Liduvina Escobar: El Instituto de Acceso a la Información no puede trabajar en función del Ejecutivo

Liduvina Escobar fue electa como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, en representación del sector sindicatos en 2019.  Hace más de un mes, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó su suspensión, además de iniciar un proceso administrativo de remoción en su contra.

La comisionada ha denunciado que esta decisión tiene que ver con su negativa a plegarse a la política de opacidad del Ejecutivo y apunta a cambios negativos dentro de la institución, impulsados por los comisionados electos recientemente por Bukele en procesos irregulares. 

Hablamos con ella sobre el giro negativo del IAIP y las acciones en su contra.

Un informe reciente de Acción Ciudadana dice que, en lo que va de este año, no hay resoluciones del pleno a favor de la ciudadanía. Usted ha mencionado en ese mismo sentido que han cambiado los criterios resolutivos, ¿De qué forma han cambiado?

Yo creo que el Instituto tiene un cambio a partir del año pasado. Todo este cambio, más que para dar pasos adelante, son pasos que van en retroceso de lo que se había ido construyendo y fortaleciendo en una institución tan importante para el país, como es el acceso a la información pública.  Creo que estos estos retrocesos vienen dándose a partir de agosto del año pasado, cuando ya se nombra al comisionado presidente actual del Instituto (Ricardo Gómez Guerrero). 

A partir de que no tenía toda la correlación en el pleno, se le hizo muy difícil al comisionado presidente, pero el Ejecutivo trató de apoyarlo con las reformas que lanzó al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Precisamente era para  para darle ese apoyo al comisionado presidente, porque las reformas eran específicamente, entre otras cosas, darle atribuciones adicionales al comisionado presidente, que era prescindir totalmente del resto de comisionados. 

Sin embargo, como se interpuso un recurso de inconstitucionalidad que mi persona acompañó y la Sala de lo Constitucional de aquel momento dio la medida cautelar, como período de un mes y medio, más o menos, de suspender las reformas que impulsó el Ejecutivo, se le hizo muy difícil hacer este tipo de cambios. 

¿Cuáles eran los cambios que se estaban tratando de impulsar? 

Bueno, hacer un Instituto totalmente pasivo, porque hubo retrocesos en cambios de criterios. Y más que el cambio del criterio, también es el cambio del carácter de la institución, que es, pasar de ser lo que se venía tratando de ser, un instituto que se posicionará en defensa del derecho de acceso a la información pública, a convertirlo a un Instituto de Acceso a la Información Pública que no le genera confianza a la población para garantizar el derecho del saber, el derecho a tener acceso a esta información. 

Y así, desde agosto del año pasado se vinieron haciendo una serie de intentos de ir destruyendo a la institucionalidad, que era importante para un contexto como el que estamos viviendo en el país actualmente. Entonces, ya cuando tuvieron la correlación, cuando se nombraron los otros comisionados (El excomisionado Luis Suárez, que ahora es magistrado de la Sala de lo Constitucional, y la comisionada Roxana Soriano), pues ya tienen los tres votos a favor y así ya comienzan a revertir algunos criterios. 

Antes de que llegara esta última señora que acabo de mencionar (Soriano), revirtieron un criterio que era bien importante, que tenía que ver con las declaraciones de probidad, con las adendas de las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos. Y específicamente ese cambio fue de las adendas de quien era, en aquel momento el alcalde de Nuevo Cuscatlán, quien ahora es y ostenta el cargo de presidente de la República, Nayib Bukele. 

Fue una revocatoria de una resolución del propio Instituto que habíamos tomado, donde decíamos que las adendas y los informes de probidad tenían que ser públicos, porque esa era la lucha que tenía el Instituto, porque obviamente el acceso a la información tiene como principal función combatir la corrupción, combatir el enriquecimiento ilícito, es decir, combatir el que haya un mal uso de los recursos públicos. Y se sabe que, a partir del conocimiento de las adenda de probidad, de las declaraciones de patrimonio, se puede tener un poco más de control de parte de la ciudadanía de qué tanto se enriquece un funcionario público de su función en el ejercicio de su cargo.

Es el criterio del Instituto que venía desde su nacimiento, pero estos comisionados deciden revertirlo y, obviamente acompañado posteriormente de una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que también va en el mismo sentido, donde confirma que la declaración de probidad, no puede ser ni siquiera competencia del Instituto Acceso a la Información Pública.

