Gobierno se queda solo para intentar recolectar y administrar $2 mil millones de deuda pública

Los sectores empresarial, social y académico del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, que tenía como una de sus misiones supervisar el destino de los recursos que el Gobierno utilizaría para la pandemia del #covid19, han puesto su renuncia este lunes 11 de mayo.

En la renuncia de seis páginas, a las que ha tenido acceso Focos TV, los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (Fusades), la Escuela Superior de Negocios (ESEN) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) han dejado en claro que su salida del comité es irrevocable e inmediata.

«Hasta la fecha no se cuenta con un informe oficial de las gestiones de fondos realizadas y su estatus. Solo se han recibido presentaciones verbales sin la correspondiente entrega de información para analizarla, por lo que no se conoce con certeza los recursos disponibles», manifiestan los representantes en uno de los puntos de su renuncia hecha pública hoy.

A esa aparente falta de tranparencia que denuncian los ahora ex miembros se suman otros factores que se pueden apreciar en la renuncia completa publicada en nuestras redes sociales:

Los sectores no gubernamentales también destacan que, desde la creación del comité (la última semana del mes de marzo) hasta inicios de mayo, no han recibido informe alguno sobre la entrega de los $300 dólares a cerca de 1 millón 500 mil familias afectadas directamente por la crisis del Covid-19, ni de la base de datos ocupada o la manera en que esta se realizó.

Pero hacen mayor énfasis en un cambio reciente que el gobierno central pidió al artículo 11 del Decreto Legislativo 608, que dio vida al citado comité: «en el vigente decreto se establece que el destino de los fondos (los primero $2 mil millones en deuda pública aprobados para combatir la pandemia) deberá asignarse un 70 % prioritariamente para atender la emergencia por Covid-19 y el 30 % restantes al desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los gobiernos municipales (equivalentes hasta un máximo de 600 millones de dólares)».

Pero en el cambio que pide el ejecutivo el destino de los fondos tiene variantes con las que no estaban de acuerdo los sectores empresarial, social y académico. «En la propuesta de reforma que presentó el gobierno se establece que los 2 mil millones se distribuirán de la siguiente manera: 600 millones de dólares a las municipalidades, 450 millones de dólares para transferencias monetarias a las familias y los restantes 950 millones de dólares se destinarán para cubrir las deficiencias de ingreso en el Presupuesto General del Estado 2020 generadas por el Covid-19», dice la renuncia.

También dicen estar en contra de los recientes decretos ejecutivos que violentan los derechos humanos y la desobediencia a resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto piden a la Asamblea Legislativa que acepte la renuncia y analice la situación.

Focos TV buscó las reacciones particulares de cada representante pero todos dijeron que se pronunciarían en una conferencia de prensa a realizarse entre la noche de este lunes 11 de mayo y la mañana del martes 12 de mayo.

LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO
Después que Focos dio a conocer la renuncia de los miembros del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, desde Casa Presidencial publicaron un comunicado (que luego fue borrado) en el que aducen que la salida de los cinco representantes no gubernamentales se debía a su negativa de someterse a una declaración patrimonial.

Ernesto Castro Aldana, Secretario Privado de la Presidencia, afirmó que el problema es que los miembros del comité “no tenían claro que al formar parte del comité se volvían funcionarios (públicos)” y como tales tenían obligaciones, como la de presentar su declaración de patrimonio a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que el secretario privado llamó “un tema incómodo”.

Castro Aldana invitó a los medios de comunicación que preguntaran a las personas que renunciaron si el Ejecutivo no ha cumplido con sus funciones. «Me extraña, me decepciona un poco, en lo personal, lo que veo, es más como un tinte a donde (ellos) han llevado esto», dijo en conferencia de prensa.

«Como parte de una instancia que tendrá a su cargo administración de fondos públicos todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal», manifestó el Órgano Ejecutivo en un comunicado de prensa que luego borraron de sus cuentas de Twitter.

Este es el comunicado publicado por Casa Presidencial después que se hizo pública la renuncia de los representantes no gubernamentales. Minutos después borraron el escrito de redes sociales.

El presidente Nayib Bukele lo publicó de nuevo horas después en su cuenta.

El comunicado establecía además que la presidencia de Nayib Bukele ya ha pedido auditorías tanto de la Corte de Cuentas de la República (CCR) como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que por lo tanto el manejo de los fondos es transparente.

Con la salida de los cinco representantes antes mencionados ahora solo quedan dentro del comité el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro; y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez; Salud, Francis Alabi; y Turismo, Morena Valdez.

El comité por ahora busca el financiamiento de $2 mil millones aprobados por la Asamblea Legislativa y en los próximos días tendrán que buscar también un endeudamiento extra por otros $1 mil millones que serán usados para apoyar la economía después de la crisis por el coronavirus.

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