Flora y la lucha porque le reconozcan sus 22 años de trabajo en una maquila
Flora es una costurera que pasó los últimos 22 años trabajando para Industrias Florenzi, S.A de C.V. (Induflo, S.A. de C.V.), una empresa que de un día para otro desapareció. A sus 54 años, ella dice que conserva una buena salud y que está “entera”, pero está a punto de quebrarse emocionalmente. “Estoy entera pero desgastada”, afirma. El desgaste es producto de los nueve meses peleando porque los encargados de Induflo, S.A. de C.V., paguen la indemnización que por ley le toca después de ser despedida sin justificación alguna.
Industrias Florenzi, S.A de C.V, era una maquila ubicada en la calle al Matazano, en Soyapango. En junio de 2020, tres meses después de iniciada la pandemia por Covid-19, sin previo aviso, representantes de la empresa sacaron algunas máquinas de coser, cerraron los portones rojos que protegían las tres galeras donde estaba la maquinaria con la que hacían uniformes médicos, vestidos, blusas y ropa para niños; y se marcharon.
“Don Sergio” (Pineda López, representante de la empresa), llegó a la maquila y les dijo que ya no iban a trabajar porque, trabajo, ya no había . Eso fue cuando empezaba la pandemia por Covid-19, recuerda Flora. Entonces, Pineda López les prometió que su indemnización sería depositada en sus cuentas bancarias. “Cuando revisamos no había nada”, dice Flora.
Ella y otros 212 empleados se quedaron sin trabajo y sin sus indemnizaciones. Desde entonces ella y sus compañeros se tomaron la fábrica, a la espera de que el Estado salvadoreño haga justicia.
Según el artículo 58 del Código de Trabajo, si un trabajador es despedido sin justificación, su patrono está obligado a indemnizarlo con el equivalente al salario de 30 días por cada año de servicio, además de un monto adicional proporcional del aguinaldo y vacaciones del año en curso.
Todos han puesto ya denuncias ante los juzgados de lo laboral, realizado peticiones ante el Ministerio de Trabajo e, incluso, cinco de ellos iniciaron el 8 de enero de 2021 una huelga de hambre en señal de protesta por la violación a sus derechos laborales. Pero nada ha dado resultado.
“Podemos afirmar que el Estado Salvadoreño y las institucionalidades le han fallado a la clase trabajadora”, se lee en un comunicado de prensa, publicado el 3 de marzo por el Colectivo Florenzi, integrado por las ex trabajadoras y representantes de diversos colectivos que apoyan su causa.
Las cuentas de Flora son sencillas: son 22 años de trabajo, el pago de tres años de vacaciones no devengadas; además del pago proporcional del aguinaldo, vacaciones y los seis meses trabajados en 2020. Una prestación que ni ella, ni ninguno de sus 212 compañeros han obtenido, que en conjunto rondaría cerca del medio millón de dólares.
El monto podría pagarse según el último balance de la empresa, presentado al Registro Nacional de Comercio (RCN) el 14 agosto de 2019, en el que Industrias Florenzi reportó activos por $3.1 millones.
Sin indemnización y afuera del mercado laboral
La mayoría de los afectados por Induflo, S.A. de C.V., son personas que pasan de los 40 años de edad y dedicaron gran parte de su vida laboral, entre 25 y 30 años, a trabajar en la empresa. “No es fácil, no es fácil”, repite muchas veces Flora.
Con 54 años, Flora estaba a un año de alcanzar la edad legal para jubilarse. Según la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), una mujer se puede jubilar a los 55 años de edad o 25 años de cotizar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). “En toda empresa le ponen que necesitan mujeres de 18 a 25 años”, dice decepcionada, como si le diera pena no ser más joven.
