Líderes presos y una fiesta para callar a la Cooperativa El Bosque
11 de septiembre de 2025
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Líderes presos y una fiesta para callar a la Cooperativa El Bosque
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó tres meses más de prisión en contra de los defensores de la Cooperativa El Bosque, arrestados en mayo pasado tras una protesta pacífica para detener el desalojo de 300 familias campesinas. Aunque la orden judicial se detuvo y el Ministerio de Vivienda ofreció una “fiesta” en la comunidad, los campesinos dicen que “no hay nada que celebrar”: no hay respuesta sobre la tenencia de la tierra, solo la persecución, la criminalización y el acoso policial.
Aunque el Ministerio de Vivienda les prometió soluciones, hasta ahora solo hay temor e incertidumbre en la Cooperativa El Bosque. El pastor José Ángel Pérez y el abogado Alejandro Henríquez continuarán detenidos por tres meses más, y los campesinos siguen sin certeza sobre la propiedad de su tierra y sus viviendas. María Luisa Martínez/MalaYerba.
POR: Redacción FOCOS/MalaYerba
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó que José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, defensores ambientales detenidos en mayo pasado por acompañar la protesta pacífica de la Cooperativa El Bosque, sigan detenidos por tres meses más, alargando el proceso judicial y la incertidumbre de una comunidad que denuncia acoso policial, persecución, criminalización y falta de respuestas sobre la tenencia de la tierra.
Según la notificación judicial entregada el 2 de septiembre a la defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) alineada al oficialismo solicitó ampliar el plazo para realizar “diligencias que aún no se han llevado a cabo” en la investigación en contra de los defensores, que fueron acusados de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”.
La orden judicial detalla que el período de instrucción vencía el próximo 16 de septiembre, un plazo que a criterio de la FGR es «insuficiente para la recolección de documentación» necesaria para fundar su acusación.
El Juzgado reconoce, además, que la Fiscalía requiere «nuevos elementos probatorios» para esclarecer el hecho. Ahora la Fiscalía tiene hasta el 16 de diciembre para realizar su investigación.
El proceso, sin embargo, ha sido calificado de irregular por organizaciones ambientalistas locales como el Foro del Agua y el Movimiento Rebeldía Verde (Reverdes), y actores internacionales como Amnistía Internacional.
Para la abogada de Reverdes, Dalia González, el juzgado amplió el plazo para investigar a los defensores ambientales “de manera arbitraria”. Según el artículo 310 del Código Procesal Penal, para extender un plazo de instrucción la investigación debe ser compleja o debe existir una razón de fuerza mayor. “Este no es el caso. Son solo dos imputados, sin ofendidos o víctimas que se hayan individualizado ni diligencias en el exterior”, afirmó.
Carlos Flores, representante del Foro del Agua y ambientalista que ha acompañado a la comunidad, asegura que se trata de “un caso de persecución a personas por el simple hecho de exigir su derecho a la tierra”.
La Cooperativa El Bosque ha sido el epicentro de una oleada de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos por parte del Gobierno de Nayib Bukele, que ha empujado al exilio a más de 80 defensores de derechos humanos y periodistas en los últimos cuatro meses. Incluyendo a dos líderes de El Bosque que, tras la represión de la Policía Militar, huyeron a inicios de mayo.
La ofensiva inició la noche del 12 de mayo, con el arresto del pastor de la Iglesia Elim José Ángel Pérez, líder comunitario que acompañó a los campesinos de El Bosque durante un plantón pacífico hasta el redondel que lleva a la residencial Los Sueños. Ahí, confiaban en llamar la atención del que, a su juicio, era el único que podía frenar la orden de desalojo. No el juez, ni la Corte Suprema de Justicia, ni los diputados de la Asamblea Legislativa; si no Nayib Bukele.
Pero la respuesta del presidente fue la represión. Agentes de la Policía Militar y antimotines se acercaron a los manifestantes preguntando por los líderes de la comunidad, diciendo que querían llevarlos en una patrulla para “hablar”.
Ante la negativa de la comunidad, las autoridades empezaron a rodear, empujar y rociar con gas pimienta a campesinos, mujeres y niños. En ese momento capturaron al pastor, y al día siguiente se llevaron al abogado ambientalista Alejandro Henríquez, en sus oficinas. Ambos fueron acusados por “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos” que no ocurrieron hasta que intervinieron los cuerpos de seguridad.
