“Esta década desde la masacre de San Fernando la resumimos en impunidad.”

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la FJEDD

Ana Lorena Delgadillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). Fotografía / Cortesía: FJEDD.

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), habla en esta entrevista de forma poco alentadora sobre los avances en la investigación de la masacre de San Fernando, México, un caso que tiene una década de haber ocurrido. El 24 de agosto de 2010, autoridades mexicanos encontraron 72 cuerpos de migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, en la localidad de San Fernando, Tamaulipas. 10 años después, las familias de las víctimas –La mayoría de Centroamérica, pero también de Brasil, Ecuador y una persona de la India- siguen sin obtener justicia en el caso, mucho menos reparación para este caso considerado como un caso de Lesa Humanidad, después de un litigio para ello.

Solo 66 víctimas fueron identificadas, una década después de la masacre aún hay nueve cuerpos sin identificar; además siete familias -representadas por la FJEDD- dudan de haber recibido los cuerpos de sus familiares, debido a omisiones y/o negligencias forenses. Sí el caso de San Fernando llamó la atención del mundo, a esta masacre le siguieron el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 195 restos en el mismo municipio y posteriormente la masacre de Cadereyta -en un municipio vecino- donde se localizaron 49 torsos de posibles migrantes. Ninguno de estos casos ha dado resultados por la vía judicial.

“El caso no ha tenido la atención no solo en México, sino en Centroamérica, donde no se han impulsado investigaciones efectivas que puedan acercarnos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas”, resume Delgadillo. Como muestra, la FJEDD tuvo que recurrir a litigios estratégicos para obtener la información del caso y poder asesorar mejor a los familiares de las víctimas que representan en México.

Diez años después de la masacre de los migrantes en Tamaulipas, en San Fernando, ¿qué avances hay para buscar justicia en este caso?

Desafortunadamente, estos diez años los podemos resumir en una palabra: impunidad. No tenemos a una sola persona sentenciada por los hechos ocurridos el 24 de agosto de 2010. No hay ni una sola línea de investigación para agentes del Estado que pudieron estar involucrados por acción u omisión en los hechos; no hay una sola línea que nos permita saber para qué querían secuestrar a estos migrantes y por qué fueron ejecutados.

También tenemos un tremendo desamparo del Estado mexicano, pero también de los países de origen respecto con los familiares de las víctimas. Son personas que han enfrentado tremendas dificultades económicas, muchas de las cuales ya enfrentaban antes de que sus familiares murieran y que se incrementaron con la migración de ellas. A la fecha, los familiares no han tenido ningún tipo de apoyo gubernamental. El caso no ha tenido la atención no solo en México, sino en Centroamérica, donde no se han impulsado investigaciones efectivas que puedan acercarnos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

¿Podrías enumerar algunos de los obstáculos que consideras han influido en la falta de justicia, reparación y garantías de no repetición en este caso y en otros parecidos?

Desafortunadamente, la masacre de los 72 migrantes pareciera que fue una masacre anunciada porque antes de que se dieran los hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe que documentaba cerca de nueve mil secuestros de migrantes; y donde se decía en qué territorios ocurrían estos hechos, entre ellos Tamaulipas, y anunciaba la participación de agentes del Estado en estos secuestros, pero no se hizo nada. Después de esto vino otro informe donde se documentaron 11 mil secuestros en seis meses, que reafirmaba lo revelado anteriormente y después está el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 restos, en el mismo municipio de San Fernando, Tamaulipas. Posteriormente en mayo de 2012, el hallazgo de 49 torsos, en un municipio adyacente. En ningún caso ha habido una investigación efectiva, ni hay sentencia para los responsables. Y quiero resaltar lo difícil que ha sido el camino para las víctimas, ha sido todo un viacrucis.

