La concentración del poder alimenta la decadencia democrática en El Salvador

Por Valeria Peralta

Pocos días antes a las elecciones legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano, celebradas en febrero de este año, aseguraba en un artículo que “estos comicios eran cruciales para la conservación del espíritu de representación democrática de los Acuerdos de Paz, pero también para mantener la separación de los poderes del Estado y evitar el riesgo autoritario”. En dicho análisis, expresé, en forma de hipótesis, mi gran preocupación porque el sistema de partidos salvadoreño se degradara “de un pluralismo moderado (como lo caracteriza Álvaro Artiga) a un sistema de partido predominante o hegemónico (haciendo referencia a la clasificación de Giovani Sartori)”. En teoría, esta hipótesis sólo puede confirmarse luego de tres mayorías absolutas consecutivas. Caer en este abismo implicaría el fin de nuestra democracia y de la competencia política.

Al circunscribir el análisis al sistema de partidos de la Asamblea Legislativa, por primera vez en nuestra reciente y frágil democracia, y contrariamente a lo que predecían muchos analistas, un solo partido logró obtener mayoría calificada en la Asamblea. Si bien el resultado de las elecciones del 28 de febrero fue absolutamente legítimo, la disminución sustancial del pluralismo político en la Asamblea favoreció la acumulación de poder en manos del partido oficial y la subordinación del Poder Legislativo ante el Ejecutivo.

El problema no es el poder, sino la acumulación del mismo y el uso que se le dé. En este caso, la concordancia de estos dos poderes del Estado no ha servido para favorecer la gobernabilidad democrática, sino por el contrario, ha profundizado su decadencia. 

El primer atentado de este gobierno contra el Estado de derecho y la democracia ocurrió el 9 de febrero de 2020, cuando el Presidente de la República se atrevió a militarizar y ocupar la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación de un préstamo para la segunda fase del Plan Control Territorial. Un año después, el pasado 1 de mayo, en un hecho igual de grave y condenable, la nueva Asamblea Legislativa rompió con el orden constitucional y democrático al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General de la República. El irrespeto al debido proceso constituyó una clara vulneración del Estado de derecho y del principio de separación de poderes.

Al día de hoy, existen dudas legítimas acerca de si existe o no una separación de los poderes del Estado, especialmente luego de la publicación de presuntos casos de corrupción de funcionarios públicos. Estos casos han sido denunciados por investigaciones periodísticas e incluso en la denominada lista Engel. La corrupción y la opacidad no sólo socavan las instituciones democráticas, sino que además sirven de vehículo para el lavado de dinero y el financiamiento ilícito de las campañas electorales, en detrimento de la competencia política justa y equitativa.

A los abusos y arbitrariedades del gobierno para concentrar aún más el poder, se suma su interés por adecuarlo a su conveniencia. En efecto, en menos de dos meses, el 15 de septiembre, el Equipo Ad Hoc, delegado por el Presidente, presentará el informe final sobre estudio y propuestas de reforma a la Constitución, el cual contempla la incorporación de mecanismos de democracia directa (MDD) como el plebiscito, el referéndum y la revocatoria de mandato. Es importante advertir que si bien estos mecanismos pueden fomentar la participación ciudadana y expresar la soberanía popular, también corren el riesgo de ser utilizados de forma abusiva e instrumentalizados para concentrar aún más el poder. 

En ese sentido, no hay que olvidar que su uso está sujeto a delimitaciones específicas de temporalidad y a ciertas reglas sobre el tipo de consultas que pueden hacerse por esta vía. Por ejemplo, los MDD no deberían utilizarse para revocar disposiciones constitucionales como la prohibición de reelección presidencial. Además, de acuerdo al artículo 85 de nuestra Constitución, el Gobierno salvadoreño es republicano, democrático y representativo, por lo que, en ningún caso, estos MDD deberían reemplazar ni sustituir el mandato de representación de los diputados. Su eventual uso debe ser única y exclusivamente complementario.

Los párrafos anteriores sirven de preámbulo para alertar, afirmar y reiterar una vez más que nuestra democracia está en peligro. La concentración de poder alimenta el riesgo autoritario. Para corregir la grave decadencia democrática en la que nos hemos encauzado, resulta fundamental cuestionarnos cómo fortalecer el pluralismo político y garantizar elecciones libres, justas y competitivas en 2024 y, en eso, los partidos políticos, la ciudadanía y el Tribunal Supremo Electoral tienen una gran responsabilidad.

Estamos alertados. Los salvadoreños debemos revalorizar el sentido que le damos a la política y, especialmente, a la democracia. En mi próxima opinión desarrollaré las condiciones para garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas en 2024.


Valeria Peralta Albanez
Es politóloga, con maestría en Gobierno y Administración Pública. Tiene experiencia en el análisis de políticas públicas y de programas y proyectos de desarrollo sostenible en organismos internacionales, así como en la coordinación de proyectos destinados a promover el voto informado y fortalecer el liderazgo y empoderamiento de las mujeres, pero también en la investigación y el análisis político, particularmente en los temas de democracia, elecciones, sistemas de partidos, participación política de las mujeres y política exterior. Es miembro de la Red de Politólogas.

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