Evadir y recular, la estrategia del contralmirante Merino Monroy
Fueron 12 horas de una guerra que no tuvo ganador. Por un lado el ministro de la Defensa Nacional, el contralmirante René Francis Merino Monroy impávido y ceñido a su guion durante todo el día. Del otro, los diputados que, pese a una larga faena de repreguntas, no lograron llegar al meollo del asunto: saber oficialmente quién ordenó y ejecutó la intervención militar del 9 de febrero a la Asamblea Legislativa.
Merino Monroy volvió a la Asamblea Legislativa seis meses después de los hechos sucedidos el 9 de febrero, cuando decenas de efectivos militares rodearon el Salón Azul e incluso entraron a él con armas largas y municiones (como aceptó en la interpelación el funcionario) acompañando al presidente Nayib Bukele. El Ejecutivo afirmó en un medio internacional que el hecho fue una medida de presión para lograr la ratificación de un préstamo por $109 millones para el Plan Control Territorial, pero ayer, viernes 21 de agosto, ministro negó el vasto despliegue militar y lo minimizó a un simple protocolo de seguridad para su comandante general. Y así, se mantuvo en esa afirmación durante todo el día.
La interpelación comenzó dentro del Salón Azul a las 9:00 de la mañana, pero las primeras tensiones se vivieron afuera. En la entrada norte de la Asamblea Legislativa, sobre la 17 avenida, representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) se agruparon con pancartas y con pirotecnia para mostrar su apoyo al ministro. “Todos somos Merino Monroy”, gritaban algunos de ellos, mientras el militar entraba por el lado sur, escoltado por varios pick up y personal de seguridad.
El otro ajetreo previo sucedió cerca de las 9:30 de la mañana en el pasillo para entrar al Salón Azul, donde la seguridad legislativa no dejaba ingresar a personal que se identificaba como parte del equipo de comunicaciones gubernamental. Los guardias tenían la orden de no dejar entrar a más de dos representantes por medio de comunicación o por institución y varios comunicadores del Ejecutivo ya estaban adentro. Tampoco permitían el acceso a miembros del Ejecutivo, como el ministro de Gobernación, Mario Durán; y Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Ellos solo lograron entrar hasta que el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, dejó su curul y llegó para, a punta de fuerza, abrir la puerta y dejarlos pasar. “A mi me responsabilizan”, le gritó a los que cuidaban el acceso.
Adentro, la diputada Patricia Valdivieso comenzó a tomar asistencia, mientras Merino Monroy ya estaba sentado de frente a las curules de los diputados. No estaba solo. En la mesa le acompañaron el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Carlos Tejada; el subjefe del Estado Mayor Presidencial, general Miguel Rivas; y el viceministro de Defensa, el coronel Enio Rivera. Los tres llegaban para asesorar al ministro cuando fuera necesario, pero su intervención fue poca, si acaso le comentaron algo al oído o le pasaron algún papel, pero el resto del tiempo pasaron en la misma faena, sentados y asintiendo las respuestas de su superior.
El presidente de la Asamblea Legislativa, el pecenista Mario Ponce, explicó el acto y el protocolo de la interpelación y de una sola vez leyó las 17 preguntas que tenían para el ministro. Eran las mismas 17 preguntas que se habían fijado hace seis meses, en un dictamen del 27 de febrero de 2020 y que ya habían aparecido varias veces en distintos medios de comunicación. Eso dejaba entrever que Merino Monroy las conocía al dedillo y que había tenido un largo tiempo para preparar sus respuestas. Por eso, papel en mano, comenzó a contestarlas una tras otras cuando llegó su turno de hablar y en menos de 15 minutos logró responderlas todas, dejando muy en claro cuál era la línea central de su discurso: “el 9 de febrero no hubo una operación militar en la Asamblea Legislativa”.
Y no es que Merino Monroy acusara a los diputados de haber tenido alucinaciones el domingo 9 de febrero, pues ellos se encargaron de recordarle lo sucedido esa fecha con un video que pasaron en las pantallas del pleno y con fotografías que muchos habían llevado impresas y ampliadas para refrescarle la memoria al contralmirante. Lo que sucedió es que el ministro minimizó tanto el asunto que en su discurso daba la impresión de que el presidente Bukele saliera todos los días a la calle rodeado de militares, fuerzas especiales y francotiradores como parte normal del protocolo de seguridad. Y con el pasar de las horas no solo le restó importancia sino que se las ingenió durante 12 horas, para no decir el nombre de quién ordenó y ejecutó el operativo.
