Gobierno sin voluntad política para firmar el Acuerdo de Escazú

Equipo impulsor del Acuerdo Escazú El Salvador
Miembros del equipo impulsor del Acuerdo Escazú en El Salvador, en la marcha del 9 de septiembre de 2019. / Fotografía: cortesía.

El 26 de septiembre de este año se cierra el plazo para que El Salvador pueda firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. A 20 días de la fecha límite, diversas organizaciones ambientalistas del país ven poca voluntad política para que el Estado se sume al convenio. Una vez cumplido este plazo, para poder ser parte de los países con el Acuerdo, El Salvador tendría que entrar en un proceso para lograr una figura de adición.

El acuerdo regional fue adoptado en Escazú, Costa Rica, , el 4 de marzo de 2018 y seis meses después se abrió a firmas en la sede la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. Aunque representantes del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén participaron en la elaboración del acuerdo, el gobierno anterior no lo firmó. Un desinterés que se mantiene en el actual gobierno.

Virginia Roque, amiga del Equipo Impulsor del Acuerdo Escazú – El Salvador, resalta el desinterés que ha mostrado el gobierno salvadoreño para promover el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ante delitos medioambientales.

«El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico para la protección de los defensores ambientales, que jurídicamente no están siendo protegidos ni defendidos por parte del Estado. Firmarlo sería una respuesta concreta de defensa a los derechos humanos. El gobierno lo que responde es que es un acuerdo importante pero la voluntad política en sí no es visible porque hasta el sol de hoy no lo han firmado», asegura Roque.

El acuerdo es el primer tratado en el mundo que incluye mociones para la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Además, es el primer tratado sobre asuntos ambientales en la región Latinoamericana.

Para Roque, no ser parte de este acuerdo implicaría desproteger a los defensores ambientalistas y promover la impunidad ante los crímenes. Uno de esos es el de la ambientalista Dora Sorto, asesinada en 2009 por su oposición a un proyecto de minería en Chalatenango. Tenía 8 meses de embarazo.

Prioridades equivocadas

El equipo impulsor del acuerdo en El Salvador ha realizado diversas peticiones y llamamientos a instituciones gubernamentales y funcionarios públicos, pero aceptan que se encuentran en una dinámica que ellos llaman el círculo de respuestas sin acciones. Debido a ello han buscado presionar a través de plataformas como Change.org donde recolectan firmas para visibilizar el tema e introducirlo en la agenda pública.

El 20 de septiembre de 2019, el grupo impulsor, junto a otras organizaciones, hicieron una marcha para exigir al gobierno que incluyera el cambio climático como un tema de interés público. Según Roque, en ese momento personeros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aceptaron la validez de la petición, pero un año después, el Ejecutivo sigue sin hacer nada sobre el tema.

Luis Ruano, vicepresidente del movimiento estudiantil Eco Matías, dice que una de las temáticas urgentes a resolver en un país pequeño como El Salvador es el uso desmedido de recursos y la necesidad de apostarle a un desarrollo sostenible.

«En el país no hay una medida del gobierno que haya sido incidente en la situación ambiental del país. Durante los últimos años solo han habido campañas de reciclaje que han sido de momento», analizó Ruano.

Eco Matías es una de las 45 organizaciones que se han adherido a la carta enviada a finales agosto al presidente de la República, Nayib Bukele, en la que instan a firmar el convenio y que luego sea ratificado por la Asamblea Legislativa.

Ruano destaca que en el Plan Cuscatlán de Nayib Bukele la única referencia al tema ambiental era la agilización de la entrega para permisos medioambientales, una acción que, según él, en vez de aportar implica una amenaza para el ecosistema y las comunidades vulnerables. El Plan Cusctlán sí prometía desarrollar un «Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de conformidad al Acuerdo de París y la Ley de Medio Ambiente, pero ni una sola línea sobre el Acuerdo de Escazú.

«Los temas urgentes en medio ambiente, son el uso desmedido de los recursos, la vulnerabilidad ante los fenómenos metereológicos y la falta de educación ambiental», agrega Ruano.

El Acuerdo de Escazú, pretende generar una protección a partir de esfuerzos junto a otros países de la región para la protección del medio ambiente y de los derechos medioambientales en plano local. Por ahora solo hay nueve países que lo han ratificado, y son: Bolivia, Guyana, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Antigua y Barbuda.

Según la carta enviada por las organizaciones al Órgano Ejecutivo, si El Salvador no se suma a la firma de este acuerdo se posicionará como «un país que no cumple sus compromisos internacionales en materia ambiental y multilateral» y con ello enviará «un mensaje negativo para la opinión pública nacional e internacional».

* Con reportes de Gabriela Aquino

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