Espionaje político: El que nada debe, ¿nada teme?

En sistemas informáticos existen herramientas que permiten el rastreo, infiltración de dispositivos y recolección de datos remotamente. En teoría, son aplicadas mundialmente por gobiernos en personas con indicios claros y justificados de algún ilícito; su uso debe ser acompañado de una orden judicial y de un estricto control de quién, cómo y cuándo se hace uso de las mismas para evitar la contaminación de cualquier evidencia, realización de monitoreos sin justificación o que agentes estatales las utilicen para sacar beneficio personal al acceder a información privilegiada o privada de terceros.

En los últimos días, en El Salvador, una lista amplia de políticos, periodistas, líderes de organizaciones sociales e incluso individuos no organizados que han externado públicamente una posición crítica contra las acciones y políticas del gobierno recibieron una notificación de Apple indicando que debían actualizar sus dispositivos ya que existían indicios de haber sido intervenidos por un ente estatal. Esta notificación ocurre luego que Apple demandara en Estados Unidos a NSO Group, propietaria del software Pegasus.

Los indicios del uso de herramientas como Pegasus en El Salvador resultan preocupantes considerando el acelerado debilitamiento de las instituciones de control al poder, la instrumentalización de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la cooptación del aparato judicial. Esto hace sospechar que el uso de estas herramientas no tiene ninguna relación con la persecución del delito, sino con la persecución de voces disidentes.

El derecho a la privacidad es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, en su artículo 12, señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

En el ámbito nacional, el artículo 24 de la Constitución de la República – aún vigente – prohíbe expresamente la interferencia e intervención de la correspondencia y las telecomunicaciones: “Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones, de manera excepcional podrá autorizarse judicialmente de forma escrita y motivada la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor, la violación comprobada a lo dispuesto en este artículo, por parte de cualquier funcionario, será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.

La experiencia nos indica que las comunicaciones, listas de contactos y detalles de la vida privada de las personas pueden ser utilizadas arbitrariamente por el Estado; aún es reciente el caso del exfiscal Luis Martínez, quien fue condenado precisamente por la utilización indebida de escuchas telefónicas contra el “Padre Toño” para obligarlo a confesar un delito no vinculante con dichas escuchas, utilizando información de su vida privada irrelevante para el delito en cuestión. Este caso de abuso de las herramientas de monitoreo resulta particularmente relevante y preocupante por la vinculación -probada por investigaciones del periódico digital El Faro- entre el exfiscal Martínez y el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Oscar López Jerez.

En 2013, Edward Snowden reveló cómo las grandes potencias utilizan estas herramientas para monitorear de forma masiva a prácticamente cualquier persona del mundo con la ayuda de grandes compañías de redes sociales y proveedores de telecomunicaciones. La justificación es la recolección de información de inteligencia para la prevención de actos terroristas, análisis de redes criminales y que no son utilizadas en ciudadanos de sus propios países sin una autorización judicial. 

Pegasus es un software oneroso. En 2016 el New York Times reportaba que el costo de instalar el software ascendía a los $500,000 dólares e intervenir 10 teléfonos (Android o Apple) unos $650,000 adicionales.

¿Qué hace la población civil recibiendo notificaciones de haber sido blancos de espionaje estatal? ¿Qué hace un gobierno con recursos limitados invirtiendo en equipos y software extremadamente caros contra la población civil? ¿Qué hace un gobierno irrespetando las mismas prohibiciones plasmadas en la constitución y tratados internacionales? 

La frase “el que nada debe, nada teme” es una afirmación falsa utilizada frecuentemente por aquellos que no dudan en utilizar cualquier herramienta e institución que tengan a su disposición para la persecución e intimidación de toda persona que no aplaude sus abusos y delitos, y que, sobre todo, no estarían dispuestos a ser sometidos al escrutinio público por la violación a la privacidad que justifican hacer a los demás. 

Porque, a diferencia de a los que se refiere esta trillada frase, los que la utilizan si deben mucho, pero desafortunadamente, temen poco.

Mario Gómez. Especialista en sistemas de información, análisis estadístico y electrónica. Tiene más de diez años de experiencia en diversas ramas de la informática que incluyen desarrollo web, software de aplicación científica, aprendizaje de máquina y desarrollo de prototipos electrónicos. 

Es uno de los impulsores de la comunidad Open Hardware de El Salvador y miembro de la Open Source Hardware Association que congrega a los actores más grandes en el mundo de hardware libre.