Guatemala, entre la primavera democrática y el abismo autoritario

Al escuchar la palabra autoritarismo en Centroamérica, es casi natural imaginar órganos ejecutivos todopoderosos, con control vertical de las instituciones del Estado. Es la senda que se ha recorrido en Nicaragua o en El Salvador. En Guatemala, sin embargo, es un fenómeno diferente: el autoritarismo está menos vinculado a un liderazgo presidencial fuerte y más cerca de la instrumentalización del aparato judicial para silenciar voces que busquen apertura, estabilidad y justicia.

La captura de instituciones como la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad ha permitido que actores políticos, económicos y del crimen organizado encuentren impunidad y se sacudan, a golpe de criminalización, a actores incómodos como periodistas independientes, defensores de derechos humanos y operadores de justicia que buscaron combatir la corrupción.

En 2023, esa coalición antidemocrática llevó a cabo una de sus principales afrentas a la democracia, cuando intentó —por medio de acciones judiciales espurias— bloquear el resultado de la elección presidencial que dejó como ganador a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. El esfuerzo fue infructuoso y Arévalo logró asumir el poder, dejando al denominado “pacto de corruptos” duramente golpeado, pero aún con maniobras a su alcance. Desde ese momento, por medio de instituciones como la Fiscalía y las cortes, han repetido intentos por sacar a Arévalo del poder, amenazar a su entorno con criminalización y entorpecer a su partido, Semilla, que de hecho se encuentra cancelado. 

Si bien 2026 no hay elección de presidente o diputados, es un año donde la democracia completa está en juego, pues se elegirá a los titulares de esas tres instituciones. Para comprender más lo que le depara a Guatemala, FOCOS conversó con Edgar Ortiz Romero y Gregorio Saavedra. Ambos son abogados, miembros del colectivo Unidad por la Democracia, y han participado activamente en los procesos de nominación de los funcionarios de segundo grado.

Saavedra y Ortiz fueron electos como representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) dentro de la comisión postuladora que presentará la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en unas cerradas elecciones que dejaron fuera a aspirantes vinculados a actores del “pacto de corruptos”. Desde ahí tendrán incidencia directa en la integración de la lista de 20 aspirantes que evaluará el Congreso de Guatemala.

A juicio de ambos, 2026 pone al país en una encrucijada: el retorno a la democracia o un país condenado a ser liderado por mafias que, desde las sombras, pactan con políticos el saqueo del Estado.

La entrevista se divide en tres partes temáticas principales. La primera, sobre el proceso de elecciones de segundo grado y sus actores clave; la segunda, sobre la debilidad del Órgano Ejecutivo para cumplir la aspiración democrática de la población; y la tercera, sobre los extremos: tanto el fatalista como el optimista de lo que podría suceder este año.

Parte I: Un año clave para la institucionalidad de Guatemala 

Pregunta: Ambos han dicho recientemente que Guatemala se juega no solo unos cargos públicos, sino su democracia y su libertad. ¿Por qué en un año en que no se elige presidente o diputados hay tanto en juego?

Edgar Ortiz: En Guatemala hay una peculiaridad: no tenemos un retroceso democrático y una pérdida de libertades fruto de la concentración de poder de un líder en el ejecutivo. Es realmente un retroceso democrático que ocurre por la cooptación y el debilitamiento de los órganos de justicia. 

Al analizar la situación de Guatemala, tenés que ver el aparato estatal completo. En los últimos cinco años que ha habido persecución penal contra periodistas, activistas y opositores, te darás cuenta de que es resultado de un relevo de instituciones. 

El combo de autoritarismo en Guatemala incluye: controlar el Ministerio Público para poder abrirle causas penales a mis enemigos políticos; el Tribunal Supremo Electoral para entorpecer el registro de partidos nuevos que traigan ideas de institucionalidad, de democracia y de libertad, que amenacen el proyecto de impunidad; y la Corte de Constitucionalidad es quizás la más difícil de entender, porque en Guatemala tiene una peculiaridad importante. 

La corte constitucional en Guatemala a veces es apodada, con un poco de humor, la corte celestial. Es una corte que por diseño constitucional es extremadamente poderosa, es capaz de frenar casi cualquier cosa, entonces una corte alineada a la democracia y a la institucionalidad es un freno que potencialmente le puede poner muchos contrapesos a las anteriores. Ellos necesitan el combo completo. Fiscalía para perseguir opositores, Tribunal Electoral para evitar las olas de candidatos o partidos que quieran cambiar el sistema y la Corte de Constitucionalidad para asegurarse de que no haya contrapeso a lo anterior.

P: ¿Qué bandos podemos identificar en esta coyuntura?