Una cosa tan sencilla, como tener las copias del expediente para que la FEJDD como asesor jurídico de los familiares pudiéramos acompañar y guiarlos mejor nos llevó cerca de siete años de litigio. El caso tuvo que llegar incluso a la Suprema Corte para que nos acceso a algo básico. El caso también se tuvo que litigar en la Corte porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos se negaba a catalogarlo como un caso de graves violaciones, pero se logró esa clasificación en un litigio. No hay después de eso ninguna línea de investigación del estado mexicano en delitos como tráfico, desaparición forzada o trata, ninguna línea financiera dedicada a eso. Otro punto que fue delicado es que los procesos de identificación y extradición de restos se dieron en medio de tremendas dificultades.

Hubo casos de restos de víctimas que fueron entregados en Honduras a familias que, en contra de lo que decían las autoridades, abrieron los féretros para ver que de verdad fueran sus familiares, ya que no se les daban documentos o un papel que acreditara que eran las personas indicadas. Hubo casos en los que al abrir los féretros se dieron cuenta que los restos no pertenecían a sus familiares. Tenemos seis casos en Guatemala y uno en Brasil donde las familias siguen pidiendo que intervenga una comisión forense independiente para que exhumen los restos y se les diga si son sus familiares. Hay una enorme deuda en el tema de justicia y reparación para las víctimas.

Según las investigaciones que ustedes han hecho como Fundación, en pro de buscar justicia, ¿qué indicios tienen ustedes sobre las causas por los cuales este y otros casos parecidos no caminan en la justicia mexicana?

Son varias las causas. Una es definitivamente que no contamos con un sistema de justicia autónomo e independiente, donde la Fiscalía no esté al servicio del poder. Hemos visto, y se ha documentado durante muchos años, la tremenda corrupción al interior de las fiscalías y eso es un hecho determinante. Tenemos en México un índice de impunidad por encima del 90%. Lo que está pasando en el caso de la masacre de los 72 es lo que está pasando en miles de casos en México donde no hay justicia.

México atravesó un período en términos de violencia. El ex presidente (Felipe) Calderón tomó una decisión equivocada de sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado y nosotros sabemos las consecuencias que eso tiene. Eso nos dejó, durante los últimos 12 años, cerca de 74 mil personas desaparecidas y más de 250 mil muertes violentas, entre ellas masacres, como la de Tamaulipas. México sigue todavía en un territorio tomado por el crimen organizado, actualmente en medio de mucha inseguridad y de instituciones que no han sido fortalecidas realmente.

¿A qué estructuras de poder se enfrenta este caso que no permite que se camine aún después de diez años?

La Fiscalía no ha cambiado su metodología de investigar. Es decir, este caso se investiga de manera aislada, hay un Ministerio Público que tiene este y otros 20 casos más complejos, entonces tampoco existe la voluntad política para poner a disposición los recursos humanos y técnicos suficientes para que funcione.

Lo que impulsamos con las familias es que esto cambie, que los casos se investiguen conjunta, como los casos de masacres de inmigrantes, todas en una misma área, con un personal capacitado, multidisciplinario, con apoyo de una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque requerimos el acompañamiento internacional ante tanta impunidad e incertidumbre. Esto no avanzará si no hay voluntad política y eso afecta mucho cuando las familias no están en el país, porque los que están aquí pueden ir todos los días a la Fiscalía y pedir justicia, pero el tema de que las familias afectadas estén en países como Honduras, El Salvador y Brasil dificulta mucho más el acceso a la justicia y es mucho más tortuoso para ellos este camino a la justicia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional durante el informe del Sistema Nacional de Búsqueda el 24 junio de 2019. Fotografía / Cortesía: Presidencia Estados Unidos Mexicanos

Hablando sobre la voluntad política, ¿qué rol han jugado las autoridades mexicanas desde 2018 cuando inició el gobierno de Manuel López Obrador, que en un momento parecía no ser tan cerrado a este tema? ¿Cómo afecta esto el tema migratorio?

