«La cantidad de información que está reservada es ridícula”: Acevedo

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) y exrepresentante regional ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Carlos Acevedo, asegura que la falta de transparencia en las instituciones públicas y la implementación del bitcoin como moneda de curso legal alargaron la llegada a un acuerdo entre el FMI y El Salvador. Para lograrlo, el Gobierno ha iniciado un ajuste fiscal del 3.5 %, reduciendo el gasto público a través de despidos y congelamiento a escalafones de Salud y Educación; sin embargo, el FMI también pedirá mejorar la transparencia.

Después de tres años de negociaciones, El Salvador está por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de $1,400 millones de dólares. Focos conversó con Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y exrepresentante de Centroamérica ante el FMI, sobre las implicaciones de este acuerdo y cómo impactarán en las finanzas del Estado. 

Para Acevedo, el préstamo del FMI es importante no solo por la liquidez que brindará a las finanzas nacionales, sino porque generará confianza a otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirá al país negociar préstamos en mejores condiciones. Sin embargo, para lograrlo, El Salvador deberá hacer un ajuste del 3.5% al Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que el dinero que entra a sus cuentas sea mayor al que gasta en un periodo de tres años.

Las negociaciones con el Fondo han durado tres años y han atravesado etapas de estancamiento. Una discusión tan prolongada no es común, señala Acevedo. Sin embargo, las discrepancias entre el  Gobierno con respecto a las medidas recomendadas por el Fondo referentes al bitcoin y el nivel de transparencia en las instituciones públicas, alargaron la llegada a un acuerdo.

“La volatilidad de la moneda (el bitcoin), cuando es dinero público el que está invertido, es lo que al FMI le preocupa en términos de las implicaciones fiscales que eso pueda tener”, explicó. 

El Fondo pidió la derogación del artículo 7 de la ley bitcoin, que convirtió al criptoactivo en moneda de curso legal, además de una auditoría al sistema de Chivo Wallet, cuyos resultados debían ser públicos; y también pidió transparentar los hallazgos de la Corte de Cuentas sobre el gasto público durante la pandemia. Aunque se desconocen los acuerdos finales del Gobierno y el FMI, hasta la fecha no hay muestras de cambios en la política de bitcoin o transparencia, señala Acevedo. 

“Yo veo avances casi en todo en este Gobierno. (Pero) un punto en que veo un retroceso grave institucional es en tema de la transparencia y el acceso a la información. Ni siquiera en tiempos de Arena. Realmente la cantidad de información que está reservada es ridícula”, señala. 

Una recomendación del Fondo que el Gobierno de Bukele sí parece haber tomado en cuenta es el recorte del gasto público en salarios; aunque el experto asegura que la sugerencia estaba encaminada a parar el crecimiento de la masa laboral, no a generar despidos. 

En los últimos meses, el Gobierno anunció la eliminación del escalafón en los Ministerios de Salud y Educación; también ha despedido cientos de personas en varias instituciones del Estado. El Movimiento de Trabajadores Despedidos contabiliza 25,000 despidos en los 5 años constitucionales de Nayib Bukele y lo que va de su segundo mandato inconstitucional.

“Es problemático. Por un lado es cierto que hay un exceso de grasa en el Gobierno, un exceso de contratación en el Estado; pero por otro lado, están los trabajadores y sus derechos”, indicó el expresidente del BCR sobre estas medidas. 

Para Acevedo, las medidas de ajuste fiscal deben ser confeccionadas minuciosamente, tanto por el lado del gasto, a través de recortes al presupuesto, como el de los ingresos, revisando exenciones fiscales y el combate a la evasión. 

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