Gregorio Saavedra: Vemos alineaciones de una serie de intereses, de un status quo que está cómodo con el juego de impunidad. Por otro lado, hay actores emergentes, entre los cuales hay algunos con vínculos con el crimen organizado y otros que son emergentes políticos. Y el otro bloque es el bloque del gobierno. Dentro de este juego, el status quo y los actores emergentes parecen no seguir los mismos intereses, pero sí el mismo objetivo: capturar el sistema.

La apuesta real de esta renovación debería tener que ver con la consolidación del Estado de derecho, que parece tener los menores números en cantidad de actores y de peso.

Podemos afirmar que hoy no estamos solo eligiendo autoridades, sino una senda en donde se protege la libertad y la institucionalidad, o una captura de la institucionalidad en perjuicio de la libertad, ya no por ese status quo sino por actores afines al crimen organizado, actores mucho más peligrosos.

P: ¿Le parece que en este momento tenemos ese “combo completo” de instituciones cooptadas por poderes oscuros?

GS: Eso es lo que Guatemala vio de 2020 a 2023. Desde 2023, sobre todo, después de la primera vuelta electoral, el intento de ese pacto lleva al Tribunal Supremo Electoral a un límite, y ya no puede dar un paso que ese pacto esperaba: anular el proceso completo, cuando el resultado sale de sus manos. De alguna forma, habían participado en la anulación de candidaturas o en el jugueteo de preferir la inscripción de candidaturas que no fueran favorables, tanto en la presidencia como en corporaciones municipales relevantes.

EO: El proyecto autoritario fracasó, porque en 2023 (con la victoria de Arévalo) se rompe el pegamento que unía al proyecto autoritario por una simple razón: ellos carecen de legitimidad popular, es un autoritarismo impopular. 

Para quienes no recuerdan las elecciones de 2023, y probablemente nadie las recuerda fuera de Guatemala, fueron marcadas por la exclusión de tres candidatos presidenciales y decenas de candidatos a diputados y alcaldes. Sus candidaturas no eran registradas porque el acuerdo (de la coalición en el poder) era: “no queremos que gente que no es de la coalición porque puede ganar y, en ese caso, tenemos un problema grande”.

Una vez ellos pierden la elección del 2023 inesperadamente con Bernardo Arévalo, el pacto colapsa y entra en una fase de crisis de la que todavía no se recupera. 

Esa crisis incluye mantenerse usando a la Fiscalía como herramienta de presión en contra de los liderazgos democráticos. Lo que ha visto Guatemala en ese periodo es un intento de desconocer las elecciones, un intento de descalificar candidatos. Al perder el poder, ese proyecto se ha transformado en una suerte de resistencia por el status quo. Y entonces, se han atrincherado fundamentalmente desde los órganos de justicia, y tratan de usar esas herramientas, ahora que hay relevo de funciones, para evitar que los agentes democráticos puedan ganar. 

Por ejemplo, has visto que ellos también empiezan a perder elecciones en el colegio de abogados y esto los lleva también a atacar esos procesos electorales, los lleva a atacar a algunos activistas y los lleva a usar la amenaza del derecho penal para evitar, como digo, que esas figuras democráticas puedan ganar espacios en la renovación de la justicia.

P: Ya hay primeros asaltos en esta batalla institucional, como la votación por dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué hemos visto en estas primeras batallas y cómo le fue a los bandos que describiste (abiertamente corruptos, democráticos y los que pueden beneficiarse de la corrupción)?

GS: Aún es muy temprano para responder de forma contundente, porque el último paso que vimos fue la conformación de nómina del Tribunal Supremo Electoral y lo que se apreció es que muchos de los que fueron incluidos tienen señalamientos abiertos de haber favorecido a actores del crimen organizado. Todavía hace falta mucha veeduría y muchas acciones como para concretar cambios que den estabilidad a la lucha por el Estado de derecho.

P: Entonces, no hay muchas razones para tener tanto optimismo o tanto pesimismo…

GS: Correcto. Hay razones suficientes para estar alerta. Por ejemplo, en la primera de las elecciones a la Corte de Constitucionalidad, que lleva a todos los abogados en Guatemala a ejercer su voto para una elección directa de un magistrado titular y un suplente, el Ministerio Público intervino con una serie de allanamientos que buscaron entorpecer la elección. Estos generaron una reacción de indignación, tanto en el gremio como en la población. 

