La CIDH urge al Gobierno de El Salvador a no aprobar la Ley de Agentes Extranjeros
Recientemente más de medio centenar de organizaciones sociales salvadoreñas se pronunciaron en desacuerdo con el anteproyecto de ley.
Por Redacción Voz de América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al gobierno de El Salvador a “abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros”.
La medida, según ellos, pone en riesgo la labor de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en pro de los derechos humanos.
En un comunicado de prensa, ambos organismos expresaron su preocupación por la aprobación de dicha iniciativa, la cual, desde su punto de vista, restringiría el legítimo funcionamiento y “actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente”.
La CIDH denuncia que la norma exige, “en un lapso corto de tiempo, la observancia de requisitos administrativos y de tributación potencialmente arbitrarios o desproporcionados”.
Además de imponer “penalidades graves” a aquellos organismos o personas naturales que desconozcan las disposiciones, “lo que también tendría efectos en el ejercicio de la libertad de asociación y de expresión”.
La propuesta de ley, muy similar a la que posee Nicaragua -y que bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG’s defensoras de derechos humanos, prensa y, en especial a opositores y políticos en ese país- fue presentada al Congreso salvadoreño a petición del presidente, Nayib Bukele, por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el pasado 9 de noviembre.
La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador establecería la obligación de registrarse como «agente extranjero» a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que «respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente, por un mandante extranjero», detalló la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea General, que emitió dictamen a favor de dicho anteproyecto.
Además, gravaría con un impuesto del 40% a todas las transacciones extranjeras, incluidas las donaciones.
El presidente de El Salvador ha defendido la propuesta. El día de su presentación, escribió en su cuenta de Twitter que «básicamente (es) la misma ley que tienen en Estados Unidos».
Denuncias
Recientemente más de medio centenar de organizaciones sociales salvadoreñas se pronunciaron en desacuerdo con la ley, citando en un comunicado «que la ambigüedad de la propuesta representa un obstáculo para la continuidad de sus programas».
La CIDH, por su parte, recordó al Estado salvadoreño que su obligación es “promover y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos de cooperación financieros, tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación”.
“Resulta inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas con el fin de influenciar o limitar las expresiones de personas o medios de comunicación consideradas críticas o contrarias a las voces oficiales o los intereses gubernamentales”, citó el organismo.
* Con la colaboración de Lenny Castro, periodista de VOA, desde San Francisco.
