“La garantía de que no haya un fraude en cualquier elección es que la ciudadanía se apropie de ellas”

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández transmitida el domingo 21 de febrero de 2020)

Jorge Ceballos. director residente del Instituto Republicano Internacional (IRI) en El Salvador, y Eduardo Núñez, director regional de los programas regionales del Instituto Nacional Demócrata (NDI) para Centroamérica, hacen un amplio recorrido sobre el papel que juega la ciudadanía como garante final del próximo proceso electoral, con base a ello y lo mostrado por las autoridades salvadoreñas -tanto electorales, como de seguridad-, ambos prevén una elecciones limpias y dan su voto de confianza al resultado final, uno que depende del electorado y de la vigilancia permanente de la ciudadanía que de los números que arrojan las encuestas o los intereses de los partidos políticos.

El IRI estuvo, la semana pasada, durante el simulacro del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego del mismo, el presidente Bukele puso en duda el sistema el sistema de transmisión de actas. Por la experiencia del IRI, Jorge. ¿Usted diría que el TSE está listo para utilizar la tecnología en las elecciones del próximo 28 de febrero?

J.C.: La parte tecnológica que va a utilizar el TSE en esta elección es solo un punto y es el punto final de las elecciones. El resto es lo mismo que se ha hecho en las últimas 29 elecciones que El Salvador ha tenido. ¿A qué me refiero con esto? Pues, a que, el día de las elecciones cada ciudadano y ciudadana va a ir y emitirá su voto -obviamente con las medidas de seguridad por su salud: tomando el distanciamiento y utilizando gel para las manos- y al llegar el final de la elección, quienes integren las Juntas Receptoras de Votos (JRV) van a sacar las papeletas (de las urnas), los van a dividir conforme a las banderas y los partidos y van a hacer el conteo como siempre lo han hecho.

La parte tecnológica es que ahora no van a llenar un acta en papel sino van a llenarla a través de una computadora, donde cada uno de los integrantes de la JRV verán los resultados a través de un proyector. Posteriormente, van a imprimir esa acta, luego que se haya terminado el conteo, la van a discutir y revisar entre todos y si están de acuerdo, la firmarán, la escanearán nuevamente, harán una impresión, para que cada uno de los que integren esa JRV tengan una copia, y hasta ese momento se va a hacer la transmisión de datos. Esta es la parte innovadora o tecnológica.

¿Por qué digo que es casi hasta el último punto? Porque antes, si recuerdan, los resultados se llenaban a mano en el acta y luego la llevaban a una oficina del centro de votación, donde los mismos miembros de la JRV la escaneaban y la transmitían. Ahora, la transmisión la van a hacer directamente en la mesa. Esa es la de innovación. El TSE ha estado mejorando y preparando esta plataforma; Sin duda ha tenido retos, como cualquier otro sistema electoral, pero han ido mejorando.

La magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, no estaba convencida sobre el uso de la tecnología en la transmisión de los resultados y solicitó al Tribunal una auditoría internacional e independiente. ¿Usted está de acuerdo en que se necesita esta auditoría internacional al sistema de transmisión, al sistema de transmisión particularmente?

J.C.: Sin duda el acompañamiento y la observancia de cualquier institución ajena a los procesos electorales siempre es positiva. Pero tenemos que recordar que las auditorías internacionales, específicamente en estos casos y Eduardo podrá ampliar un poco más, siempre tienen que ser con tiempo. Y dado que la pandemia de COVID-19 nos vino a cambiar un poco las agendas pues obviamente no se puede hacer (una auditoría) de la noche a la mañana. Sin embargo, la base del éxito de este proceso y de este sistema electoral también es el acompañamiento de los ciudadanos que van a estar en las JRV, en las Juntas de Vigilancia, y sobre todo que el proceso, insisto, no es que sea tecnológico totalmente. Lo único que está cambiando es la forma de llenar el acta. Obviamente siempre cae bien una auditoría externa, pero dada el tiempo y la pandemia de COVID-19, no se pudo hacer. Entonces, la responsabilidad cae en esa ciudadanía responsable que va a hacer el acompañamiento del proceso.