Es decir, acciones de fuerza y de poder tratando de inclinar un resultado. El resultado fue para la opción de cambio o más desvinculada de las estructuras tradicionales, pero la percepción fue que el juego sigue muy abierto y sigue con una búsqueda, por parte de algunas de esas autoridades, de golpear la mesa y, aun perdiendo resultados, buscar robárselos en cortes. Así que los resultados parecen no llevarnos al pesimismo, pero el clima donde se están desarrollando sí nos mantiene alerta.

P: ¿Interpretan estas acciones de la Fiscalía como maniobras de fuerza, como recordatorios de que ellos mandan, o maniobras de debilidad y desesperación?

EO: Un poco de las dos. Es una señal de debilidad en términos de su legitimidad. Esta es una coalición profundamente repudiada por la opinión pública, que pierde elecciones incluso gremiales y en 2023 (en las presidenciales), también hubo un referéndum contra esa forma de hacer política, porque pierde el proyecto autoritario de ellos en las urnas. Es decir, están perdiéndolo todo y tienen que tomar alguna medida, como desacreditar la elección, buscar anularla y van a usar la fuerza bruta para hacerlo. 

Y por otro lado, también es una señal de golpe sobre la mesa, porque te recuerda que aún tienen la fuerza al derecho penal para intimidar, aunque no tengan la razón ni la legitimidad. Tienen la fuerza bruta para tratar de intimidar a los demás. Esa ha sido la fórmula que ellos han usado. En términos de legitimidad es completamente repudiada, pero los daños colaterales, como las detenciones de personas y la intimidación, sí quedan, especialmente frente a un gobierno débil que no ha sido capaz de articular una agenda democrática.

La causa democrática tiene un problema: a pesar de que en 2023 los votantes le dan un mandato de apertura democrática a la presidencia, no le dan ese mandato en el Congreso ni en las alcaldías, entonces hay un ejecutivo débil en cuanto a la capacidad de ejercer el poder. Entonces, el esfuerzo democrático es básicamente un esfuerzo cívico bastante acéfalo, no es un movimiento de una cara o de dos caras, es un movimiento de mucha gente, pero al mismo tiempo es un movimiento fuera de la política. Somos abogados, no somos políticos, no somos diputados, no tenemos poder real.

Parte II: Un Ejecutivo débil y un pacto de corruptos que se resiste a caer

P: Hablemos del Ejecutivo en esta coyuntura. ¿Cómo un presidente como Bernardo Arévalo, celebrado por haber traído una primavera democrática, pasó a ser tan débil? 

EO: El mandato de democratización y de limpieza de un sistema no es fácil, estamos claros de que nunca es fácil salir de un régimen semiautoritario o autoritario. Ahora bien, creo que este es un presidente adecuado para el país incorrecto. Es un presidente con formas muy tradicionales de ejercer el poder, formales, que quizás en otro contexto institucional tendría más sentido. 

Pero dado el contexto guatemalteco, en el que está abierta la puerta para transitar de ese régimen autoritario a un espacio más democrático, esa transición requiere de liderazgo, de visión, sobre todo de capacidad de articulación. Yo lo que más veo ausente en este presidente es esa incapacidad de articular esa agenda. 

En cambio, por su propia inacción y su pasividad, es un actor que le cede el control del juego a otros actores más agresivos y más autoritarios. 

P: ¿Qué actores están tomando su rol?

EO: Yo distingo tres tipos de jugadores: los jugadores claramente antidemocráticos y proimpunidad, que son los que nos han llevado a esta situación en los últimos años. Luego estamos los actores que queremos la democracia y la libertad. Y en medio hay actores transaccionales que podrían jugar en cualquiera de los dos bandos. 

Esos últimos son los que, en estos momentos, definen hacia dónde va la agenda y el debate público. Y esos jugadores, como los partidos que no tienen ese compromiso con la impunidad en el Congreso pero que son transaccionales, no ven en el presidente una agenda creíble y articulada, y por eso son ambivalentes. 

Y por eso es que la Fiscalía puede dar esos golpes. No hay dirección en la agenda democrática. Entonces, en muchos casos, estos últimos actores no quieren estar en la agenda pro impunidad y autoritarismo, porque eso representa un costo para ellos, pero al no haber claridad en el otro lado, prefieren ambivalencia, y esa ambivalencia mantiene al país en ese vilo en que está hoy.

P: Plantean que la puerta está abierta para un cambio o la prolongación de este autoritarismo. Por años, en Guatemala se ha hablado de un pacto de corruptos, que además de lucrarse del sistema, lo ha manipulado. ¿Puede soñar Guatemala con el fin de este pacto en 2026?

GS: Yo creo que es posible. Es posible si los incentivos a los actores que conforman ese pacto son reorientados en objetivos que puedan sumar una fuerza suficiente en una orientación democrática.

