Guatemala necesita a la CICIG para continuar luchando contra la impunidad
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, Guatemala es el cuarto país de América Latina más corrupto, con una puntuación de 28 en la escala del 0 al 100. El barómetro de las Américas 2016 también destaca que el 33.4% de los guatemaltecos considera que todos los políticos están involucrados en corrupción
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, resaltó el papel importante de la comisión en la lucha contra la corrupción y la impunidad desde el año 2006. La creación de la CICIG permitió el fortalecimiento del Ministerio Público en el área técnica, construyendo un departamento de análisis criminal y una base de datos.
Sin embargo, Velásquez manifestó que aunque se ha avanzado en el tema de la impunidad, corrupción y criminalidad, todavía hace falta mucho para fortalecer el sistema judicial de Guatemala, por lo que recalcó la necesidad del acompañamiento de una unidad que trabaje en conjunto con el Ministerio Público.
Pese a lo anterior, el mandatario de ese país, Jimmy Morales, ha asegurado que no volverá a renovar el mandato que establece la presencia de la CICIG en Guatemala.
Velásquez fue declarado “non grato” el 27 de agosto de 2017, por el presidente Morales, obligándolo a abandonar el país y la entidad que preside. A juicio de Velásquez, la decisión del presidente, responde a la necesidad de obtener impunidad, tras ser acusado de financiamiento electoral ilícito.
Aunque la Corte Constitucional de Guatemala, ordenó a Morales permitir el ingreso de Velásquez, el mandatario no ha acatado la orden. Iván Velásquez, considera que este desacato por parte del presidente guatemalteco, afecta el Estado de Derecho y además, irrespeta las decisiones judiciales.
El jefe de la CICIG, expresó que la violación del presidente a las decisiones de la Corte Constitucional, son respaldadas por un frente pro-impunidad conformado por sectores que tienen miedo de ser sometidos a investigaciones futuras o verse condenados por procesos actuales, entre ellos, diputados y ex diputados, funcionarios de gobierno, empresarios. “Son más de 300 funcionarios en el Estado que están vinculados con investigaciones».
«Me parece que en Guatemala no hay un Estado verdaderamente democrático. A partir de las investigaciones realizadas por la CICIG, consideramos que hay una captura del Estado; que el Estado dejó de responder a los intereses generales», aseguró en FOCOS que se transmite todos los domingos, por canal 33 (7 en cable) a las 8:00 pm.
El comisionado expresó que los factores que han influido en la ausencia de una democracia sólida son : la falta de posibilidad de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, no solo en una contienda electoral, sino ejerciendo una veeduría ciudadana; y también la falta de una educación general que permita a los ciudadanos ser más críticos, evaluando el perfil de los candidatos antes de ejercer su voto.
SOBRE LA CICIES:
Actualmente, en El Salvador, se habla de la creación de una CICI que ayude en el combate a la corrupción, sin embargo a la fecha, el gobierno no ha tomado en cuenta esta petición debido a que considera que las instituciones de justicia como la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, están debidamente preparadas para combatir este delito; así lo dijo el exsecretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas en el año 2017.
Desde 1989 hasta el año 2014, los recursos públicos perdidos por casos de corrupción emblemáticos en El Salvador, suman un aproximado de 550 millones de dólares, así lo afirma el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en su libro: “La Corrupción: sus caminos e impacto y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano” publicado en septiembre de 2017.
Iván Velásquez resaltó que es necesario considerar la ayuda internacional en la construcción de la democracia, porque a su juicio construir democracia es fortalecer el sistema de justicia. También aclara que cualquier iniciativa que nazca para la conformación o la contribución internacional, debe partir de un análisis de la realidad del sistema de justicia nacional.
«El temor a la pérdida de soberanía o la disminución de soberanía es infundado siempre que se piense en una comisión que apoye y no que sustituya», aseguró el comisionado en FOCOS.
