Ley de Agua: Nuevas ideas se retracta y amplía plazo para permisos de extracción de agua

Organizaciones Ambientalistas advierten que el análisis de la comisión legislativa ad hoc tiene un enfoque empresarial.

La comisión ad hoc que estudia la propuesta de Ley de Agua dio marcha atrás en su decisión de establecer un plazo máximo de cinco años para los permisos de extracción de agua, ampliando la vigencia máxima de estas autorizaciones a 15 años.

Ayer, por solicitud del diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, la comisión modificó la redacción que había establecido en una sesión anterior para el artículo 61, que regula los permisos de explotación, y volvió a definir el plazo de autorización por 15 años prorrogables, como establecía la propuesta original del Ejecutivo.  

“En virtud de la certeza jurídica de las inversiones, estábamos revisando que el plazo de vigencia (del permiso) es menor, normalmente, que los plazos de créditos cuando se le dan a una empresa. Yo he sido empresario y un plazo normal de un crédito es entre siete y 12 años”, señaló Guevara.

El plazo máximo de 15 años se aplicará a las empresas o entes privados que extraigan 365 mil metros cúbicos o más de agua al año. Quienes extraigan menos de esa cantidad, solo podrán contar con permisos de 5 años, establece la iniciativa de ley. 

Las organizaciones sociales que integran la Alianza contra la Privatización del Agua ya habían mostrado su preocupación sobre la cantidad de extracción del recurso hídrico permitido por día.

Amalia López, representante de la Alianza, señaló que permitir una extracción diaria de 1,000 metros cúbicos de agua es una señal de que el marco legal tiene un criterio empresarial.

“Una Ley que tiene enfoque de derecho humano, o que se supone que nos han vendido que tiene un enfoque de derecho humano, no tiene por qué tener a la base, en uno de sus artículos más importantes, el ‘criterio técnico’ de la necesidad que una empresa tiene por día”, dijo López. 

Las organizaciones ambientalistas alertan que regresar a la redacción original sobre permisos de 15 años, como lo establece la propuesta enviada por la Presidencia de la República que ha servido de base para la creación del marco legal, es un retroceso y vuelve a dejar abierta la puerta a una posible privatización del agua.

“Es realmente nefasto. Obviamente, con la magnitud de la crisis del agua en El Salvador, y con los impactos del cambio climático, no podemos darnos el lujo de dar permisos por 15 años a autorizaciones privadas, donde ni siquiera se va a tomar en cuenta qué usos son más prioritarios que otros”, señaló Luis González, integrante de la Alianza.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, criticó a los partidos Gana y PCN por haber acompañado al partido cian en la revocatoria del artículo y aseguró que el partido oficialista demostró que el enfoque del marco legal es empresarial y no basado en el derecho humano al agua. 

“Hoy se quitaron la careta y comenzaron a mostrar para quién están legislando. No quisieron incorporar el derecho comunitario del agua; no han querido legislar para que las Juntas de Agua estén incorporadas; pero sí han revertido las decisiones, para que las grandes empresas y corporaciones sigan explotando el agua de los y las salvadoreñas”, señaló Argueta en su cuenta de Twitter.  

Las deudas de la Ley

La semana pasada, las organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos denunciaron en una conferencia de prensa que la comisión ad hoc de la Asamblea no retomó las observaciones que realizaron durante las jornadas de consulta pública.

Una de estas recomendaciones era que los permisos de extracción del recurso hídrico no excedieran los cinco años. También sugirieron que se definieran los límites de volúmenes de explotación con base en estudios técnicos y científicos, para garantizar que no haya explotación de los mantos acuíferos y que se genere en el país mayor estrés hídrico.

Pese a que las organizaciones solicitaron que no se permitiera la explotación de agua en áreas naturales protegidas, en el artículo 110 se definió que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) sí podrá autorizar el uso del recurso en estas zonas, previo dictamen técnico favorable del Ministerio de Medio Ambiente. Además, se eliminó el artículo 111, que definía que la autorización estaría a cargo de esa cartera.

La Alianza también había solicitado incorporar la participación activa de las Juntas de Agua locales, que se encargan de garantizar el acceso al agua de las comunidades más vulnerables, y que el consumo humano y de necesidades básicas estuviera sobre la necesidad de explotación de las empresas.

“Es lamentable que no se les haya brindado más participación ciudadana a las organizaciones, comunidades, Juntas de Agua, colectivos de mujeres, indígenas y jóvenes. En la ley no se creó un Comité Técnico Asesor ni Comité de Cuencas, para que la gente pudiera participar de la gestión del agua en los territorios”, dijo González, al criticar la centralización de la gestión del agua. 

El martes pasado, en una manifestación fuera de la Asamblea, las organizaciones ambientalistas que monitorean el tema se declararon “en resistencia contra la privatización del agua” y, en un comunicado, afirmaron que harán “todas las acciones necesarias para evitar la privatización del agua en El Salvador”.

“Miren, señores, dejen de pensar como empresarios; sobre todo, los diputados de NI, que les encanta jactarse de lo que son. En este momento, no son empresarios, son diputados y diputadas de la República, sus salarios los pagamos con nuestros impuestos y se deben a la población. Por lo tanto, no deben estar tomando criterios empresariales”, dijo López.  

La próxima reunión de la comisión ad hoc está programada para el martes 19 de octubre.

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