Familiares de detenidos bajo régimen piden a Sala verificar arbitrariedad en arrestos

Familiares y representantes de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa presentaron a la Corte Suprema de Justicia 39 habeas corpus, con la esperanza de obtener información sobre la ubicación y la condición de sus familiares, detenidos durante el Régimen de Excepción y acusados de pertenecer a pandillas.

“Ya no sabemos qué más hacer, hemos terminado agotadas, con mucha angustia”, dijeron hoy en un comunicado los representantes de más de 30 familias del Bajo Lempa, quienes viajaron esta mañana hasta la capital para solicitar a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que localice a sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción, que verifique la legalidad de las detenciones, las condiciones de salud y que garantice su derechos. 

Acompañadas de las organizaciones Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, las familias presentaron 39 habeas corpus, un procedimiento mediante el cual se solicita que un juez examine la legalidad de una detención y el respeto a la integridad física, psíquica y moral de una persona detenida. En total, las comunidades han presentado 51 habeas corpus.

Las familias han intentado obtener información sobre sus seres queridos en las instituciones de Seguridad y Justicia, centros penitenciarios, la Procuraduría General de la República, la PDDH y la Fiscalía, pero no han obtenido más que rechazo y silencio de las autoridades. Los medios de comunicación han registrado que cada día son más las personas que se agolpan desesperadas fuera de los penales, esperando la liberación de sus familiares o algún dato sobre su situación. 

En un informe que analiza 40 casos de capturas durante el régimen de excepción, las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal señalaron que el Estado salvadoreño incurre en “desapariciones forzadas de corto plazo”, al negarse a proporcionar información sobre las personas bajo custodia.

El Estado está violentando los derechos de las familias, así como su integridad física, psicológica, económica y social, señalaron. “Con sus acciones está dejando traumas profundos en nuestras vidas”, dijo una de las representantes del grupo, que ocultó su identidad bajo gafas de sol y una pañoleta, por temor a represalias por parte de las autoridades. 

Sin embargo, el órgano Judicial también se ha negado a responder las peticiones de las personas afectadas por la “guerra contra las pandillas”, como la propaganda gubernamental ha llamado a la serie de capturas masivas que en los últimos dos meses ha llevado a más de 34 mil personas a la cárcel. 

Sólo en el primer mes del régimen de excepción se presentaron 117 habeas corpus, de los cuales 80 fueron presentados ante la Sala de lo Constitucional. Hasta la fecha solo dos fueron admitidos. 

Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal, dijo que las familias están utilizando todos los recursos que la institucionalidad permite para obtener justicia y enfatizó en que el régimen de excepción no elimina el derecho de la población a la “presunción de inocencia”.

Este miércoles 25 de mayo finaliza la prórroga del régimen de excepción que inició el pasado 27 de marzo, luego de un fin de semana con 87 asesinatos, que según el periódico digital El Faro, ocurrieron a razón de la ruptura de las negociaciones secretas entre la pandilla MS-13 y el Gobierno.  

Según la Fiscalía, hasta el 22 de mayo se contabilizan más de 23 mil personas con detención provisional decretada en audiencias judiciales exprés.

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