“Nada que celebrar”
Un equipo de periodistas de FOCOS y MalaYerba llegó a la comunidad el 22 de mayo, fecha impuesta por el Juzgado Laboral de Santa Tecla para expulsar a 300 familias campesinas de la Cooperativa El Bosque, la principal fuente de trabajo, comida y comunidad de este cantón.
Aunque la orden judicial quedó sin efecto momentáneamente, en El Bosque todos esperaban lo peor ese día. Y cuatro meses después, siguen sin una respuesta sobre sus viviendas, sufriendo acoso policial y persecución de líderes comunitarios.
—Es que hoy es lo del desalojo, todos andan nerviosos— dijo Juan, un campesino que por seguridad oculta su nombre real. — Dicen que han detenido todo, pero hasta no ver, no creer.
Ese día, en lugar de ejecutar el desalojo con la Policía, el Ministerio de Vivienda los convocó a una reunión. Los periodistas de esta alianza de medios constataron que esta se trataba en realidad de una fiesta infantil.
Trabajadores del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y de Vivienda llevaron castillos inflables, piñatas, sándwiches de pollo y gaseosas para los niños. Los adultos esperaron por cuatro horas una repartición de pan dulce, el concierto de un mariachi y concursos interminables de los animadores, todo para escuchar una solución definitiva a su deuda, a la tenencia de la tierra y certeza sobre sus viviendas. Pero se fueron sin respuestas.
“Seguimos trabajando para encontrar alternativas de solución”. Esta fue la única noticia que dio el delegado de Vivienda ese día, y que se ha repetido una y otra vez, por más cuatro meses, a los campesinos de El Bosque.
—¿Qué iba a pasar ahora, 22 de mayo?—, les preguntó el delegado de Vivienda al final de la fiesta, con micrófono en mano. Como un maestro que quiere escuchar a sus alumnos repetir la lección que acaban de aprender.
—Desalojo— respondieron unos pocos. Otros, la mayoría, recogieron sus cosas y se fueron, decepcionados porque no llegó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
—¿Y qué tenemos ahora?— insistió el delegado.
—Fiesta— dicen, todavía menos.
—Exacto, una fiesta. Esas son las decisiones de la ministra y de nuestro presidente—, dijo el delegado, y pidió un aplauso para la ministra Sol y para Nayib Bukele. —Hoy pudo ser un día triste, pero gracias a Dios y a nuestro presidente estamos celebrando—, agregó.
—Aquí no hay nada que celebrar, si se han llevado a gente presa y otros han tenido que huir— respondió sin querer, horas atrás, una mujer que se congrega en la iglesia Elim. Los periodistas le hemos preguntado si asistirá a la fiesta que llevó el Ministerio de Vivienda.
Juan tampoco asistirá a la convocatoria. —¿Fiesta de qué? Si hay gente perseguida. No sabemos qué va a pasar, si van a darnos casa en otro lado, si van a darnos la tierra, cómo queda la deuda— pregunta.
Aunque el invierno trajo las primeras lluvias en mayo, los campesinos que viven de la cosecha de pepinos y hortalizas, dudan si podrán cultivar la tierra en la que siembran desde hace décadas.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, llegó al cantón El Triunfo dos días después de los arrestos, el 14 de mayo, y prometió hacer lo que estuviera en sus manos para llevar una solución.
“Nadie los va a desalojar, vamos a buscar la solución para que ustedes estén tranquilos, y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero es una plática que tenemos que conocer, tenemos que conocer el caso, tenemos que indagar, tocar puertas… pero vamos a tener todas las puertas abiertas para que este tema se solucione, sí o sí, así que cuenten con eso”, aseguró.
Después de pasar más de un mes sin respuestas claras del Ministerio de Vivienda, Juan decidió que había que sembrar. No porque haya certeza de la tenencia de la tierra, si no porque “de todos modos hay que comer”.
“Los animamos a todos a sembrar”, dice. “Pero no tenemos certeza, no sabemos qué pasará”.