La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dice que cerca del 49% de los encuestados tienen poca o ninguna confianza en el próximo proceso electoral; y el 68.1%, que tiene poca o ninguna confianza en el TSE. En perspectiva, esta baja confianza no es nueva, pero estamos en unas elecciones en las que, tanto el presidente de la República, Nayib Bukele, como su partido, Nuevas Ideas, insisten en que podría haber un fraude. ¿Qué consecuencia al sistema democrático y al proceso electoral nos traerá este discurso?

E.N.: Efectivamente hay una valoración pesimista de las personas entrevistadas en las encuestas con relación a la confiabilidad del proceso electoral y del TSE. Algo que no es nuevo sino que viene reflejando un estado anímico de la sociedad salvadoreña desde ya hace algunos años, en donde ha mostrado un nivel de satisfacción bajo con el desempeño de la democracia. Y, probablemente, uno de los niveles de apoyos a la democracia más bajos, sino es el más bajo en América Latina.

“Lo que vemos hoy es consecuencia de una suerte de erosión de la confianza que los ciudadanos y las ciudadanas de El Salvador tienen en la institucionalidad democrática en su conjunto. Y particularmente, en el que es el pilar de la construcción de la legitimidad de las instituciones democráticas: el proceso y la autoridad electorales.”
Eduardo Núñez, director regional de los programas regionales del Instituto Nacional Demócrata (NDI) para Centroamérica.

Me parece que ese marco general se ve agudizado por lo que podríamos llamar una suerte de nueva polarización. La polarización es como el signo de la época a nivel global. Lo hemos visto en casi todos los procesos electorales que se desarrollan en los últimos años y en el clima político general. Pero, digamos que hay una nueva polarización distinta en el caso salvadoreño. Es la polarización entre lo nuevo y lo viejo. La polarización entre lo que emerge y lo que parece tender a desaparecer. Todos los sistemas políticos son fluidos, están en permanente transformación, pero en El Salvador se acelerado esa transformación. Primero, a partir de resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, posteriormente, con la irrupción de nuevas organizaciones, como la que lidera el presidente Bukele.

Esa polarización entre lo nuevo y lo viejo genera que la gente, particularmente la joven, tienda a valorar de una manera más dura y crítica a las instituciones y a los actores políticos, económicos y sociales que representan al viejo sistema. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando se pierde la fe en la institucionalidad y la confianza en las elecciones, que es lo que dota de la legitimidad de origen a los cargos electos, ya sea un presidente o presidenta, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, etcétera. A final de cuentas, lo que construimos, es la duda sobre el sistema democrático en su conjunto. Si no confiamos en la forma en que elegimos nuestros cargos no vamos a confiar en la forma en que se desempeñan nuestros cargos. Estamos cuestionando la legitimidad de origen y eso es un problema, porque recuperar la confianza en la institución electoral y en la elección, como una institución fundamental, es muy difícil. Entonces es un juego particularmente peligroso en el que hemos entrado varias sociedades a nivel global. Y lo que tenemos que entender que si se cuestiona la elección, se cuestiona posteriormente la legitimidad de los cargos electos y ese es un peligro que tenemos que cuidar a futuro para proteger nuestra evolución democrática.

Ahora, siempre hablando de las encuestas, el 41% de los encuestados confían en que las elecciones van a ser limpias contra un 37.9% que cree que va a haber un fraude. ¿Hay condiciones de fraude en las próximas elecciones?

J.C.: Un rotundo no, en el sentido de que si evaluamos las elecciones o los procesos electorales en los países en América Latina, nosotros estamos todavía realizando un método que se llama piecito, que es con el papel. Realmente la fortaleza del proceso electoral radia en que es el ciudadano quien protege el voto, porque no es una máquina con la que va a ir a votar y donde puede haber un apagón. El voto sigue siendo el ciudadano con una papeleta y la cuentan ciudadanos, que aparte de ser ciudadanos que han sido convocados para las JRV tienen los vigilantes de los partidos políticos. O sea, la mayor seguridad de este proceso electoral está en la propia ciudadanía. El tema de fraude genera, como decimos, una bulla y muchas veces el ciudadano, con tanta información a su rededor lo toma como propio. Pero es ahí donde se debe llamar a una ciudadanía responsable a, primero verificar la información y, segundo, a confiar en que ellos mismos, su hermano, su primo, su amigo, su mamá, son los que están cuidando los votos en esas JRV.

