Exmagistrados de la Sala de lo Constitucional no ven necesario ni oportuno cambiar la Constitución

Los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional (2009-2018), Sidney Blanco y Rodolfo González, coincidieron que la intención del vicepresidente Félix Ulloa de reformar la Constitución salvadoreña no cumple con el principio de necesidad, es decir, no existe un reclamo ciudadano; ni con el principio de oportunidad, porque este no es el momento oportuno ni conveniente.

“Este no es el momento de reformar la Constitución porque hay un irrespeto a la misma, a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Desafíos a la Asamblea Legislativa. El gobierno ha denotado que no quiere ser transparente. Hay una desobediencia constante”, explicó Blanco.

“En el actual Ejecutivo se ha pretendido un antes y un después pero están repitiendo los mismos errores. Las razones que han dado no son suficientes para tocar la Constitución. Es el pueblo quien debe decirlo, porque es un medio del pueblo”, secundó González.

Hasta el momento, los argumentos del vicepresidente se han referido a la modernización del Estado ante una carta magna “desfasada” creada en 1983 en plena guerra y que fue reformada en 1992 tras la firma del acuerdo de paz. “Siempre es buen momento para reformar la Constitución”, ha planteado Ulloa

Las exmagistrados, que participaron en un foro virtual organizado por el departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) el 9 de noviembre pasado, bridaron su postura ante la decisión del presidente Nayib Bukele de crear una comisión ad hoc para estudiar una reforma al texto constitucional que lidera el vicemandatario.

Ambos sostienen que la Constitución actual puede perfeccionarse para ampliar y fortalecer los derechos fundamentales pero no para restar poder al sistema de pesos y contrapesos, asimismo que esta iniciativa debe provenir de un clamor ciudadano y no desde el Ejecutivo.

“El artículo 85 de la Constitución habla de un sistema republicano. De ahí puede inferirse que esto implica una división de poderes, control judicial, sistema robusto de derechos fundamentales, control constitucional. Y esto forma parte de una forma y sistema de gobierno que no pueden reformarse sino es más que para expandirlos, no para alterarlos o reducirlos”, acotó González.

Ulloa explicó en una entrevista para FOCOSTV que su propuesta de reforma buscaría reconocer el derecho humano al agua, los derechos de los pueblos indígenas y de la comunidad LGBTIQ+, pero también dijo que revisarían el período que debe esperar un presidente para buscar la reelección, actualmente fijado en 10 años.  El funcionario también ha hablado sobre la creación de un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia.

“Este ha sido un argumento que han sacado los políticos cuando el control de constitucionalidad les es incómodo”, señaló González

Para Blanco, lo importante es que se mantenga un control constitucional de los actos del poder público con “neutralidad e independencia”, reiteró que nuevamente esta postura no es necesaria ni oportuna y podría ir en contra de la carta magna. 

“Tengo fuertes dudas sobre un cambio a un Tribunal Constitucional, esto podría incurrir en violación de las cláusulas pétreas, en cuanto al sistema de gobierno”, añadió.

Para ambos, en todo caso, la propuesta de reforma debe salir por iniciativa de los mismos magistrados de la Sala Constitucional y esta podría estar orientada más bien a separar funciones jurisdiccionales y administrativas.

Sala de lo Constitucional revisaría la propuesta de reforma

Los exjueces constitucionales también se refirieron a que la Sala de lo Constitucional actual podrá revisar si el proceso de reforma que coordina el vicepresidente, el contenido de las modificaciones, cumplen con la Constitución.

De acuerdo al artículo 248, la reforma de la Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con mayoría simple (43 votos) y podrá concretarse por decreto en la siguiente Asamblea con mayoría calificada (56 votos). Además esta iniciativa de reforma puede ser propuesta únicamente por al menos 10 diputados.

“La Sala puede entrar a dirimir si los requisitos se cumplen, si realmente la iniciativa nace de 10 diputados y no se ‘precocinó’ en el Ejecutivo, a través del vicepresidente Ulloa”, dijo González.

Blanco planteó que la Sala también podrá hacer control constitucional a las modificaciones cuando ocurra la primera parte del proceso, el acuerdo legislativo, previo a la ratificación del decreto.

El 16 de noviembre, el actual magistrado de la Sala Constitucional, Aldo Cáder, confirmó en una entrevista al programa 8 en punto de canal 33 que el tribunal que integra está facultado para revisar todo el procedimiento de reforma a la ley fundamental salvadoreña.