Miedo y hambre en El Bosque
Dos líderes de la Cooperativa El Bosque, Diego Guzmán y Moisés Galeano, lograron escapar de la represión, pero han bajado su voz y viven escondidos por temor a ser capturados. A finales de mayo, Guzmán y Galeano denunciaron acoso policial en sus viviendas y han responsabilizado al gobierno si algo les ocurre.
El defensor ambiental Carlos Flores, que ha dado seguimiento al arresto de los líderes comunitarios y al conflicto de la tierra en El Bosque, asegura que los miembros de la Cooperativa viven con miedo.
“La comunidad resiente que desde la Fiscalía General de la República se llegan a elevar drones en la noche para saber si miembros de la cooperativa que tuvieron que huir por la represión del día 12 de mayo llegan a la comunidad”, aseguró, en conferencia de prensa este 11 de septiembre.
Esto fue constatado por campesinos que viven en la comunidad, que confirmaron a Focos y MalaYerba no solo la presencia de drones, sino de agentes de la policía vestidos como civiles que acosan a los vecinos con preguntas sobre los líderes de la cooperativa.
Flores aseguró que hay una emergencia en la Cooperativa El Bosque. Aunque el Juzgado emitió una resolución donde pospone el desalojo programado para el 22 de mayo; “nadie pudo verificar las condiciones: no sabemos por cuánto tiempo, las razones, criterios ni cuál será el destino de la comunidad”, detalló.
No hay certeza de cómo se pagará la deuda con el banco, si les darán casas en otro lugar o los dejarán en sus viviendas, donde además de trabajar la tierra de la Cooperativa, tienen parcelas mínimas de guineos, ejote, maíz y güisquil, que les sirven para subsistir. Los campesinos que dudaban de su siembra han abierto los surcos sin saber que podrán recoger el fruto de su esfuerzo.
Pero la incertidumbre de la cooperativa no radica solo en los cultivos. La construcción de la nueva iglesia, dirigida por el pastor criminalizado, José Ángel Pérez, también se detuvo. Él mismo construyó, con sus propias manos, los primeros muros que dan forma al nuevo templo que reemplazará las láminas donde se siguen reuniendo los feligreses de la Iglesia Elim.
Su familia y los feligreses llegaron el 30 de mayo a las afueras del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla para esperar que salga tras la audiencia preliminar, porque reclaman que no ha cometido delito.
Dicen que, aunque el requerimiento fiscal lo acuse de haber intentado entrar a la residencial Los Sueños, donde vive Bukele, el pastor estaba a más de medio kilómetro de la entrada. Saben que aunque lo acusen de haber bloqueado la vía pública, ese día no hubo calles cerradas.
Porque saben que no hubo ni desórdenes públicos ni resistencia agresiva, los delitos por los que se les acusa a él y al abogado Alejandro Henríquez, los fieles y familiares alentaban a la esposa diciendo que el pastor saldrá libre.
Una semana antes de la audiencia, en medio de la incertidumbre, uno de los familiares del pastor dijo que sembrará una tarea de pepinos en la parcela, con la esperanza de que él pueda cuidarlos y comerlos cuando salga.
Los pepinos germinan y emergen de la tierra en 12 días, como máximo. Dependiendo de la temperatura y la humedad, pueden tardar hasta 60 días en cosecharse.
Pero ese día, la jueza del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, decidió que ambos seguirán en prisión por al menos tres meses en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Ahora, el Juzgado Segundo de Instrucción, les dio tres meses más de cárcel.
Además de criminalizar a los líderes comunitarios, Bukele culpó a organizaciones de la sociedad civil por la protesta de El Bosque, e impulsó una polémica Ley de Agentes Extranjeros. Esta norma crea un impuesto del 30 % a todo el financiamiento y donativos que reciben las organizaciones, les obliga a registrarse, restringe sus operaciones y amenaza con sanciones. El objetivo, según oenegés, es empujarlos al silencio o al cierre inminente.
“Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno”, escribió. Bukele aseguró que con los fondos recaudados por la LAEX, “se pagará la deuda de la cooperativa”.
«Esto es absurdo de parte del Gobierno”, dijo uno de los líderes comunitarios de El Bosque, que ahora está escondido por temor a ser detenido. “Siempre han podido ayudar, pero no lo han hecho. Hoy quieren aprovecharse”, añadió.
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