Esposo de diputada de Nuevas Ideas ganó miles de dólares en contratos con el Gobierno de Bukele

Por Jaime Quintanilla

Entre 2019 y 2022, Emigdio José Orantes Arriaza, esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Lorena Fuentes, y propietario de Motos y Repuestos Colón, ganó diez contratos que suman $274,899.50 para dar mantenimiento preventivo y correctivo a motocicletas del Ministerio de Salud, el de Seguridad, Fosalud y la Policía Nacional Civil.

Durante ese mismo periodo, la pareja Orantes-Fuentes también cimentó su carrera política. Orantes compitió en las internas del partido cyan por el puesto de alcalde de Santa Ana, pero perdió frente al actual jefe edil de ese municipio, Gustavo Acevedo. Entonces, se convirtió en jefe de campaña de su esposa, quien sí logró un asiento en la Asamblea Legislativa. 

Seis de los diez contratos que ganó Orantes se celebraron mientras su esposa Lorena Fuentes era diputada, tres mientras ambos eran precandidatos a cargos de elección popular en Nuevas Ideas y uno al inicio del Gobierno de Nayib Bukele. A pesar de que ni la Constitución ni la Ley de Compras y Adquisiciones Públicas (Lacap), vigente en ese momento, prohíben que los cónyuges de los legisladores o precandidatos a diputados o alcaldes sean contratistas de Estado, expertos sostienen que estas prácticas constituyen conflicto de interés y son permitidas porque caen en un vacío de ley. 

De las tres instituciones que contrataron a Orantes, el Ministerio de Salud fue la que más lo favoreció. Entre julio de 2019 y de 2021, Salud contrató cinco veces al esposo de la diputada Fuentes para darle mantenimiento a 1,573 motos de las unidades de salud y de las regionales de las zonas de occidente, oriente, paracentral y central del país por $219,502.

La primera contratación fue el 12 de julio de 2019, cuando el actual Gobierno tenía poco más de un mes de haber iniciado. La entonces ministra de Salud, Ana del Carmen Orellana Bendek, firmó el contrato 97/2019 por libre gestión con Orates y su taller, para el mantenimiento de 141 motos de la región de salud occidental por $14,502, por un periodo del 12 de julio al 31 de diciembre de ese año. 

Para esas fechas, Orantes no contaba con matrícula de comercio, una condición que otras instituciones emplean como indicador de respaldo legal, capacidad de cumplimiento e idoneidad de los ofertantes. Su empresa, Motos y Repuestos Colón tampoco contaba “con talleres en el Área Metropolitana de San Salvador y San Vicente”, como requerían las cláusulas del contrato con el Ministerio Salud. La empresa solo tiene dos sucursales, que se inscribieron al mismo tiempo que la empresa en el Centro Nacional de Registros (CNR).

Emigdio Orantes inscribió Motos y Repuestos Colón ante el CNR por primera vez el 25 de mayo de 2020. Ese día, registró que su primera sucursal estaba en Santa Ana y estableció que la actividad de su empresa sería la “venta de motocicletas, otras actividades de tecnología de información y servicios de computadora no clasificados previamente”. Y “para efectos legales” pagó los derechos registrales de empresa y registro de locales, agencias o sucursales correspondientes a los años 2018 y 2019. También oficializó su segunda sucursal, ubicada en la calle Gabriel Mistral, en San Salvador. 

Las aspiraciones políticas de los Orantes-Fuentes también vinieron de la mano de la bonanza de contratos estatales. Orantes y su empresa, Motos y Repuestos Colón, cobraron relevancia como contratistas del Estado durante el actual Gobierno , a pesar de que estaban en los bancos de proveedores desde administraciones pasadas. Desde la llegada de Bukele al poder, los Orantes-Fuentes también decidieron meterse de lleno en la política partidaria: primero con el movimiento Nuevas Ideas y, luego, cuando ya estaba oficializado el partido.

En diciembre de ese año, Nuevas Ideas cerró su registro de afiliados de cara a las elecciones internas de dirigentes partidarios y, después, para los candidatos a cargos de elección pública. Lorena Fuentes participó como aspirante a diputada y también para convertirse en consejera departamental de Santa Ana. Su esposo participó como precandidato a alcalde.