Tú planteabas si el presidente ha hecho suficiente. No lo ha hecho. Pensar en un diseño institucional para que el presidente asuma todas las cartas a su favor y cambie rápidamente esa tendencia autoritaria a una democrática, creo yo, es ser muy exigente. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que no ha sido lo suficientemente estratégico como para invitar a un diálogo a los actores que respaldan, por ejemplo, el actuar de Consuelo Porras, y es que hay actores hegemónicos de poder detrás de esto. 

Y segundo, no ha tenido la contundencia suficiente como para mantener una coalición estable de estos actores que podrían ser más transaccionales, pero que miran mayor posibilidad o frutos posibles en acciones prodemocráticas. Y es ahí donde sigue estando la solución. Lo que ocurre es que hace falta mancharse las manos y echarse a andar. 

Ese tipo de contundencia ha estado ausente, sobre todo porque fue impedida maliciosamente por el Ministerio Público, al evitar que el partido de gobierno estuviese formalmente inscrito. Al cancelar al partido de gobierno, algo inusitado en cualquier democracia del mundo, se da un golpe estratégico muy contundente porque impide la conducción de la agenda legislativa por parte del propio gobierno. El presidente necesita ahora una serie de alianzas débiles para conducir muy lentamente ciertos acuerdos y maniobrar coaliciones muy inestables. 

P: Sobre la contundencia del Ejecutivo, ¿cómo habrían evaluado que, temprano en su gestión, el presidente rompiera la ley para garantizar la estabilidad y removiera a la fiscal general? 

GS: Yo creo que no debía romper la ley, aunque muchas de las personas se orientan por decir que tenía que detener a la fiscal. Él tenía que ser contundente y claro en buscar un respaldo detrás de posiciones alrededor de él, principalmente la cancelación del partido. Pero nunca quiso entrar en la defensa de su bloque. Pareciera que eligió la unidad nacional y no pensó en su propio bloque, pero eso le quitó las herramientas de conducción. 

P: Les pregunté por el fin del pacto de corruptos, pero ahora giro la pregunta: ¿Es posible que este pacto pueda consolidarse y afincarse con nuevos herederos?

GS: Puede salir con un mayor bloque de inmunidad, eso sí es un hecho. Me parece, así como tú lo planteas, que la opción de que el pacto se consolide con los mismos actores, está bastante vaga. Lo preocupante es un cambio de piloto, pero no de las condiciones esenciales de ese vehículo. 

Ese es un peligro latente y el escenario que se está consolidando como algo peligrosamente más factible, que haya una serie de realignaciones, pero que el modelo de transaccionalidad e impunidad de alguna forma logre perpetuarse. 

P: Dentro de este entramado, hay una persona que suena muchísimo, a veces más que el presidente: la fiscal general Consuelo Porras. ¿Podrían ofrecernos un prontuario de ella y por qué tiene en jaque al presidente y a muchos actores democráticos?

EO: Yo creo que ella es la cara de un problema más grande. Ella es la fiscal general y jefa del Ministerio Público y en Guatemala, la Fiscalía General es un ente autónomo y el fiscal general es nombrado por el presidente para un periodo de cuatro años, pero es virtualmente inamovible. Ella fue designada en 2018 y reelecta para un nuevo periodo de cuatro años por Alejandro Giammattei en 2022, y ha sido sancionada por Estados Unidos como un actor antidemocrático. 

Bajo su mando, la Fiscalía ha perseguido a opositores, activistas y defensores de derechos humanos durante estos años, y eso le ha valido esa sanción. Ahora, insisto en no darle demasiado crédito o importancia a su figura, porque yo creo que hay un sistema completo de justicia que camina en esa en esa dirección. Ella es como el rostro de esos cuestionamientos al sistema, pero no deja de ser un jugador en un plano más grande. 

Fue la Fiscalía la que trató de desacreditar las elecciones de 2023 y ahí nace realmente la gran figura de la Fiscalía, que ya era cuestionada, pero en 2023 se vuelve un jugador más grande por esos ataques. Fue usando a la Fiscalía que lograron cancelar el partido político que llevó a Arévalo a la presidencia, y con esto, quitarle todo el poder de maniobra e incluso quitarle posibilidades electorales el otro año a este movimiento.

P: Guatemala no es solo las elecciones de segundo grado, sino problemas del día a día como inseguridad o falta de oportunidades. ¿Creen que el ciudadano promedio tiene interés por estas elecciones? 

EO: Sí le interesan a mucha gente los cambios que hay en 2026, para sorpresa nuestra. Pensaríamos que para la media ciudadana son temas poco importantes, pero creo que tiene que ver con el tipo de autoritarismo que tenemos. 

