Gobierno negó ante la CIDH muertes y torturas del régimen pese a evidencias
En una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios salvadoreños pasaron por alto informes con pruebas que contradicen su narrativa. Esta semana, una oenegé reveló al menos 265 muertes bajo custodia del Estado, 88 con sospechas de criminalidad.
El Gobierno de Nayib Bukele volvió a negar, pese a las evidencias recopiladas por organismos de derechos humanos, que existan muertes violentas de personas bajo su custodia y el empleo de torturas en las cárceles salvadoreñas, abarrotadas por el régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.
Frases como: “en El Salvador, en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesina a nadie”, “no hay una sola muerte violenta”, pronunciadas por el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán; o del tono de “puedo afirmar y constatar que en los centros penales estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad”, de la canciller de la República, Alexandra Hill, se escucharon frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia solicitada por organizaciones de sociedad civil, la tarde del 12 de julio.
“De forma contundente, quiero dejar claro que El Salvador no es y nunca será, bajo la actual administración, un Estado autoritario y represivo”, llegó a decir la ministra de Relaciones Exteriores. A pesar, que el gobierno dirigido por Bukele amasa el poder sin control de todas las instituciones del Estado.
La canciller Hill se unió a la narrativa negacionista del equipo liderado por el comisionado Guzmán, que en su debut en el cargo rechazó, hace un año, también ante la CIDH, que existieran fallecimientos y torturas en las cárceles, y que luego reconoció que cuando lo afirmó no había visitado las prisiones ni había solicitado informes de muertes en custodia a la Fiscalía.
En la audiencia, los funcionarios del Gobierno ignoraron informes con pruebas que contradicen su discurso.
Dos días antes, la oenegé Cristosal presentaba un nuevo informe que reveló que 265 personas, entre estas cuatro bebés, murieron en las prisiones del régimen. Al menos 88 fallecimientos son sospechosos de criminalidad, con base a autopsias legales, informes médicos y actas de defunciones.
Cristosal identificó que entre las causas de las muertes violentas hay seis por asfixia, siete por diferentes traumas y casos de vapuleo, homicidio, muerte violenta, hematoma subdural y politraumatismo. También se han documentado cadáveres con signos de violencia.
En el segundo aniversario de la implementación del régimen, en abril pasado, un informe de siete organizaciones, entre estas el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SPASS), reportó seis casos ejemplarizantes de torturas en las cárceles, 17 muertes intencionales y 58 con sospecha de muerte intencional.
Incluso, de la escasa información del propio Estado, desde la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se desprenden indicios de violaciones a derechos fundamentales. La PDDH informó en su más reciente memoria de labores un importante incremento en las solicitudes de verificación de personas privadas de libertad. Estas solicitudes aumentaron de 625 en el período 2021-2022 a 8,988 en el período 2022-2023.
En la audiencia, el comisionado Guzmán expuso que al Estado “le habían hecho la solicitud” —aunque no mencionó qué instancia—, de analizar cuatro casos de personas fallecidas en centros penales. “Organizamos el mejor equipo forense que pudimos conseguir para hacer el análisis que está ya en sus escritorios”, dijo a los comisionados en la audiencia, “puedo decir claramente que los forenses dictaminaron que todas fueron muertes naturales”, expresó.
El funcionario reiteró que “no hay una sola muerte violenta” y luego invitó a las organizaciones sociales a que,si llega a ocurrir alguna, le “traigan el caso a su oficina”. “No vamos a guardar ningun tipo de tortura o maltrato en centros penales”.
Sin embargo, corroborar con información del Estado la palabra de Guzmán no es posible porque la Policía Nacional Civil (PNC) ha catalogado como información reservada las estadísticas en torno a fallecidos en las prisiones. La Dirección General de Centros Penales declaró también bajo reserva por siete años el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).
El fiscal general oficialista Rodolfo Delgado afirmó que archivó 142 casos de muertes en penales, pero su oficina dice no poseer documentos estadísticos sobre el tema. El Instituto de Medicina Legal dijo que los registros son investigados por Fiscalía y es esta quien debe entregarlos, pero no lo ha hecho, según reportó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).
Al finalizar la audiencia, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, informó que el reporte de la Comisión sobre el Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador está listo y que pronto estará disponible al público.