E.N.: Es absolutamente legítimo que los ciudadanos confíen o no en una institución.

¿La duda es legítima?

E.N.: La duda razonable me parece que es legítima y eso tenemos que señalarlo. No podemos pedirle a los ciudadanos y a las ciudadanas, a pesar de nuestros 40 años de democracia, que crean a ojos cerrados de que todo es perfecto. No, me parece que es legítimo. Y una ciudadanía incómoda, una ciudadanía crítica, una ciudadanía demandante obliga a las instituciones democráticas a funcionar mejor.

Pero me parece que el elemento central que plantea Jorge debemos de volverlo a remarcar. La garantía de que no haya un fraude en El Salvador, en Honduras, México, Guatemala, Estados Unidos o Europa es que el ciudadano se apropie del proceso electoral. ¿Y cómo lo hace? Participando de las JRV, participando como vigilantes o fiscales de partidos políticos, asegurando el respeto a la legalidad, participando como observadores electorales nacionales o internacionales. Hay múltiples maneras de generar garantías, candados, mecanismos de acompañamiento.

En ese sentido, lo fundamental es que los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas lo recuerden. Al final es la ciudadanía la que hace la elección, la que votan, la que integra las juntas, la que son vigilantes de partidos, la que son candidatos y candidatas, la que se llevan su acta en representación del partido para que pueda tener una garantía de que los resultados se van a respetar y se van a totalizar al final. Pero también porque el TSE ha hecho ya varias elecciones y las ha hecho bien. Y me parece que hay que basarnos en la evidencia y no solo en la percepción. Tenemos que ver los hechos y no solo imaginarnos lo que podría estar eventualmente mal. Y entonces abramos un debate legítimo pero basados en evidencia y no basados en información que puede ser presunción, imaginación o en algunas ocasiones, como hemos visto en otras elecciones a lo largo del mundo, desinformación.

¿Los ciudadanos están realmente apropiados del proceso, de su rol de vigilantes? Y dos, si las garantías están en los ciudadanos pero también tenemos a una ciudadanía que se mueve entre esta polarización entonces podríamos estar ante un riesgo real de desconfianza y de desestabilización ante las próximas elecciones.

J.C.: En América Latina y en el mundo, en general, vemos un ambiente donde la ciudadanía tiene una pérdida de confianza en el sistema democrático y, de una u otra manera, se ha venido alejando de los procesos políticos y sociales. Obviamente ese es un reto no solo para los partidos políticos, las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos, la cooperación internacional en general y para todos los que vivimos y compartimos territorio.

“Muchos creemos que la democracia es el fin o es la meta, y no es así. La democracia es el camino que se construye día a día, donde debe existir responsabilidad de las y los ciudadanos a través de una fiscalización y de un cuestionamiento hacia las instituciones públicas y a sus actores sociales y políticos.”
Jorge Ceballos. director residente del Instituto Republicano Internacional (IRI) en El Salvador

Esto va de la mano, de un sistema de educación, de generar oportunidades. Tampoco se le puede pedir a la ciudadanía que se involucre en los procesos sociales y políticos si está pensando en que no tiene trabajo, en que lo están asaltando, en que tiene muchas necesidades por cubrir.

Es un trabajo grande pero que todos los actores tienen que aportar. No veo que estemos a un abismo, pero sí hay que reconocer y hacer un llamado de atención para todos, pero especialmente para los ciudadanos, de que seamos fiscalizadores y responsables de la información que nos llega. A veces nos llega tanta información que solo venimos y reenviamos lo que nos mandaron en Whatsapp. Esa es una responsabilidad propia. Eso no se lo puede dar a un político o a un actor social. Si usted no está seguro de la información que usted tiene, no la disperse. Ese es el primer paso para poder hacer que las democracias avancen y que los procesos tengan los resultados óptimos para un Estado.

