Informe técnico de DPLF revela debilidades de CICIES

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) hizo público hoy su primer informe técnico sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y concluye que la misma tiene deficiencias que no le permiten tener un papel fundamental, como si lo tuvieron sus homólogas de Guatemala y Honduras.

Según la DPLF, su principal objetivo fue analizar el Convenio de Cooperación que le dio vida a la CICIES el pasado 26 de noviembre de 2019, con el objetivo de «comentar sus aspectos esenciales, identificar posibles deficiencias y vacíos que podrían ser problemáticos o disfuncionales para lograr una efectiva investigación y persecución de los delitos de corrupción, y proponer posibles medidas complementarias».

Días después de su conformación el comisionado Ronalth Ochaeta dio una entrevista a Focos TV en la que dejó en claro que la CICIES «no investigará casos de corrupción», sino que únicamente se limitaría a dar «asistencia técnica sistematizada» a la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo dijo en Focos TV: «La Cicies no investigará casos», capítulo 135, del 16 de diciembre de 2019.

En el análisis de la DPLF este es uno de los puntos débiles de la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. «La relación entre ambas partes (CICIES y FGR) no puede limitarse únicamente a proporcionar apoyo técnico en las investigaciones, es decir a capacitarlos en cómo investigar de manera abstracta. Existen otros factores que inhiben a los fiscales y detienen el avance de las investigaciones, como la intimidación o la insuficiencia de medidas de protección a la vida e integridad de los fiscales», señala el análisis de la organización internacional.

Ochaeta también dijo en diciembre en Focos TV que no pueden investigar de manera autónoma porque por orden constitucional en el país las tareas de investigación le corresponden exclusivamente a la FGR. “Nos vamos por la cooperación técnica porque no lo podemos hacer de otra forma. El candado constitucional es muy fuerte en el país, entonces no se puede tener intervención directa en los casos”, indicó. Sin embargo, en esa misma entrevista dijo que si la Comisión encontraba indicios de corrupción darían el aviso a la Fiscalía para que esta investigara.

Otra de las debilidades que destaca la DPLF es la inexistencia de una unidad especializada para la investigación de la corrupción, algo que sí se logró en Guatemala y Honduras. «Tanto en los convenios celebrados por la CICIG con la Fiscalía General de Guatemala y por la MACCIH con la Fiscalía General de Honduras contemplan la creación de una Unidad Especializada para que realicen el trabajo de manera conjunta con el ente internacional», señala.

No acaba con la impunidad

Pese a que el nombre de la Comisión indica una lucha contra la impunidad en El Salvador, la DPLF considera que el acuerdo marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el gobierno salvadoreño no permite que esto sea una realidad.

La Fundación destaca de cooperación no desarrolla cómo se manejarán las denuncias por faltas cometidas por fiscales dentro de las investigaciones y eso alimenta la misma corrupción interna dentro del Ministerio Público.

También señalan que el convenio que dio vida a la CICIES únicamente permite que los investigadores tengan acceso a documentación e información solo de los casos en los que les han solicitado cooperación técnica. Es decir, no pueden acceder a otros expedientes que permitirían ligar casos de corrupción entre si.

Finalmente, DPLF señala como debilidad el hecho que ningún miembro de la CICIES, ni el comisionado Ronalth Ochaeta ni los investigadores, pueden brindar declaraciones sobre las investigaciones.

Foto tomada del sitio web de la Fiscalía General de la República (FGR).

«Esta restricción tiene dos consecuencias directas. La primera, es que, al restringirse la presencia pública del personal de la CICIES, será el personal de la fiscalía, y particularmente los integrantes de la unidad especializada, quienes sean expuestos en su totalidad. La segunda consecuencia, es que la ciudadanía no podrá conocer directamente el trabajo que esté realizando la CICIES, ni podrá formarse una opinión informada respecto de la necesidad de seguir contando o no, con su apoyo internacional», expone la DPLF en su informe técnico.

Ochaeta dijo en diciembre que la CICIES puede realizar «auditorías forenses en el Ejecutivo», las cuales consisten en procedimientos administrativos, sin connotación judicial. Un ejemplo de ellos sería el reciente anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la participación de la Comisión en la fiscalización a la construcción del Hospital del CIFCO. Pero, tal como señala la DPLF, aunque la entidad investigue no podrá emitir una opinión pública sobre sus hallazgos.

Si quieres ver el informe técnico completo de la DPLF puedes hacerlo a través de este enlace.

Etiquetas
Mostrar más

Contenido relacionado

Botón volver arriba
Cerrar