Ley de Función Pública: una discusión de tres décadas sin resultados

Hasta enero de 2018 en El Salvador, los empleados públicos eran 162 mil 767. Entre 2006 y 2016, el número creció en un 30%. Los que reciben un salario de entre $601 y mil dólares se triplicaron en una década (de 2006 a 2016); mientras que los que ganan más de $2,000, casi se cuadruplicaron.

 

Actualmente no hay una ley que ordene el crecimiento de las plazas o la administración de los Recursos Humanos independiente de los “amiguismos” y la corrupción. El Salvador se rige por un sistema normativo de 57 años de antigüedad. La Ley de Servicio Civil aprobada en noviembre de 1961 por el Directorio Cívico Militar ha quedado desfasada.

En 2017 un estudio de la Subsecretaría de Gobernabilidad de la Presidencia, determinó que a pesar que esta ley ha sufrido 14 reformas, nunca fue reglamentada, sólo regula una parte de los servidores públicos, y no establece un ente rector con facultades de control y vigilancia.

El Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA ha dicho que estas deficiencias vuelven a la Ley de Servicio Civil insuficiente para garantizar una función pública que responda a la meritocracia, el profesionalismo y la eficacia y eficiencia de los servicios del Estado.

Desde la década de 1990 diversos organismos nacionales e internacionales han buscado crear una nueva ley de función pública que subsane estas deficiencias. Desde 1996 hasta 2007, el Banco Mundial sugirió crear un nuevo marco legal para el servicio profesional. Decidió financiar y prestar asistencia técnica para un plan de modernización del sector público, sin embargo, en los gobierno del partido Arena, la iniciativa no prosperó.

Bajo la presidencia Funes, se creó la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado que trabajó una propuesta de Ley de Función Pública presentada en 2014 a la Asamblea Legislativa, sin embargo, no obtuvo el respaldo del Congreso incluida la fracción oficialista.

En 2017, volvió a presentarse una nueva iniciativa esta vez bajo el nombre de Ley de Servicio Público que ha sido recibida por el Legislativo pero que no ha sido discutida en la Comisión de Trabajo.

A diferencia del marco legal vigente, la nueva ley propone agrupar a todos los empleados públicos bajo un mismo sistema, ampliar los derechos y deberes de los empleados. Un ente rector, una escuela de formación profesional y un tribunal del servicio público.

De acuerdo a Claudia Ortiz, miembro del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, esto permitirá una mejor gestión de los recursos humanos del Estado, estímulos de crecimiento y previsibilidad sobre los deberes y sanciones a los que están sujetos los empleados públicos si cometen alguna falta o ilícito. Para Ortiz, estas nuevas medidas buscan evitar los espacios hacia la burocracia, el nepotismo y otras prácticas nocivas como la influencia de poderes políticos o económicos.

Ortiz afirmó que han sido los sindicatos y las asociaciones del sector público quienes se han resistido a estas reformas porque ven en el nuevo sistema una amenaza a sus puestos de trabajo.

Pocos días después de ganar los comicios, el presidente electo Nayib Bukele prometió en sus redes sociales que haría una auditoría para detener las cuotas partidarias en los cargos de Gobierno y anunció que brindaría estabilidad y promoción por mérito a los empleados públicos.

Sin embargo, Bukele aún no se ha pronunciado a favor de la aprobación de un nuevo marco legal que regule la función pública en El Salvador. Sus palabras vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el tema.

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