Como los problemas del país vienen en muchos casos de los órganos de justicia, de la Fiscalía, resulta que hay mucha gente muy pendiente de lo que está pasando. Hay un malestar con el sistema, porque la gente votó por el cambio consistentemente en 2023, en las elecciones generales, y no ha visto grandes cambios. Y creo que sí conecta los relevos institucionales con la ausencia de resultados prácticos.

P: Por otro lado, ¿creen que hay una tentación de que Guatemala, en lugar de buscar consolidación democrática, opte por un autoritarismo que luzca efectivo?

EO: Esta última pregunta no es tan fácil de responder. Aunque existe esa visión democrática, es muy fácil que la frustración se convierta en un apetito autoritario. Lo has visto un poquito en las encuestas: no ha crecido dramáticamente la cantidad de gente que te responde que es indiferente que haya un régimen autoritario o uno democrático, pero ha subido unos seis, siete puntos. 

Yo creo que la ciudadanía no piensa en categorías como autoritarismo o democracia, sino en resultados. En Guatemala no hay un rostro autoritario que prometa el cambio con la suficiente credibilidad. Si lo hubiera, yo creo que el apetito autoritario podría ser mayor. Lo que pasa es que cuando ves el abanico de la oferta electoral, ves una carrera de bajitos. Todos los que tienen hoy alguna aspiración presidencial son o desconocidos o poco queridos. Entonces, no hay hoy una persona con la popularidad suficiente encarnando esa esa agenda autoritaria. Estoy especulando, pero si la hubiera, quizá estaríamos más preocupados de que esa pregunta tuya fuese una realidad.

Parte III: El mejor y el peor de los escenarios 

P: Para cerrar, ¿cómo luce, en el día a día, el peor escenario de 2026 y la consolidación total del pacto de corruptos? 

GS: El peor escenario posible luce con una serie de concesiones en favor de los ataques ilegítimos que Consuelo Porras y el Ministerio Público han hecho a los procesos de renovación, que obstaculicen la propia renovación y oxigenación de las instituciones y permitiendo principalmente que las instituciones que deben nominar terminen accediendo a poner en los cargos actores señalados de corrupción, incluida potencialmente Consuelo Porras. 

EO: Creo que luce como la consolidación de lo que se interrumpió en 2023. En 2023, se venía consolidando un proyecto autoritario, un proyecto de la corrupción, del narcotráfico, del crimen organizado, donde tenías muy poco espacio a la libertad electoral, órganos de control absolutamente tomados por el crimen organizado y la corrupción, y donde el espacio cívico está cerrado, nadie puede cuestionar al gobierno, nadie puede participar en contra y tampoco tener resultados. Porque ni siquiera estamos hablando de un autoritarismo con resultados, no es Singapur, es Guatemala. Es la Guatemala de siempre que crece poco, que depende de las remesas, donde la corrupción es rampante. Ese es para mí el peor escenario.

P: ¿Y el mejor escenario, el de normalización democrática?

GS: El mejor de los escenarios es la renovación absoluta de la Corte de Constitucionalidad y una designación de fiscal general que genere estabilidad y tranquilidad a quienes buscan la justicia. Y esencialmente, que se perciba, tanto nacional como internacionalmente, que periodistas, líderes sociales y organizaciones sociales van a estar seguros, en un ambiente de libertad y que no existe riesgo de persecución o criminalización. Y que algunos de estos actores que han sido criminalizados puedan empezar a resolver sus causas. Y, por último, una conformación del Tribunal Supremo Electoral que genere tranquilidad y apertura a que el proceso de 2027 vaya a ser completamente abierto, libre y democrático.

EO: Hay que entender los momentos para entender cuáles son los triunfos. En el momento en el que estamos, solo tener una renovación oportuna de órganos con actores que rechazan esa agenda autoritaria ya es un gran avance. El mejor escenario imaginable en estos momentos no es la democracia perfecta, estamos muy lejos de eso. Yo creo que el mejor escenario imaginable, y que ya es algo para estar muy contento, es el oxígeno que le puede dar una Corte de Constitucionalidad, un Ministerio Público y un Tribunal Electoral que tengan compromiso y apertura democrática. 

Y solo con esa apertura democrática comienza la reconstrucción. Hay que entender los escombros que ha dejado el proyecto autoritario, que ni siquiera es un proyecto que ofrezca autoritarismo a cambio de resultados; es un proyecto que ofrece autoritarismo a cambio de nada. Este proyecto nos ha dejado tan mal que lo único que soñamos es la posibilidad de reconstruir. Ese es el mejor escenario, la posibilidad de reconstruir.