Evadir, la primera táctica
Merino Monroy desarrolló su carrera militar en la Fuerza Naval y hasta hoy ha recibido dos medallas de oro al mérito por el cumplimiento de su deber. Ayer constantemente repitió su orgullo por pertenecer a la milicia y dijo tres veces el juramento del ejército para asegurar que la actual Fuerza Armada tiene la misma lealtad con el presidente Nayib Bukele que ha tenido con todos sus predecesores.
“No hubo operación militar, solo un operativo mayor para resguardar la seguridad de nuestro comandante general”, reafirmó Merino Monroy una y otra vez. Antes de ellos se había dirigido al “pueblo salvadoreño” para explicar, según el diccionario militar, qué es un operativo militar y agregó que contaría toda la verdad de lo que pasó el 9 de febrero.
Pero esto último fue en realidad una verdad a medias. Cuando la fase de preguntas acabó, el presidente Mario Ponce dio paso a las repreguntas y entonces comenzó la verdadera batalla que se extendería por otras 10 horas y en las que al contralmirante se le vería perder su postura solo en un par de ocasiones.
Los diputados Mauricio Vargas, de ARENA, y Rodolfo Parker, del PDC, fueron los primeros en hacer sus cuestionamientos, pero se encontraron con un adversario que evadía dar una respuesta concreta a lo que le preguntaban. Si le daban opciones para responder él optaba por hacer una explicación corta pero alejada del punto principal; si le lanzaban una pregunta cerrada, en la que únicamente tenía que decir sí o no, entonces optaba por el camino largo y explicar cosas que no le preguntaban. El primero en desesperarse con esa situación fue Parker, quien le recriminó abiertamente por no responder a los señalamientos que él le hacía.
“¿Quién ordenó y condujo la operación militar para brindar seguridad al presidente (el 9 de febrero)?”, preguntó Parker. “He respondido a la pregunta en la forma en que puedo responder. Voy a responder lo que de verdad ha sucedido”, contestó Merino Monroy, secundado por Mario Ponce, quien aclaró ante el resto de diputados que el ministro no estaba obligado a responder si no conocía la respuesta y que si los legisladores no estaban satisfechos con las respuestas lo podían dejar plasmado en el informe final.
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Merino Monroy siguió evadiendo el resto de preguntas de los diputados y aseguró, entre otras cosas, que ni él ni el ejército recibieron una orden específica respecto al 9 de febrero. Luego dijo que el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Carlos Tejada, tenía a su mando la seguridad del presidente aquel día, pero que no se hizo nada “anormal” respecto al dispositivo rutinario. Negó la participación de fuerzas especiales del ejército como el Comando Zeus y dijo que los elementos que llegaron a la Asamblea hace seis meses son los que están asignados al Plan Control Territorial y únicamente llegaron para apoyar al Estado Mayor en la seguridad del presidente.
Cristina Cornejo, diputada del FMLN, le preguntó si no consideraba desproporcionado el número de elementos que llegaron a “proteger” al presidente en aquella sesión parlamentaria. “Para decir que era desproporcionada hay que saber de seguridad”, fue la respuesta del ministro.
Fue después de eso cuando la diputada Yanci Urbina, también del FMLN, lo cuestionó sobre su presencia en el Salón Azul el 9 de febrero, pues hay fotografías y videos donde se le ve a él en los exteriores. “Dentro de nuestra doctrina tenemos algunas tareas y una de esas es la supervisión. Lo que yo hice ese día fue pasar a ver cómo se estaba realizando el dispositivo de seguridad”, manifestó. Su respuesta estuvo seguida de aplausos de la fracción de GANA, cuyos diputados ocuparon sus intervenciones para felicitar al ministro y para solicitar que se diera por finalizada la interpelación porque Merino Monroy tenía “cosas más importantes” que hacer.
Recular lo suficiente para aparentar salir vencedor
Habían pasado cuatro horas y los diputados apenas habían logrado repreguntarle sobre la primer pregunta del cuestionario original. Después del receso para el almuerzo llegaron algunas preguntas más incómodas, pero que tampoco lograron descolocar lo suficiente al ministro de Defensa para que revelara la cadena de mando en los hechos del 9 de febrero.