¿Dónde podría trabajar Flora con 54 años? “A uno solo le queda irse a los talleres de costureras”, dice. Los talleres son micro y pequeñas empresas que se dedican a la costura, pero no son maquilas y producen para el mercado local. El salario en los talleres es de $7.00 por día si se cumple con una cuota mínima de prendas a confeccionar. Si ya el sueldo de las maquilas, $249.00 mensuales según la ley, apenas alcanza para cubrir la canasta básica del país, que ronda los $200 mensuales, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
Con un salario de $7 diarios, en un taller, el ingreso mensual de Flora apenas sería de $140, si decide no trabajar los fines de semana, si trabaja todo los días podría ganar $210. Aun con el apoyo de su esposo, el dinero que podría ganar es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación de su familia, sus gastos personales y menos para apoyar con los gastos de sus dos hijos, el menor todavía en la escuela.
Flora cuenta que algunas de sus compañeras, en búsqueda de una solución económica, se han dedicado al sector informal, pero otras, como ella, no cuentan con los medios. “Hay gente aquí que llora, que no tienen para los pasajes, que no hayan cómo ‘hacer’.”
La lucha por obtener la indemnización también tiene sus gastos. “Hemos estado pagando a un abogado, poquito por poquito, hemos dado $10 mensualmente”, dice otra de las ex trabajadoras de la empresa, quien no quiso dar su nombre por temor a que no le paguen lo adeudado.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aunque en diferentes momentos aseguró que le daría la importancia debida al caso, se negó a establecer una mesa técnica de alto nivel tal como pedían las trabajadoras.
Un mes después, cuando un grupo de los afectados se presentaron a las puertas del Ministerio de Trabajo, el mismo Castro desestimó la lucha de los trabajadores de Florenzi y adujo que estaban siendo manipulados por organizaciones de fachada del FMLN.
Flora dice que ella, como otras de las trabajadoras de la empresas, nunca ha sido sindicalistas, pero que acudieron a los sindicatos porque era la única manera de obtener voz para su causa.
El 8 de marzo, el Colectivo Femenino Florenzi – Mujeres Organizadas en Resistencia denunció que el ministro Castro intentó comprar la voluntad de varias personas que formaban parte de su grupo, a cambio de cesar en las protestas. 55 afectados se reunieron con personeros del Ministerio, según declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica; pero quienes permanecen en el colectivo aseguran que el funcionario solo ayudó a los procesos en el juzgado de lo laboral a quienes abandonaron la causa grupal y que representan intereses personales.
Flora, como otras 150 personas, se niega a abandonar el colectivo: “Si salimos unas, salimos todas. Todas estamos aquí en el mismo sentir”, dice. En las instalaciones de la maquila, las mujeres de Florenzi hacen turnos para no abandonar a los dos compañeros, José y Nuria, que aún permanecen en huelga de hambre.
Nuria de los Ángeles Martínez Pérez lleva 61 días sin ingerir sólidos y comienza a sentir los efectos de ello. “A mí me molesta el intestino, la boca del estómago, de la gastritis; tengo dolores bien fuertes. Tengo una semana de andar con calentura, me duele el cuerpo, y las articulaciones me están molestando, hay dedos de la mano que no puedo mover, siento dolor de cabeza y cansancio hasta para hablar”, dice mientras hace un esfuerzo para estar presente en la conferencia de prensa que organizó el colectivo el 3 de marzo.
Desde Cojutepeque, Ilopango, Soyapango o, como en el caso de Flora, desde San Martín, las mujeres llegan a lo que un día fue su lugar de trabajo y se turnan para quedarse día y noche, en vigilia para evitar que algún día Pineda López llegue e intente sacar lo poco que queda dentro del lugar y las deje sin una garantía de cobro en el futuro.
“Mis hijos me dicen: ‘por qué duró tanto tiempo en esa empresa, por qué no buscó en otro lugar cuando era más joven’”, dice Flora. “No es fácil, pero esto no se puede quedar así”, repite a manera de despedida y se marcha a servir la sopa de frijoles que hierve en una cocina improvisada en barril. Sirven porciones iguales para todos, todas iguales, como igual es la lucha por conseguir el dinero que por ley les corresponde.