Nosotros vimos esperanza con la llegada del presidente López Obrador porque él, en su campaña estaba en contra de la militarización del país, estaba a favor de la justicia. Incluso manifestó que estaba dispuesto a formar una Comisión de la Verdad para todos estos casos importantes. Había mucha empatía y sensibilidad para los casos de las personas desaparecidas en México y pensamos que habría un cambio de condiciones. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que esa maquinaria de impunidad que se configuró con el PRI, que tenía mucho tiempo en el poder, que se mantuvo con el PAN y ahora se mantiene en el gobierno de MORENA. Es decir, tuvimos el nombramiento de un fiscal que no se llevó a cabo con los requisitos de ley ni lo que pide los estándares internacionales, así que no hay una garantía de autonomía. No hemos visto cambios sustanciales en la procuración de justicia. Por el contrario, este gobierno ha utilizado todo el tiempo el tema de la austeridad como un pretexto para ir debilitando algunas instituciones importantísimas.

Y por otra parte nos parece lamentable que este gobierno empezó yendo a recibir a las caravanas de migrantes al sur de México, donde fueron funcionarios de alto nivel, parte del gabinete de López Obrador prometiendoles asilo y trabajo, y lo que vimos después de la presión del gobierno estadounidense de Donald Trump fue que México cedió ante la presión económica y lo que cedió a cambio fue a los migrantes. A partir del acuerdo migratorio que tiene México pero que también tiene El Salvador y la mayoría de los países de Centroamérica, es decir, México no fue el único que cedió, y lo que hemos visto es que México decide enviar al Ejército y a la Guardia Nacional para blindar la frontera y así México se convirtió en el muro que quería Donald Trump. Para febrero de este año, antes de la pandemia, teníamos cerca de 21 mil elementos destacados que impedían el avance de los migrantes en las fronteras, violando su derecho al asilo, a pesar que son personas que vienen huyendo de la violencia y que vienen buscando vida y seguridad. El envío de estos elementos militares a las fronteras mexicanos ha provocado que los flujos migratorios se reduzcan hasta en un 74 %. Realmente creemos que hay un grave retroceso en el término de las políticas migratorias.

“Pero mi pregunta es: ¿dónde están los gobiernos centroamericanos a la hora de exigir justicia, verdad y reparación para los migrantes víctimas de estas masacres?”
Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de FJEDD.

¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos centroamericanos durante esta década de impunidad?

No creo que las autoridades de los países centroamericanos hayan tenido un rol pasivo. Más me parece que han estado ausentes. Es lamentable ver que las autoridades centroamericanas no han hecho una alianza para pedir justicia en México, ni por este ni por otros casos de masacres de migrantes. Hay esfuerzos que se han hecho pero con sociedad civil, por ejemplo en El Salvador con COFAMIDE (Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador), con el Equipo Argentino de Antropología Forense y con Cancillería. Se han formado bancos de información forense para poder documentar los casos de los migrantes desaparecidos en El Salvador, para que se puedan comparar con los restos que están en el camino.

Delgadillo durante uno de los actos de conmemoración de la masacre de San Fernando Fotografía / Cortesía: FJEDD.

¿Qué tienen que exigir los gobiernos de Centroamérica en este tema?

Nos gustaría ver a las autoridades de El Salvador, Honduras y Guatemala interviniendo en las investigaciones penales y exigiendo una respuesta; o ellos mismos iniciando sus propias investigaciones para poder hacer contrapeso frente a la ausencia de justicia que hay en México.

Otro tema que nos preocupa es que si no han dado ningún paso en el tema de justicia, tampoco lo han dado en apoyo a las familias. Puedes ver que en todos estos países se tratan de familias que viven en extrema pobreza y que ni siquiera han tenido apoyos gubernamentales como con becas para los niños que quedaron huérfanos. Ni siquiera ha habido un apoyo en medidas básicas de salud. Tenemos casos de familias que han sufrido de revictimización o incluso durante la pandemia, gente que no podía ni siquiera salir a trabajar.

Yo le pregunto al gobierno salvadoreño ¿cuánto se ha preocupado por sus propios nacionales? Lo mismo a Honduras y Guatemala. Yo sé, como mexicana, que nuestro país tiene una tremenda responsabilidad frente a lo que ocurrió y nosotros mismos estamos exigiendo justicia porque esto no le tenía que haber pasado a ninguna persona y mucho menos a los más vulnerables. Pero mi pregunta es: ¿dónde están los gobiernos centroamericanos a la hora de exigir justicia, verdad y reparación para los migrantes víctimas de estas masacres?

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