Las autoridades de El Salvador siembran el caos al incautarse y operar dos líneas de autobús
El decomiso de las unidades por parte del Gobierno ocasionó caos en los puntos de buses de la ruta 42 y 152. Otro aspecto que está en entredicho es el procedimiento legal con el cual el gobierno sancionó el incremento en el costo al pasaje.
Por Karla Arévalo.
Dos paradas de autobuses en la capital —que despachan unos 293 autobuses cada día— rebalsaron de personas el lunes luego de que el Gobierno de El Salvador se incautara las unidades de transporte público de una empresa privada, tras arrestar a su propietario por incrementar el costo del pasaje.
Aunque miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Ministerio de Obras Públicas condujeron los autobuses durante las primeras horas, el cambio provocó aglomeraciones y molestias en algunos usuarios, pues las instituciones no lograron coordinar la salida ni el recorrido exacto que hacían los buses anteriormente.
“No es posible que lleguemos tarde por estos cambios. Los buses salían antes cada cinco o 10 minutos. Yo tuve que esperar hasta una hora y media para abordar uno y lo peor es que se fue por donde no era la ruta”, expresó a la Voz de América Maura Anzora, quien viajó desde San Salvador a Santa Tecla, un municipio ubicado a 15 millas del lugar.
El sistema de autobuses en el país centroamericano es administrado por la empresa privada. Pero el Gobierno, desde hace más de una década les ha dado un subsidio de entre 200 y 400 dólares a los empresarios por cada bus; y aunque no siempre les ha llegado puntual el pago, la medida ha servido para afrontar la inflación mundial.
Pero el encarecimiento del combustible, que ya se vende en casi 5 dólares el galón en El Salvador, hizo que algunos empresarios de buses incrementaran el costo del pasaje entre 0,10 y 0,20 centavos de dólar. Es decir, si antes Maura pagaba 0,20 centavos de dólar por viajar de un municipio a otro, algunas rutas comenzaron a cobrarle 0,30 centavos de dólar.
Ante el incremento repentino y sin autorización oficial, el Gobierno —que administra los permisos de circulación de los autobuses, es decir, las líneas de concesión— decidió quitarle los permisos a las rutas 42 y 152, propiedad del empresario Catalino Miranda, quien un día antes sostuvo una reunión en Casa Presidencial para hablar sobre el tema, y horas después fue capturado.
Las nuevas reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en El Salvador facultan al Estado a iniciar un proceso de suspensión de líneas de circulación en casos como este, pero advierte que el proceso puede llevar varios días.
Sin embargo, la abogada penalista Marcela Galeas señala a VOA que el problema está en que el Código Penal de El Salvador no contempla cárcel al hecho de incrementar el costo al pasaje y por lo tanto la captura de Miranda no procede por tratarse de un delito “inexistente”. Asimismo, considera que no hay asidero legal en que el gobierno tome los autobuses del empresario y opere con ellos.
De igual manera, gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) consideran el acto como una “expropiación”. “Violar la propiedad privada no soluciona un mal servicio público. La expropiación no solo viola el derecho a la propiedad privada de una persona o empresa sino que pone en riesgo el patrimonio. ¿Es la expropiación un mensaje que ayude al país a atraer inversión?”, señaló la asociación en un comunicado.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, en declaraciones a la Telecorporación Salvadoreña, dijo reconocer que el sector del transporte ha sido acusado de ser “abusivo con los usuarios”.
“Siempre ha habido abusos, ilegalidades e irregularidades; y las Asambleas Legislativas pasadas les han estado renovando el subsidio sin mayores condiciones. Pero, ante un abuso, no podemos reaccionar con otro abuso”, dijo.
“Una cosa es quitar los permisos de línea para brindar el servicio de transporte público y otra es apropiarse de las unidades que no son propiedad del Estado sino de una empresa privada. No estoy defendiendo a nadie sino que hablo en el marco de la ley”, explicó Ortiz.
¿Qué dice el Gobierno salvadoreño?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, justifica las medidas en el artículo 110 de la Constitución de El Salvador, el cual recoge: “El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas. (…) También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas”.
El mandatario ya pidió al ministro de la cartera de Transporte preparar más conductores en caso de que otros empresarios de buses decidan parar el servicio ante las medidas: Bukele advirtió en su cuenta de Twitter que si eso ocurre, “habrá que intervenir todas esas unidades también”.
En cuanto a la captura del empresario, la Policía indicó que Mirada fue arrestado, no por incrementar el costo al pasaje sino por el delito de “resistencia agresiva”, el cual sí contempla penas de entre los seis meses y dos años de cárcel.
Para el presidente del Congreso salvadoreño, Ernesto Castro, el Gobierno no ha hablado de confiscación o de expropiación de bienes; y argumentó en una entrevista televisiva que la medida del gobierno tiene base legal.
“Los artículos 110 y 112 de la Constitución son la base legal de esto, pero igual ahí están los tribunales para que vayan a defenderse. (…) No cumplió el contrato de la concesión. Las concesiones son claras y las concesiones dicen que hay ciertas cosas que no debes hacer, por ejemplo, si el tarifario de los buses están claros con el Gobierno, ellos no pueden estar cobrando más que lo que el tarifario dice”, aseguró Castro.
La Constitución faculta al Estado para administrar provisional y excepcionalmente los servicios públicos prestados por empresas privadas, pero también es clara en su artículo 106 que al expropiar un bien, el Estado debe pagar una indemnización. Y solo se puede evitar pagarla si la empresa fue constituida con fondos públicos.
En el caso de Miranda, por el momento, no se ha hablado de una indemnización por la toma de las unidades.
Por otra parte, la confiscación está prohibida en la carta magna.
La Fuerza Armada, protagonista
La Fuerza Armada de El Salvador entra una vez más a la palestra pública por estar involucrada en actividades fuera del marco constitucional: hoy son militares los que conducen el transporte público, mientras el gobierno salvadoreño contrata conductores para las rutas.
El artículo 168 de la Constitución establece que la Fuerza Armada es responsable de “la defensa de la soberanía del Estado» y de la «integridad de su territorio» y solo en casos excepcionales, «si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública».
Pero el gobierno salvadoreño ha utilizado a la institución para tareas relacionadas con el COVID-19, como la entrega de alimentos casa por casa. También ha hecho uso de la institución para apoyar el patrullaje comunitario, el cual es facultad de la Policía Nacional Civil.
Al menos unos 225 motoristas han quedado sin empleo tras la medida. Algunos piden ser reintegrados a sus trabajos.
