Gobierno de Bukele aprueba una ley para castigar a las voces incómodas
22 de mayo de 2025
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Gobierno de Bukele aprueba una ley para castigar a las voces incómodas
La Asamblea Legislativa en control del oficialismo aprobó una nueva Ley de Agentes Extranjeros que permitirá al Gobierno decidir qué oenegés podrán operar en El Salvador, y cancelar a aquellas que le resulten incómodas. Organizaciones advierten que esta ley es un “castigo” para quienes exigen transparencia y rendición de cuentas, pero también amenaza a los ciudadanos que busquen manifestarse contra las decisiones del Ejecutivo.
La persecución a las voces disidentes en El Salvador ha cruzado una línea peligrosa. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de Nayib Bukele, aprobó este martes con dispensa de trámites una Ley de Agentes Extranjeros que permitirá al Gobierno decidir qué organizaciones pueden operar o no en El Salvador, y gravará en un 30 % todos los ingresos y donaciones que estas reciban.
Esta ley fue anunciada por Bukele hace solo una semana, y se aprobó con dispensa de trámites tras una discusión de solo una hora y 24 minutos, con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.
Al menos 70 organizaciones y colectivos de la sociedad civil de El Salvador rechazaron este miércoles la aprobación de esta ley, que llega después de una escalada en la represión contra personas defensoras de derechos humanos. En las últimas dos semanas, el Gobierno ha arrestado a la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, al presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y al ambientalista Alejandro Henríquez.
En este video, líderes de organizaciones de la sociedad civil exponen los principales riesgos de la aprobación de esta ley, que van desde la cancelación de la personería jurídica contra organizaciones que resulten incómodas, hasta la criminalización de las protestas.
El RAEX tendrá la facultad de cancelar a cualquier organización y hasta reportar a la Fiscalía General de la República (FGR) si lo considera necesario. “Nos preocupa el involucramiento de la Fiscalía y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional sin una definición clara. Se refuerza un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, aseguró Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
El artículo 9 de la Ley, además, prohíbe “realizar actividades con fines políticos” que tengan el objetivo de “alterar el orden público” o que amenacen la “seguridad nacional o la estabilidad social y política del país”. Las organizaciones señalan que esta disposición viola la libertad de expresión y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias de qué constituye un delito.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), también señaló que la medida establece un impuesto “confiscatorio” para las organizaciones, con una tasa del 30 % sobre el monto destinado a cada transacción.
Agregó que la ley aprobada por el gobierno de Bukele es prácticamente la misma que impuso la dictadura de Daniel Ortega el 2020 en Nicaragua. Desde entonces, se han cancelado más de 3,000 organizaciones educativas, médicas y de derechos humanos; así como medios de comunicación independientes. “Habría que ver si en su aplicación esta ley será igual o peor”, afirmó.
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