Para ese momento, ambos aún trabajaban en el mismo lugar: Emigdio era el dueño de Motos y Repuestos Colón y Lorena era su gerente administrativa y financiera.

El 27 de marzo de 2020, Bukele removió a Orellana Bendek, pero los negocios que la institución tenía con Orantes aumentaron. 

Ese año fue uno de los más prósperos para ambos; política y financieramente. El 30 de julio de 2020, Orantes y su taller ganaron una licitación para dar “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas de regiones de salud: occidental, metropolitana y paracentral” por un monto de $87,500. Según los documentos de evaluación, Motos y Repuestos Colón presentó una mejor oferta económica que su competencia, Moto Partes, una empresa que tiene años de brindar servicios similares a diferentes instituciones estatales. 

Nueve días después, Lorena Fuentes fue la tercera candidata más votada en las internas de Nuevas Ideas para optar a una diputación; mientras que Orantes solo perdió contra el ahora alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo.  

A pesar de haber perdido en su primera incursión en la política partidaria, Orantes no se alejó del partido. El 14 de febrero de 2021, a propósito del día de San Valentín, Lorena Fuentes publicó una fotografía con su esposo que la acompañó con un comentario en el que revelaba que él era el jefe de su campaña para diputada. Durante su campaña, Fuentes también se publicitó continuamente con el también diputado Jorge Castro, quien fue asesor jurídico del Ministerio de Salud entre 2019 y 2020.

Según el currículo que la ahora diputada de Santa Ana por Nuevas Ideas colgó en el portal de la Asamblea Legislativa, aunque Motos y Repuestos Colón está inscrita a nombre de su esposo, ella fungió como  gerente administrativa y financiera de la empresa, desde 2012 hasta diciembre de 2020. Durante su tiempo en ese trabajo, Fuentes de Orantes también fue la encargada de inscribir el establecimiento de su esposo ante el Ministerio de Trabajo y estaba autorizada para “recibir y retirar documentación y/o notificaciones” de la empresa, según lo consignan tres documentos de 2020 de presentación y renovación de matrícula de la empresa de su esposo disponibles en el CNR. 

Para ese momento, la pareja ya tenía al menos dos años de apoyar fielmente el proyecto político que Bukele impulsaba. En 2019 Orantes ya formaba parte del sector profesional de Nuevas Ideas Santa Ana, según consta en la página del Facebook del partido. Su esposa transitó un camino similar desde los inicios del movimiento dentro del consejo departamental. 

Antes de que terminara 2020, el 23 de diciembre, el ministro de Salud, Francisco Alabí, le otorgó una prórroga al contrato para el mantenimiento de las 609 motos de las diferentes regionales de salud por el mismo monto de $87,500. El único cambio que acordaron ambas partes fue que los servicios tendrían un periodo del 1 de enero al 11 de junio de 2021.

El 3 de marzo de 2021, ganó el contrato 002/2021 por libre gestión con el Ministerio de Justicia y Seguridad por $9,460 para darle mantenimiento a 19 motos. El 5 de mayo, el ministro de Salud, Francisco Alabí, volvió a favorecer a Orantes, esta vez fue a través de Fosalud. Le entregó el mantenimiento de cinco motocicletas por $2,875. 

Para 2022, Orantes volvió a ganar contratos, esta vez con Fosalud por $3,000 y con el Ministerio de Salud por un monto de $20,000. A diferencia de los que firmó el año anterior, estos contratos no fueron autorizados por el ministro Alabí, sino que los representantes de las instituciones públicas fueron Carlos Nuñez Sandoval, director ejecutivo de Fosalud, y Karla Díaz, viceministra de Salud, respectivamente. Díaz también firmó un último contrato con Orantes el 21 de septiembre de 2022 por $10,000.

El 30 de septiembre de 2022, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, le otorgó una prórroga al contrato, pero le redujo el monto a $5,000 para darle mantenimiento a la misma cantidad de motos. El ministerio no especificó la razón por la que cambió el precio. En las consideraciones, estableció que Orantes cumplió “satisfactoriamente con las condiciones y requerimientos” y que por esa razón indicó que no existe “una mejor opción” para darle mantenimiento a las 19 motos a partir del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022.