¿La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Electora debería ser más activa en nuestro país para sumar a las garantías de confianza y transparencia del proceso electoral?

E.N.: Naturalmente. La calidad o la integridad de una elección está determinada por la calidad de las normas; la calidad y la capacidad de las instituciones que tienen el papel para garantizar esa integridad; y, sin lugar a duda, por la calidad de la ciudadanía.

Hay un conjunto de instituciones que tienen que cumplir responsabilidades centrales para proteger las elecciones y asegurar que el ciudadano y la ciudadana tengas las mejores condiciones posibles para el ejercicio de su derecho a votar. Sin lugar a duda, El TSE tiene la responsabilidad principal; pero la FGR también. La Fiscalía debe tener la capacidad para mejorar la capacidad de la cobertura territorial para garantizar la representación de esa institución estratégica para que los ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas, etcétera, estén en condiciones de presentar denuncias y acudir al marco que la ley establece, que es judicializar la forma en que siente que están siendo afectados sus derechos por la forma en que percibe que puede cometerse o no un delito de carácter electoral. Pero también hay otras instituciones que pueden jugar papeles importantes como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Huanos (PDDH), para supervisar el ejercicio de los derechos políticos por parte de los y las ciudadanas. Y las fuerzas de seguridad, que tienen un papel absolutamente central para garantizar el ejercicio pacífico del voto. O sea, el ejercicio del voto en condiciones de ausencia, de amenaza es fundamental.

Habla del rol de las instituciones de seguridad en garantizar un proceso pacífico. En el caso salvadoreño, ¿Ustedes ven que las instituciones de seguridad, en este caso la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), están jugando ese papel de garantes de un proceso pacífico?

E.N.: Podría decir que, en términos generales, las fuerzas de seguridad desde hace bastantes años han asumido responsablemente la función de cuidar que las elecciones se desarrollen en contextos de reducción de amenaza. Y de asegurar, además, por ejemplo temas centrales como el control perimetral de centros de votación y recintos electorales. O garantizar el traslado seguro de materiales electorales pero, particularmente, la recuperación segura de los materiales electorales, particularmente de los votos y las actas físicas que son las que al final establecen los resultados definitivos de una elección.

Hay evidencia, desde hace muchos años, que las Fuerzas Armadas y las de seguridad civil, como la PNC, se han comprometido en colaborar con las autoridades electorales y garantizar las elecciones. Y yo guardo la esperanza de que así seguirá siendo en El Salvador, como ha sido en el pasado, en contextos de seguridad mucho más complejos. Lo hicieron en contextos del conflicto armado interno. Lo hicieron en contexto de la expansión del control territorial de maras y pandillas, que hubo una presencia expansiva años atrás. Estoy confiado, desde afuera como un actor externo de que esa misma actitud, ese mismo compromiso, se va a ratificar para las elecciones del próximo domingo como lo hicieron en 2019. Las garantizaron de una manera razonablemente efectiva. Es más la convicción, a la luz de lo que vemos a nivel general en el pasado, de que hay una disposición de las fuerzas de seguridad de trabajar de la mano con la autoridad electoral para garantizar las condiciones de seguridad.

“Está el deber ser y las expectativas de que siga siendo así». Pero, ¿en el caso salvadoreño están las condiciones para garantizar que la PNC y la FAES van a contribuir a esa garantía de un proceso electoral pacífico?

J.C.: Nos vamos a ir al tema de evidencia, como bien planteaba Eduardo, históricamente y las instituciones de seguridad siempre han sido garantes de que los procesos electorales tengan esa dinámica de paz y de seguridad. No va a ser la excepción porque también, recordemos, estas instituciones tienen bien claro que el objetivo de su trabajo es fortalecer y seguir construyendo la democracia, que de una u otra manera ha costado tanto mantener en nuestros países de la región. Sin duda habrá retos y algunas situaciones aisladas como en cualquier otro proceso electoral en América Latina y en el mundo, que son natos porque somos seres humanos y tendemos a eso. Pero las fuerzas de seguridad, tanto de la PNC como del ejército, saben el papel tan importante que juegan en la democracia, que el cuidado del proceso electoral es de suma importancia para que se siga manteniendo ese camino democrático que ha tenido El Salvador.