Así se vienen dando una serie de retrocesos que nos han llevado a tener totalmente una institucionalidad que es totalmente infuncional, una institucionalidad totalmente pasiva en función de los derechos de los ciudadanos, de tener acceso a información pública. 

¿Qué estamos perdiendo con las acciones actuales del pleno, si no se está resolviendo a favor de la ciudadanía?

Se está perdiendo tener el derecho de decidir qué tipo de gobernantes tenemos, porque en la medida que no tenemos información, en la medida en que toda la información que tiene que ver con el tratamiento y crisis de la pandemia, y todo lo que ha tenido que ver con los gastos públicos en ese período de la pandemia por COVID19, estén totalmente reservados, pues obviamente nos lleva a tener una ciudadanía que no sabe qué tipo de gobernantes tiene y que sólo se deja llevar por la publicidad, para lo que el gobierno tiene muchos recursos. 

No tener información es realmente estar ciegos ante la posibilidad de poder tener derecho a decidir, de poder tener derecho a conocer si están haciendo bien las cosas, de tener derecho a poder decidir si quiero o no que esté un gobierno determinado en el período que esté.  Y también se pierde el derecho de saber si realmente los recursos públicos que son nuestros impuestos son realmente administrados, utilizados para las necesidades de la población y no para otro tipo de cosas. 

Esta situación del acceso a la información pública viene a violentar otros derechos humanos. Y sí, es impactante, no es un derecho como lo es cualquier otro derecho que puede ser más sentido de la población, por ejemplo, el derecho humano al agua que es otra categoría de derecho.  Sin embargo, no tener acceso, por ejemplo, a la propuesta que han impulsado de Ley de Recursos Hídricos, que se ha mantenido en secreto, limita que realmente se pueda ejercer este derecho tan fundamental. 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho llave que permite ejercer otros derechos. Si no tienes acceso a información pública, entonces no puedes acceder ni al derecho a la salud, porque hay que saber cuánto se ha gastado en las vacunas, por qué se está regalando vacunas en otros países cuando aquí hay necesidad, hay que saberlo, pero el plan nacional de la vacuna está reservado, también el plan de la crisis por COVID19. 

Lo que pierde la ciudadanía es el derecho a poder defender otro derecho y, además, el derecho a poder decidir quienes realmente nos están gobernando, la forma en cómo nos están gobernando, cómo están utilizando los recursos públicos, que son de todos y todas. 

¿Qué opinión tiene de las constantes reservas de información que está realizando el actual gobierno?

Para mí muchas de las reservas de información no tienen fundamento legal, porque la Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 20, establece cuáles son las causales por las cuales se puede reservar la información y, una de las razones por las cuales se puede reservar la información, es porque vaya a ocasionar un daño irreparable o un grave daño si llega a conocerse por la población. 

Por el contrario, un Plan Nacional de Salud, o saber cuánto se ha invertido en el Hospital El Salvador, o saber cuántas personas realmente han fallecido por COVID, el no conocer esta información es una grave violación a los derechos de los ciudadanos. Además de que no reúne los niveles de daño o las causales de gran daño, o de ser irreparable, que la ciudadanía pueda conocer sobre esta información.  Al contrario, yo creo que al saber cuál es esta información que ha sido reservada, al tener acceso a ésta, los ciudadanos pueden decir y pueden tener acceso a otro tipo de derechos humanos que sería importante que estuvieran realmente vigentes en el país. 

Al tener esa información los ciudadanos podrían dar fe y constancia de qué precisamente se está haciendo y si se está tratando de hacer bien las cosas en función de la pandemia, que no se utiliza para un contexto de campaña. 

La Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia suspendió la medida cautelar a Roxana Soriana, señalando que se vulneraron los derechos de audiencia y defensa. ¿Cuáles son las diferencias entre el caso de Soriano y el suyo?, ¿qué ha pasado con su proceso de destitución?

La diferencia es que la comisionada Soriano tiene un vínculo partidario con Nuevas Ideas y mi persona no tiene vínculo partidario con Nuevas Ideas. Esa es la diferencia, ella tiene una vinculación directa con el Gobierno. Mi persona no tiene una vinculación directa con el gobierno, no recibe lineamiento del Gobierno, porque yo me debo al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Ya en el tema jurídico es que a mí se me siguió un proceso de remoción de parte de la misma Casa Presidencial, es decir, de parte del presidente de la República, quien decide suspenderme porque considera que mis actuaciones ponen en grave deterioro y en una situación muy complicada el buen funcionamiento del Instituto. 