El último contrato que celebró Orantes con una institución estatal fue el 30 de noviembre de 2022. Orantes le dio servicio de mantenimiento a motocicletas a la flota de la PNC por $35,062.50; sin embargo, este contrato no está disponible ni en el portal de compras públicas ni en el portal de transparencia del Gobierno. Los documentos disponibles en Comprasal tampoco especifican a cuántas motocicletas le dio mantenimiento. 

Los estados financieros presentados por Orantes ante del CNR evidencian un constante progreso en los ingresos de la empresa en los últimos cuatro años. El primer estado financiero que presentó Orantes en 2018 fue de solo $7,590. Pero para finales de ese año, sus activos habían subido hasta los $193,300.17.  En 2021, el último balance disponible de la empresa, los ingresos reportados fueron por $262,706.36

Los Orantes-Fuentes fueron consultados por estas contrataciones el 25 de mayo; a pesar de que se les envió mensajes y se les llamó, no hubo respuesta. Tampoco hubo explicación de las instituciones sobre los procesos que llevaron estás contrataciones.

Un vacío de ley que permite los conflictos de interés

Tres expertos en transparencia consultados para esta investigación coincidieron en que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), todavía vigente para el momento en que se firmaron los contratos, no establecía un impedimento legal para que los cónyuges de los legisladores celebraran contratos con instituciones estatales, a pesar del conflicto de interés que se desprende de su relación con los funcionarios. Tampoco otras leyes, como la Constitución de la República o la Ley de Ética Gubernamental establecen impedimentos para contrataciones de este tipo. 

El artículo 127 y 128 de la Constitución prohíbe que los candidatos a diputados y diputados electos sean contratistas del Estado, sin embargo, la redacción de la LACAP dejaba ambigua la situación de los cónyuges y familiares. El artículo 26 literal c de la ley señalaba que no podrían participar como oferentes “los cónyuges de los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución”. La frase “en su misma institución” impedía que Emigdio Orantes tuviera prohibida su participación en concursos de la Asamblea Legislativa, pero no en otras instituciones, como los ministerios. 

Sin embargo, los expertos coincidieron en señalar que el caso de la pareja Orantes – Fuentes presenta varios conflictos de interés, pues Orantes no solo es esposo de la diputada, sino que también estaba vinculado al partido Nuevas Ideas y fue candidato a un cargo de elección popular en las internas del partido. Además, la diputada estuvo directamente relacionada a la empresa de su esposo por 8 años, cuando fungió como gerente de la misma. 

“En el caso es evidente el conflicto de interés que pudo haber a la hora de asignar dichos contratos, pero no hay nada en nuestra legislación que permita contar con mecanismos adecuados para evitar que estos conflictos se transformen en un abuso de poder y, por ende, den paso a la corrupción y al mal uso de los recursos públicos”, señaló Ruth López, jefa del departamento de anticorrupción de la ONG Cristosal.

 López señaló que este hecho también “evidencia que hay una tendencia a favorecer a personas ligadas a funcionarios de Gobierno” y agregó que esta es una de las principales razones por las que es necesario saber quiénes son los financistas en la política. “No sabemos si él pudo haber sido donante en la campaña ni si su empresa pudo haber tenido alguna participación y, a partir de eso, le están devolviendo el favor”, apuntó la experta. 

“En este tipo de espacios es donde se aprovecha para tratar de cometer este tipo de datos y es difícil saber si ganó los contratos limpiamente o por la influencia que pudo haber tenido con los ministros”, señaló Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Funde. 

El Diario de Hoy reveló que ADIESMA, una organización fundada por el padre de Lorena Fuentes, recibió $375,000 entre 2015 y 2017 de fondos públicos otorgados por la Asamblea Legislativa a través del Presupuesto General de la Nación. La diputada, que ha sido parte de la comisión que investiga la asignación de fondos de manera irregular a oenegés, sigue sin querer pronunciarse al respecto. A la fecha, dicha comisión tampoco ha incluido a ADIESMA en su investigación. 

Según el Portal de Transparencia, el padre de la diputada, Marco Tulio Rafael Fuentes Lima, trabajó como asesor de la dirección del Ministerio de Gobernación, con un salario de $3,000. 

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