Estados Unidos sanciona a comisionada presidencial de El Salvador por actos de corrupción

El Tesoro de EE. UU. sanciona a la comisionada presidencial y jefa de gabinete de El Salvador, Martha Carolina Recinos.

Martha Carolina Recinos de Bernal, actual comisionada presidencial y jefa de gabinete de gobierno de El Salvador. [Foto de archivo]

Por Karla Arévalo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró la visa y anunció bloqueos a las propiedades e intereses de Martha Carolina Recinos, actual comisionada presidencial y jefa de gabinete del gobierno de El Salvador, a quien la nación norteamericana acusa de haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario”.

La funcionaria, según la OFAC, autorizó diversas compras “sospechosas” en la construcción del Hospital El Salvador, anunciado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como el más grande hospital para COVID-19 de Latinoamérica. Autorizó, además, compras de mascarillas quirúrgicas, batas y otros insumos médicos a empresas “sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”.

“A partir del verano de 2021, los funcionarios salvadoreños otorgaron millones de dólares en contratos inflados relacionados con la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19, lo que a su vez permitió sobornos a funcionarios del gobierno salvadoreño y algunos de los asesores del presidente Bukele”, explica la OFAC.

La funcionaria ya tenía prohibido entrar a Estados Unidos, luego de figurar en el listado de funcionarios corruptos, conocido como la Lista Engel, publicado por el gobierno estadounidense en julio de este año.

Las nuevas sanciones son esta vez bajo la Ley Magnitsky, legislación que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones.

Recinos de Bernal no ha respondido a las acusaciones de Estados Unidos ni cuando apareció en el listado Engel ni al cierre de esta nota.

Mientras, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter: «Está claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada. Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador. Tal vez lo que les interesa, es detener el ‘mal ejemplo'».

Antes de que Recinos apareciera señalada de corrupción, era la imagen principal en las conferencias del gobierno de El Salvador y aparecía, además, al lado del presidente Bukele en las reuniones con diplomáticos y con el gabinete gubernamental. Ahora, a pesar de que continúa en el cargo de comisionada presidencial, sus apariciones públicas son escasas.

Las sanciones económicas impuestas a la funcionaria también incluyen a su esposo y actual embajador de El Salvador en Italia, Efren Bernal Chevez, y a su hijo German Bernal Recinos.

El 8 de diciembre, Estados Unidos le impuso sanciones económicas al viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Osiris Luna Meza, y el director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

El Departamento del Tesoro asegura que los funcionarios negociaron un acuerdo con líderes de pandillas de la MS-13 y Barrio 18 «para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas».

Reacciones desde El Salvador

El abogado Maximiliano Mojica considera que estar designado en la lista Magnitsky es más complicado que aparecer en el listado Engel. Aunque ambas conllevan sanciones, las que se derivan de la primera «son más serias y de alcance global».

«Va mucho más allá de quitar visas. Las sanciones no son decorativas, no es un tema de no poder ir a Disney, son sanciones de alcance global», dijo Mojica. «Estados Unidos puede prohibir a cualquier persona o institución que tenga negocios con los Estados Unidos prestarle servicios o hacer negocios con la persona sancionada», explicó.

La legisladora Anabel Belloso, del partido de izquierda FMLN, considera que lo menos que debe hacer el gobierno salvadoreño es «separar de sus cargos a los funcionarios señalados» mientras se desarrolla una investigación.

“Pero tampoco vemos la voluntad por parte del fiscal impuesto por Bukele, a través de sus diputados el primero de mayo, que vayan a ir en esa vía de investigación”, agregó.

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