Hablando del Estado de la democracia y, sobre todo, del periodo después de las elecciones del 28 de febrero. Hablemos de escenarios postelectorales. El presidente Bukele y su partido piden a los ciudadanos salvadoreños que le den mayoría en la Asamblea y las encuestas le dan una ventaja indiscutible. ¿Qué efectos tendría esta ventaja en la Asamblea sobre las instituciones democráticas salvadoreñas?

E.N.: No será la primera vez que pasa algo así… Todos los Gobiernos desean mayoría legislativa. No hay Gobierno que no espere una mayoría que le garantice condiciones o facilidades suficientes para gobernar. Y si algo hemos visto, por ejemplo, durante este periodo de la pandemia en todo el mundo fue los grados de consenso notable a los lineamientos que tuvieron los congresos con los ejecutivos. Y ese es el escenario ideal para cualquier gobernante. Eso no será una expectativa exclusiva del señor presidente Bukele sino que lo podemos encontrar a los largo y ancho del mar. A final de cuentas los resultados de las elecciones son hijas de la decisión autónoma y, ojalá, de la ciudadanía. Y no nos corresponde juzgar si una decisión es correcta o incorrecta en términos de la voluntad electoral, siempre y cuando esa voluntad electoral se vea reflejada en los resultados que al final se presentan. Ese es el punto.

Dicho esto, si el señor presidente logra obtener la mayoría que espera, creo que eso es un mandato popular. Para el caso de El Salvador, como para el caso de México, que tenemos un presidente sumamente fuerte y popular con una mayoría legislativa sólida; o como el caso de Costa Rica, hace 30 años atrás, en el Gobierno de Liberación Nacional, tuvo una mayoría calificada unilateral en el Congreso.

“El ejercicio del poder siempre conlleva el apego a ciertos principios democráticos. Y es entender que toda democracia requiere pluralismo. Un mandato mayoritario no significa obviar a la minoría sino reconocer el derecho de esta a discernir. Una democracia requiere del disenso.”
Eduardo Núñez, director regional de los programas regionales del Instituto Nacional Demócrata (NDI) para Centroamérica.

De la misma manera que es legítimo que un ciudadano dude de las instituciones electorales o crea que puede haber fraude y demande mayores garantías, de la misma manera van a haber ciertas minorías que van a disentir de la decisión que la mayoría social o política tome. Y debe de protegerse el derecho de esa minoría al seguir estando representada. A mí me parece que el sistema electoral salvadoreño está construido fundamentalmente para proteger eso. A unos le pueden gustar o no el sistema electoral salvadoreño para elegir los diputado y diputadas. A unos les puede parecer correctas o no las decisiones que en su momento tomó la Sala de lo Constitucional. Puede ser sencillo o complejo. Puede ser amigable o no amigable, pero lo que busca en el fondo es proteger la pluralidad. Es un sistema que hace muy difícil la obtención de mayorías unilaterales a un partido político…

¿Por qué asegura esto?…

E.N.: … Porque el sistema puede producir resultados que no se ajusten a las expectativas de los partidos políticos.

¿Cuáles son esos elementos claves que garantizan el pluralismo en el sistema electoral salvadoreño?

E.N.: Primero, tiene que ver el tamaño de los distritos. Hay al menos seis distritos electorales (circunscripciones o departamentos) que eligen únicamente tres diputados y diputadas, lo cual hace muy difícil que una sola fuerza política, digamos, tenga la capacidad de alcanzar una mayoría sólida. Eso inevitablemente hace que exista la posibilidad de que minorías políticas puedan quedar representadas. También, el otro elemento que existe es el sistema de representación proporcional. ¿Qué significa eso? Que todo sistema de representación proporcional lo que busca es equilibrar mayorías y minorías. Y ustedes utilizan un método específico que lo que hace es fundamentalmente establecer un cociente y un residuo. Por la vía de los residuos tiende a premiarse a las minorías por encima de las mayorías, entonces eso también genera otra ventana de posibilidad de representación a minorías, digamos, políticas en el ámbito legislativo o en el ámbito municipal…

