Las mafias de la tierra
Por Julio Gutiérrez
El pasado 20 de mayo, el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) denunció el caso de una amenaza de desalojo en la playa El Icacal, una zona de manglar ubicada en el departamento de La Unión. En una conferencia de prensa, la organización reportó que una empresa privada busca adueñarse de la playa donde la comunidad de la zona ha habitado por décadas. El testimonio brindado por los habitantes presentes en la conferencia fue desconcertante, pues incluía episodios de violencia, como la intimidación de individuos armados y encapuchados, y el acoso a menores de edad. Este relato, sin embargo, no es un hecho aislado. En los últimos años las denuncias sobre amenazas de desalojo a familias campesinas han ido en aumento. Lo que ocurre en El Icacal y en otras zonas del país es un síntoma de lo que en los estudios agrarios se conoce como acaparamiento de tierras. En vista del aumento de conflictos por la tierra, se vuelve urgente analizar las características de este fenómeno y sus causas estructurales. Para ello es importante situar el acaparamiento de tierras desde una perspectiva histórica y entender su relación con procesos contemporáneos como la especulación inmobiliaria y la aparición de lo que en otros países se conoce como “mafias de la tierra”.
Acaparamiento de tierras en El Salvador
Según el Transnational Institute, el acaparamiento de tierras es la “toma de control de tierra y otros recursos asociados, como el agua, los minerales, o los bosques con el fin de dominar los beneficios de su utilización”. En la última década, este fenómeno ha ido en auge a nivel global debido a procesos de liberalización económica que facilitan el movimiento de capitales y la inversión privada en rubros que requieren de grandes extensiones de tierra, como el agronegocio, la minería y el sector inmobiliario. Estos rubros se caracterizan por su tendencia a generar conflictos socioambientales con comunidades rurales.
Desde su fundación como república, El Salvador ha vivido tres grandes ciclos de acaparamiento de tierras, los cuales han estado ligados a distintos modelos económicos. El primer ciclo surgió con la firma de las leyes de extinción de tierras ejidales y comunales en la década de 1880; las cuales tenían como objetivo principal impulsar la agroexportación de café en el país. Dicho acontecimiento conllevó un proceso gradual de concentración de la tierra que derivó en numerosos conflictos, incluyendo el levantamiento indígena-campesino de 1932 y la posterior masacre perpetrada por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. El segundo ciclo de acaparamiento surge en la década de 1950, con el proceso de industrialización impulsado por los regímenes militares. Este proceso de desarrollo industrial tenía como contracara la expansión de la frontera agrícola para la producción de materias primas como el algodón, el cuero y el azúcar. La presión sobre la tierra ejercida por este modelo económico derivó en una ola de desalojos que tuvo como respuesta una fuerte lucha por la redistribución de la tierra por parte del movimiento campesino.
El tercer y último ciclo de acaparamiento de tierras arranca en los años 90, con las políticas neoliberales de los gobiernos de ARENA. Estas políticas iniciaron un proceso de desagrarización de la economía observado en fenómenos como la contrarreforma agraria, que fomentó la privatización de tierras cooperativas, y la reorientación del crédito de la producción hacia áreas como el consumo y las actividades inmobiliarias, entre ellas la construcción de residenciales y centros comerciales. Lo anterior implicó un profundo abandono de la agricultura en un momento donde esta ya se encontraba fuertemente golpeada por la guerra y la emigración. Asimismo, implicó una expansión de la frontera urbana que sometió a muchas zonas rurales a procesos de especulación inmobiliaria, particularmente en la periferia de las grandes ciudades y la franja costera del país. Es este sesgo urbano del modelo neoliberal, iniciado en los 90 y continuado hasta ahora, es lo que hoy nos tiene ante una nueva ola de desalojos y conflictos por la tierra. Ejemplo de ello son los numerosos intentos de expropiación a cooperativas de la reforma agraria.
Especulación inmobiliaria y mafias de la tierra
En términos sencillos, la especulación inmobiliaria es la acción de adquirir propiedades con el objetivo de obtener ganancias o rentas a partir de aumentos abruptos en el precio del suelo. Estos aumentos en el precio suelen estar relacionados a la generación de expectativas económicas alrededor de procesos como la construcción de infraestructura (ej. carreteras, aeropuertos, etc.). Las expectativas generadas por estos proyectos permiten a los especuladores adquirir terrenos a precios baratos y luego venderlos más caros a personas o empresas que deseen desarrollarlos. También se puede rentarlos, lavar dinero o utilizarlos como colateral para obtener préstamos hipotecarios.
Una característica común en los procesos de especulación inmobiliaria a nivel global es el surgimiento de mafias de la tierra. Según el sociólogo Michael Levien, las mafias de la tierra son redes de actores diversos que convergen en un territorio a partir de intereses rentistas cuya ganancia depende en buena medida de la expropiación de tierras a familias y comunidades campesinas.
Contrario a lo que a veces se piensa, las mafias de la tierra no son organizaciones criminales tradicionales, en el sentido de estructuras bien consolidadas como los cárteles de droga. Las mafias de la tierra son más bien redes difusas y sin estructura orgánica que surgen a partir de intereses alineados entre una variedad de actores como élites empresariales, terratenientes locales, funcionarios, empleados públicos, matones locales, etc. El calificativo de “mafia” proviene de su uso de tácticas coercitivas (mafiosas) para la obtención de sus objetivos.
En lugares como el sur de La Unión, el surgimiento de mafias de la tierra se remonta a los años 2000, cuando la zona fue catalogada como un futuro polo de desarrollo logístico y turístico. Proyectos como el Puerto de la Unión y la creación de enclaves hoteleros generaron expectativas de crecimiento en la zona que, independientemente de su trayectoria, fomentaron el arrebato de tierras por parte de grupos con vista a beneficiarse del aumento del precio del suelo. En años recientes, esta dinámica se ha intensificado a partir de los espectáculos mediáticos del Gobierno, alrededor de proyectos como Bitcoin City, el Aeropuerto del Pacífico y Surf City II.
Más allá del éxito o fracaso de estos proyectos, la expectativa generada por su publicidad ha incentivado la expropiación de tierra en la zona por parte de redes ligadas al sector inmobiliario. Si bien muchos de los reportes sobre la zona actualmente se enfocan en las expropiaciones impulsadas por el Estado, un análisis más profundo sobre la situación de la tierra en El Salvador debe incluir estas otras modalidades de despojo.
