La vacuna es un derecho, no un regalo

Editorial

El Gobierno de El Salvador emprendió una cruzada por la vacunación contra la covid-19, en una carrera por inmunizar a las y los salvadoreños en el menor tiempo posible.

Hasta la grabación de este editorial, la información disponible públicamente detallaba los datos del 20 de abril, a esa fecha, la población total vacunada en El Salvador era de 622,912 personas con un promedio de 35,550 personas vacunadas diariamente. La información no especifica la cantidad de salvadoreños que ya han recibido la segunda dosis.

La aplicación de la vacuna contra la covid-19 es un derecho humano, y está bajo la protección del derecho a la salud, es un servicio público que debe ser garantizado de forma universal y gratuita por cualquier Estado alrededor del mundo.

A pesar de ser normativamente un derecho, la salud en El Salvador a lo largo de los años, no ha sido garantizada universalmente, sino, por el contrario, ha sido un bien público caracterizado por la precariedad. A pesar de pequeños avances, sigue siendo inaccesible a la población más remotas. La exclusión territorial y económica ha sido durante años la norma. Las condiciones en infraestructura y servicios no han tenido a la fecha un cambio sustancial.

Por eso no es extraño identificar que, en el contexto de la campaña de inmunización contra la covid-19, y el lanzamiento del megacentro de vacunación, hasta entonces ofrecido como una tercera fase de un hospital de 1,000 camas disponibles, el gobierno haya orientado una estrategia comunicacional, como nos tiene acostumbrados, para proyectar un aparente cambio en la calidad de los servicios de salud en el país.

Pero hay que decirlo, del megacentro a la realidad hay un trecho de publicidad.

Y no tenemos dudas al respecto. El Gobierno de El Salvador ha sido exitoso en publicitar la inauguración, fases y centralización de su estrategia de vacunación, procurando con ello, reducir cualquier crítica sobre las deficiencias vigentes del sistema pero también sobre aspectos que merman su trabajo, comenzando por la deuda con la transparencia.

No solo ha sido el despliegue de fotógrafos persiguiendo a críticos del gobierno en los centros de vacunación, sino, además, ir por encima de la descentralización de los servicios de salud, y trasladar a la gente a la vacuna y no la vacuna a la gente, en un esfuerzo por hacer valer la inauguración del megacentro de vacunación.

A esto se suma, la excesiva discrecionalidad en el manejo de la información sobre el plan de vacunación. La opacidad y el secretismo no solo nos mantiene expectantes al anuncio publicitario de la próxima fase de beneficiarios a recibir esta dosis, sujeta a tiempos definidos por criterios desconocidos, sino que, además, comienza a lastrar la confianza de las estadísticas nacionales.

La Universidad de Oxford informó recientemente a través de una comunicación con el epidemiólogo Alfonso Rosales, miembro de la Asociación Americana de Salud Pública, que hasta la fecha de este editorial, no disponen de información suficiente para actualizar el desempeño de vacunación en El Salvador, particularmente de aquellos salvadoreños y salvadoreñas que han recibido su segunda dosis, que es con la que realmente el país va alcanzar la inmunidad de rebaño tan necesaria combatir la pandemia.

La protección del gobierno a la salud de los salvadoreños es un derecho inherente a la condición de ciudadanos. No es un regalo. Es un retorno a las aportaciones de las y los trabajadores para sostener un incipiente sistema de protección social universal, del cual la salud es tan solo uno de los componentes.

Hace falta mucho por hacer del sistema de salud un sistema ejemplar, la jornada de vacunación es tan solo uno de sus pilares, hasta entonces, como ciudadanos estamos llamados a ser conscientes de nuestros derechos y a exigir un servicio digno.

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