores de derechos humanos ambientales en algunos países como Colombia, Brasil; en otros, es más alta. En ese sentido, es un mal mensaje el que se da al no tomar en consideración que el Acuerdo de Escazú buscaba proteger a estas personas.