Carlos Ruiz, diputado del FMLN, logró que Merino Monroy aceptara que el 9 de febrero los soldados que llegaron a la Asamblea llevaban armas largas, armas de guerra, con municiones. Pero aún con ello, el funcionario volvió a su punto de inicio y reafirmó que ni esos elementos eran suficientes, según él, para decir que se trató de un operativo militar. “El hecho que unidades de la Fuerza Armada participen en una actividad no indica que eso ya sea un operativo militar. Para que se un operativo se necesita la participación de brigadas, es decir, de dos a cinco batallones del Ejército. Así que, como ya les expliqué, ese fue solo un operativo de seguridad”, reiteró.
Las horas pasaban y el cansancio físico y mental comenzaba a ser cada vez más evidente para el entrevistado, lo cual se notó en la pérdida de la paciencia con algunas preguntas. Es decir, se salió del guión que tenía y casi mete la pata. “Yo no escuché que alguien haya puesto un tiro en la recámara de su arma”, reiteró ante la insistencia de la pregunta anterior, sobre el tipo de armamento que se usó aquel día.
Tampoco fue capaz de responder concretamente si volvería a participar en una operación como la que sucedió el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa y también dudó cuando le preguntaron si seguiría cualquier orden de su comandante general, el presidente Nayib Bukele, aunque eso vaya en contra de su juramento de respetar la constitución. “El presidente nunca ha dado una orden ilegal o inconstitucional y no creo que lo haga”, dijo Merino Monroy como una forma de jurar lealtad al primer mandatario.
Cerca de las 5:30 de la tarde llegó el que quizá fue el momento más tenso de toda la interlocución entre los diputados y el contralmirante. La diputada Dina Argueta, del FMLN, tenía la palabra y comenzó a reprocharle el por qué elementos de la Brigada de Paracaidistas, parte de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada, habían participado en el evento del 9 de febrero. Con las imágenes en la mano le reprochó a Merino Monroy las mentiras que, según ella, sostenía durante la sesión. “Usted no la he estado mintiendo a los diputados, sino al pueblo salvadoreño”, dijo la diputada alzando la voz y preguntó a quemarropa: “¿Quién fue el encargado del procedimiento militar ocurrido el 9 de febrero en esta Asamblea Legislativa, con nombre y cargo que ocupa?”.
Merino Monroy respondió con cierto tono de ironía y dijo que “por desconocimiento” y “por no poner atención” se daban preguntas como la de la diputada Argueta, lo cual causó inmediatamente el disgusto de otras diputadas presentes en el pleno. Parecía que por primera vez en la jornada el ministro abandonaba su guión y recibía un duro golpe, pero Mario Ponce salió a su rescate y decretó un receso. La acción sin embargo no evitó que un grupo de parlamentarias dejaran sus curules y se acercaran a la mesa de los militares para recriminarles por sus respuestas y para ofrecerles copias de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Librado a medias, el ministro continuó ofreciendo las mismas respuestas que había dado a lo largo del día, por más que sus interlocutores le cambiaran las preguntas. No dio detalles del operativo del 9 de febrero, tampoco nombres de quiénes lo ordenaron, dijo que sería contra la ley el revelar cuántos elementos participaron el “dispositivo de seguridad” del presidente Bukele y finalmente aceptó que no existe ningún informe por escrito sobre lo acontecido el día que sus soldados entraron a la Asamblea. A las 9:25 de la noche, tras 12 horas de discusión y cuando los diputados solo habían hecho repreguntas de cinco de los 17 cuestionamientos originales, Ponce sometió a votación la opción de dar por terminada la sesión y con 68 votos la moción se aprobó.
El ministro se retiró entre aplausos de la bancada de GANA y antes de salir del Salón Azul se tomó una selfie con funcionarios del Ejecutivo que habían llegado a darle apoyo, sabedor que, dijera lo que dijera nada cambiará aunque el Órgano Legislativo recomiende su destitución en el informe final de la interpelación. Su continuidad al frente del ejército depende de su comandante general, el presidente Nayib Bukele, el mismo al que le ha jurado lealtad en redes sociales y al que protegió durante una guerra dialéctica que deja las mismas preguntas y la misma herida que se abrió en la democracia salvadoreña hace seis meses.