Muy bien…

E.N.:… Y además, este sistema tan particular que tiene El Salvador, también incluye el fraccionamiento del voto. Y de listas abiertas y bloqueadas donde hay la posibilidad de votar de manera combinada, en donde los pesos de los partidos se equilibran con los pesos de individuos o de los candidatos y candidatas. En resumen, tienen un sistema que tiende a privilegiar el voto individual o el voto por persona,a veces por encima del voto por partido. Ahora, eso cambia dependiendo de la forma en que los partidos estén posicionados en el imaginario social y en que sean confiables o no, en que sean queridos o no, para decirlo de alguna manera. Entonces es un sistema en transición. Pero desde este conjunto de mecanismos hace muy difícil predecir, digamos, un resultado electoral de una manera bien precisa.

En un escenario postelecciones, en el que el Ejecutivo tendría también una mayoría en la Asamblea Legislativa. ¿Qué debe fortalecer el Órgano Judicial para cumplir, también, con su rol de hacer contrapeso a una hegemonía del Ejecutivo y el Legislativo?

J.C.: El sistema de justicia en todos los países no es que haga un contrapeso es que tiene que hacer su trabajo de realizar que la justicia sea para todos en igualdad, para todas y todos y, sobre todo, que sea en base a la evidencia que se presenta. El sistema de justicia es, sin duda alguna, uno de los pilares de este camino que llamamos democracia. Y para eso debe haber un profesionalismo dentro de los jueces, que exista una carrera judicial y, sobre todo, independencia. Pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana, si no existe también eso que hemos mencionamos: la participación responsable de las y los ciudadanos. En la medida de lo posible, en que exista este llamado a instituciones fuertes e instituciones transparentes, pues obviamente existe la presión para que el sistema de justicia y sus jueces puedan tener la ética para poder ejercer su profesión y sobre todo emitir los fallos. Insistimos, muchas veces vemos al sistema de justicia o a los jueces como estos extraterrestres que vienen de marte y no, son ciudadanos y ciudadanas que son amigos, familiares del resto de la gente de un país. Entonces, el llamado es a seguir trabajando bajo principios de ética y profesionalismo para que la justicia sea esa vértebra que permita el desarrollo de los países a través de las inversiones y la seguridad jurídica.

Sus organizaciones, el IRI y el NDI participaron en la presentación de un estudio sobre la cooperación de Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Este estudio recomienda que Estados Unidos priorice la cooperación en la región para luchar contra la corrupción. ¿Qué proyectos específicos para la lucha contra la corrupción debería priorizar la cooperación estadounidense en Guatemala, El Salvador y Honduras?

E.N.: Si uno hace una lectura de la actual situación en la lucha contra la corrupción y la impunidad que se ha dado en América Latina, en general, uno se da cuenta de que ha habido un fuerte énfasis en la persecución penal de las redes, individuos y prácticas de corrupción. Y ese es un camino necesario, sin lugar a duda hay que fortalecer las capacidades de investigación final. Hay que fortalecer las capacidades de persecución criminal de las fiscalías o ministerios públicos. Hay que fortalecer la capacidad de administración de justicia. Hay que fortalecer las condiciones de acceso a la justicia para las personas que sean víctimas de redes y prácticas de corrupción y hay que fortalecer la capacidad sancionatoria.  Esta línea me parece que está clara, pero ese ha sido como el énfasis principal que hemos visto en buena parte de América Latina: Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Honduras y Guatemala y, en alguna medida, ustedes mismos en el caso salvadoreño.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción requiere un enfoque mucho más complejo, mucho más integral. Hay que actuar también para prevenir la corrupción. O sea, el círculo de combate a la corrupción pasa por: la prevención, la detección temprana, el establecimiento de mecanismos normativos e institucionales que permitan prevenir corrupción, por supuesto control y sanción de la corrupción. Si yo tuviera que apostarle a algo, y si pudiera en algún momento sugerirle a la cooperación de los Estados Unidos, que es una cooperación oficial de la que nosotros no formamos parte de manera directa, es que le pongan énfasis al fortalecimiento de las instituciones. Pero no solo de las instituciones de control y de justicia sino del conjunto de la institucionalidad democrática.