Desde el punto de vista de Presidencia, las razones por las cuales me suspenden específicamente son dos: una, por porque yo puse el recurso de inconstitucionalidad ante la reforma que Presidencia impulsó. Y el segundo, porque yo voté en contra de revertir el criterio de la declaración de probidad, voté en contra de que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos dejaran de ser públicas. Son las dos razones por las cuales argumentan que yo atento contra el buen funcionamiento del instituto, ya que hago ese tipo de acciones. 

En mi caso, Casa Presidencial decide suspenderme, yo me voy a un amparo ante la Sala de lo Constitucional el 30 de abril, y el primero de mayo se da el golpe de Estado. Y yo sigo defendiéndome en el proceso de remoción que se me está siguiendo. Presenté una recusación contra el presidente de la República ante la Sala de lo Contencioso, le pedí que él no pueda conocer sobre mi caso, porque las razones por las cuales está conociendo sobre mi caso son razones que le interesan a Casa Presidencial. Claro que hasta ahorita no me han resuelto ni me van a resolver, seguramente porque no respondo a los intereses que están ellos tratando de agilizar con los casos. 

Me sorprende el caso de la comisionada Soriano, que a los días de emitirse la medida de suspensión de parte de la Sala de lo Contencioso, la misma sala revoca prácticamente su decisión de la suspensión en el cargo. 

Realmente tendrían que dar un trato igual en mi caso, porque fue lo mismo que yo alegué en la Sala de lo Constitucional,  que la suspensión que Casa Presidencial había hecho no había agotado el derecho de defensa y, además, era una suspensión totalmente arbitraria, porque los hechos por los cuales se me está culpando no son lo suficientemente de peso. Incluso las pruebas que se presentaron ni siquiera comprueban lo que están diciendo en mi contra. 

Pero el caso de la señora Soriano, es distinto porque ella obviamente es una persona partidaria del del partido del gobierno, que ahora tiene el control de las instituciones del Estado, eso es lo que representa la comisionada Soriano. 

Y precisamente por eso es que, en cuestión de días, decidieron revertir esa decisión los mismos magistrados de la Sala, quizás les llamaron y los regañaron. Da preocupación porque no sabemos a quién responden los magistrados. Más bien, estas acciones nos llevan a pensar que los magistrados y muchos jueces, no todos, pero yo creo que al menos los de la Sala de lo Contencioso y otros jueces están respondiendo, ya sea por miedo o por conveniencia, a intereses del Ejecutivo y eso es preocupante. 

La otra diferencia con el caso de Soriano y mi caso es que quien puso la denuncia en contra de ella es una organización de la sociedad civil que consideraba que ella no tenía realmente el perfil de independencia y de idoneidad para estar en ese cargo que le permitiera tener autonomía en sus decisiones. Y, efectivamente, nosotros pudimos comprobarlo, porque ella lo mostró en una en una audiencia, cuando mostró su constancia de partidaria de Nuevas Ideas. Se le había emitido como dos meses o tres meses atrás, pero era una constancia que acreditaba que venía de las filas del partido de Nuevas Ideas. 

No puede existir una institución como el Instituto de la Información Pública con comisionados que están en función de los intereses del Ejecutivo, pues eso realmente es cualquier otra cosa, menos un instituto que va a responder al derecho de acceso a la información pública.

¿Usted revisó el último informe de evaluación de desempeño?, ¿qué contenía?, ¿por qué no se publicó?

Sí, yo estaba muy de cerca con la Unidad de Evaluación del Desempeño y estaba muy de cerca con la Unidad de Gestión Documental, que son las dos unidades que realizan en este informe; muy técnico, por cierto, nada de sesgo, son personas muy técnicas. Todavía está en el Instituto porque han despedido a más de diez personas, incluso fundadoras, con mucho conocimiento. 

