Los despidos ilegales del presidente Bukele

 

A solo tres días de tomar posesión, el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele comunicó a más de 600 empleados de la Presidencia que abandonaran sus cargos porque sus plazas de trabajo habían sido “cesadas”, en consecuencia de la eliminación de las secretarías de Inclusión Social, Técnica y de Planificación, Transparencia y Anticorrupción, Gobernabilidad y Vulnerabilidad.

Sin embargo, los exempleados se defienden y sostienen que los contratos de sus plazas tienen vigencia por la Ley de Salarios, es decir que están asignadas en el presupuesto nacional actual y aprobadas por la Asamblea Legislativa.

La Constitución en su artículo 219 establece que los trabajadores públicos tienen derecho a la estabilidad laboral y significa que los trabajadores sólo podrán ser despedidos o destituidos únicamente en los casos que determine la ley y siguiendo el debido proceso predeterminado legalmente.

Para Gracia Grande, abogada y miembro del equipo de trabajo para el proyecto de Ley de Función Pública, el término “cesación de plaza”, comunicado a los empleados, no existe en la Ley de Servicio Civil, el marco normativo que regula los casos de terminación laboral en el sector público al cual debe ceñirse los funcionarios.

“Tanto el código de Trabajo o por Ley de Servicio Civil, en ninguna habla de este términos de ‘cesar’”, explica Grande.

De hecho, para los puestos de trabajo bajo régimen de salarios, la Ley sólo contempla dos casos: el despido o destitución y la supresión de la plaza.

El primero sólo puede ocurrir si el empleado público ha cometido faltas graves y debe seguir una metodología específica donde se realiza una audiencia donde participa una Comisión de Servicio Civil. De lo contrario el despido es nulo. Este procedimiento estipulado por Ley  no ha ocurrido en el caso de los despidos ordenados por el presidente Bukele.

Es entonces, que el Ejecutivo ha utilizado el mecanismo de supresión de plaza para despedir de sus cargos a los más de 600 empleados de Presidencia. El pasado jueves envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto que modifica la Ley de Salarios y ordena suprimir las plazas de los trabajadores asignadas a la casa de Gobierno.

Sin embargo, para suprimir una plaza se deben cumplir con varios requisitos para respetar los derechos constitucionales de los trabajadores, así lo recoge abundante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional.

Por ejemplo, en el Amparo 558-2015 los magistrados plantean que para eliminar un plaza primero debe establecerse un estudio técnico que demuestre que la plaza ya no es necesaria y que no existe un posibilidad de reubicación o traslado. Este estudio no ha sido planteado ni justificado en el proyecto de decreto enviado por Bukele a los diputados.

En la misma sentencia de amparo, la Sala advierte que no es legal convertir el mecanismo de supresión de plazas en “un sistema anómalo o encubierto de remoción y sustitución de personas” arbitrariamente.

Grande sostiene que cumplir con lo dictado por la Sala será difícil para el Ejecutivo. “Han despedido a motoristas, a ordenanzas, a técnicos diversos, cómo vas a demostrar que no necesitas estas funciones dentro de Presidencia”, plantea.

La abogada finaliza que por tanto, los despidos de presidencia son ilegales porque no cumplen con los procedimientos establecidos y van contra la normativa de protección de los derechos de los trabajadores.

 

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