¿Para qué? Por ejemplo, para que los organismos legislativos desarrollen capaces de control político y fiscalización presupuestaria efectiva; para que las procuradurías de derechos humanos puedan acompañar a los ciudadanos para enseñarles cómo presentar demandas y reducir la tolerancia efectiva que tienen a prácticas de corrupción; para que los partidos políticos desarrollen capacidades preventivas para evitar que dinero ilícito de redes de corrupción penetre en sus estructuras; para que se mejoren los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; para que se mejoren los mecanismos de Gobierno abierto, etcétera.

“O sea, necesitamos un enfoque que ponga ahora énfasis en los mecanismos de prevención y detección temprana. Y ahí la comunidad internacional lo que tiene que hacer es acompañar, porque las capacidades tienen que ser locales.”
Eduardo Núñez, director regional de los programas regionales del Instituto Nacional Demócrata (NDI) para Centroamérica.

J.C.: Si me permite agregar a esa parte final que decía Eduardo. Es importante reconocer que la Cooperación Internacional puede hacer un acompañamiento y puede poner ciertos lineamientos por obvias razones de las relaciones diplomáticas de los Estados. Entonces si no llenas estos requisitos pues obviamente nuestra relación no va a ser en buena coordinación. Pero si no hay una conciencia de los actores sociales y políticos del país en reconocer que hay debilidades estructurales en las instituciones, en los procesos y no existe también esa agenda mínima, que cada uno podrá pensar diferente pero construir esa agenda mínima en el desarrollo de minimizar la corrupción, pues podrá venir cantidad de dinero de la Cooperación Internacional que no va a tener los frutos. O sea, el cambio tiene que empezar desde los liderazgos sociales y políticos del país.

Nosotros ya tenemos una CICIES que justamente canaliza y moviliza recursos de la Cooperación Internacional que deben de estar orientados a minimizar la corrupción. ¿Qué debe pasar con nuestra CICIES para que su intervención sea más efectiva en minimizar, en prevenir y por supuesto en perseguir la corrupción?

J.C.: Es que tenemos que dividir en dos factores. O sea, hay un Órgano que está ayudando en la investigación y en encontrar o hallar los casos de corrupción, pero esa es la parte investigativa, ya cuando existió el hecho, digámoslo así. Pero por el otro lado, debe haber el cambio de la cultura de corrupción que ha crecido no solo en El Salvador sino en muchos de los países, que va de la mano de los cambios de hábitos de los distintos actores. Entonces, si no existe también un cambio en la cultura institucional y también en la cultura de los liderazgos políticos y sociales, pues podrán tener ustedes al mejor guardián o al mejor investigador que encuentre los casos de corrupción, pero van a seguirse sumando. O sea, es un trabajo paralelo en coordinación de los diferentes niveles del sistema de justicia.

E.N.: Ahora mismo, lo que nos está enseñando algunas experiencias comparadas a nivel global, en el caso de América Latina, el caso de Chile y de México. Al menos en la dirección normativa institucional es que la ruta para un combate más efectivo a la corrupción pasa porque hay sistemas nacionales anticorrupción, en donde las esperanzas no se depositan únicamente en un actor externo, aunque en ocasiones son actores externos los que pueden venir, digamos, a revolucionar, a dinamizar ciertas situaciones de estancamiento. Pero a final de cuentas son sistemas, sistemas que incorporan actores del Ejecutivo, del sector Justicia, el sector Legislativo, órganos de control con mandatos diferenciados y mecanismos de coordinación. Hemos avanzado ahí en la dimensión normativa y en el diseño institucional aunque nos faltan dientes, en esas experiencias que le dije. Pero es a lo que habría que apostar. No es apostar a que la CICIES va a producir la transformación, aunque guardamos todos esperanza de un desempeño importante de la Comisión, sino es cómo fortalecer las instituciones nacionales y cómo generar mecanismos de participación social que fortalezcan esas instituciones en el marco de lucha contra la corrupción.