Las víctimas de desaparición ante la incapacidad de atención del Estado
La desaparición forzada es un delito que impacta psico emocionalmente en la vida de las familias. El Estado salvadoreño ha demostrado su incapacidad para atender la demanda de terapia y acompañamiento de las víctimas que, con sus propios recursos, emprenden la búsqueda de sus seres queridos.
La Fiscalía General de la República reportó 1,192 denuncias de personas desaparecidas en los primeros 286 días del año 2021. A pesar de existir un Protocolo de Acción Urgente creado con el objetivo de articular las labores de investigación y búsqueda de una persona desaparecida, en El Salvador el Estado sigue revictimizando y estigmatizando a las familias.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental para las víctimas ante el abandono de las instituciones públicas. Con limitados recursos ejecutan programas de protección, atención y asesoría. Este es el caso del Servicio Social Pasionista que, en 2021, atendió alrededor de 125 casos de mujeres en situación de desplazamiento forzado, la mayoría de estos, vinculados a la desaparición de un ser querido.
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