Fue una evaluación que se trató de realizar a pesar de que estuvimos en un período muy particular, que fue el 2020, el período de la pandemia, la suspensión de los plazos administrativos… Pero sí se quería evaluar si los portales de transparencia de las instituciones públicas tenían alguna información actualizada y, además, se quería evaluar si el portal que se colocó de parte del Instituto, que era para colocar toda la información que tenía que ver con el tratamiento, gestión y administración de la crisis por COVID19, había sido acatado por las instituciones como una herramienta para dar información de primera mano a los ciudadanos. Eso era lo que detalla este informe de evaluación. 

Las notas eran muy bajas porque, en el período del 2020, el COVID19 era la excusa para no dar información pública y la solicitud de acceso a la información estaba totalmente detenida. Además, mucha información que es de carácter oficiosa tampoco fue publicada en portales de transparencia. Entonces, ahí es donde se hizo esa evaluación bajo una serie de criterios que ya lo establece el manual en el instructivo de elaboración. 

Y las notas eran bajas, eran porcentajes de notas. En otros períodos se podía evaluar con mayor normalidad y por eso se había colocado una nota de cada institución en este año. En el año 2020 no se hizo eso, sino que se hizo por porcentajes. Y los porcentajes eran muy bajos, casi en todas las instituciones públicas, instituciones que son municipales, como las que no lo son, incluyendo autónomas y todas las instituciones públicas en general. No era únicamente el Ejecutivo. 

Sin embargo, desde diciembre del 2020 se decidió que no se iba a aprobar, a pesar de que las notas ya habían sido expresadas en porcentaje y aprobadas en noviembre del 2020.

Cuando llega esta comisionada Soriano, se decide que tiene que estudiar el informe de evaluación y que no puede aprobarse hasta que haya hecho el estudio. Eso fue en 2020, hoy estamos en junio 2021 y no sé si la comisionada ha terminado el estudio del informe, pero no ha sido publicado el informe de evaluación con esa excusa. 

 Se intentó hacer una serie de comentarios, porque hay desconocimiento. Yo creo que, lastimosamente, estos comisionados que han sido nombrados por el Ejecutivo recientemente, creo que ni siquiera han leído la Ley de Acceso a la Información Pública, porque sus argumentos no tienen ningún respaldo a partir de la Ley ni criterio resolutivo del mismo Instituto, ni tampoco criterios resolutivos a nivel de otras instituciones e internacionales que son análogas, digamos, al acceso a la información pública.

El mismo desconocimiento y la intención de que no se dé a conocer a la ciudadanía que hay notas bajas en materia de transparencia, en materia de transparencia activa y en materia de gestión documental, ha llevado a que, hasta esta fecha, eso no ha sido publicado ni va a ser, porque lo que pretenden es seguir ocultando información. Se trata de que el instituto realmente sea un instituto de “inacceso” a la Información Pública y no realmente el instituto que debería, por ley, garantizar este derecho. 

¿Qué ha pasado con la Mesa por la Transparencia?

Bueno, la mesa por la transparencia fue una iniciativa del pleno antes de que iniciaran estos comisionados. La intención era precisamente tener una vinculación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de transparencia y anticorrupción, acceso a la información pública, rendición de cuentas, contraloría social y quienes quisieran sumarse al tema libertad de expresión. Era para escucharles y tener de primera mano ese acercamiento que permitiera que nosotros conociéramos qué está pasando. 

Sin embargo, esta mesa fue suspendida a partir de también de diciembre del año pasado. No hubo ninguna otra mesa, no hubo acceso. Incluso los comentarios de estos comisionados, y del que ahora es magistrado a la Sala de lo Constitucional, eran en contra de las organizaciones de la sociedad civil, expresándose de manera peyorativa o etiquetándolas de alguna u otra forma en los plenos de los comisionados. Entonces, decidieron ya no más convocar la mesa de transparencia. 

¿Qué necesita el IAIP para volver a encaminarse en su misión original?

En este contexto es bien difícil esa pregunta. Hay un descrédito del Instituto, tendrían que haber comisionados y comisionadas que creyeran realmente en lo importante que es esa institución para el país y eso no lo tenemos, ni lo vamos a tener en un período de seis años o más.

No pierdo la fe, porque no la podemos perder totalmente. Los ciudadanos y las ciudadanas deben enterarse, deben saber la importancia de una institución como esta y de tener información de primera mano para saber qué está pasando en el país y, que a partir de eso, vean si les están mintiendo o no.