Organizaciones indígenas: El 15 de septiembre es un día de duelo para los pueblos originarios

En el marco de la conmemoración de los 200 años de independencia este 15 de septiembre, organizaciones indígenas pidieron al Estado que garantice su autonomía y gestione políticas de resarcimiento por las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas a lo largo de la historia.

Los representantes señalaron que el reconocimiento de los pueblos indígenas debe trascender “los discursos de los funcionarios” y pasar a la acción, para que no sea “letra muerta” en la Constitución de la República. Mientras eso no ocurra, no hay razones para celebrar, dijeron.

“Nosotros vamos a celebrar cuando en realidad veamos leyes justas, que van a defender nuestros derechos como pueblos indígenas. Mientras tanto, para nosotros, podríamos decir que es un día de duelo, porque es cuando nos acabaron de terminar nuestros derechos como pueblos indígenas”, dijo Mariano Aguilar, del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA).

Para los pueblos originarios, la celebración del bicentenario constituye una “burla”, señala el pronunciamiento de las organizaciones.

“A través de la mal llamada ‘independencia’ justificaron y legitimaron un nuevo despojo para consolidar la malograda patria del criollo, en la que los pueblos indígenas no tuvieron ni tenemos autonomía y, mucho menos, independencia”, se lee en el comunicado.

Para las organizaciones, es urgente que se apruebe una Ley de Resarcimiento Histórico que subsane las violaciones a los derechos de las personas indígenas y la discriminación que continúan sufriendo en la actualidad.

Sus representantes aseguraron que también se debe iniciar “un proceso político” para que puedan determinar libremente su desarrollo económico, estructuras políticas, sociales y culturales. Para ello, es necesario que se ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho de los pueblos indígenas “a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.

“Consideramos que la sociedad pluricultural salvadoreña, de la cual somos parte, no tiene independencia alguna al carecer, incluso, de moneda propia”, señaló Nicolás Sánchez, del MUINA, quien agregó que es necesario que el Estado les devuelva las tierras que les fueron arrebatadas y que no tienen garantía de protección ante proyectos extractivistas.

Para Sánchez, es necesario un marco legal que garantice la protección de los bienes naturales, en beneficio de la población y no de las empresas privadas. “El Estado, a través de sus instituciones, es cómplice de la destrucción del sitio sagrado de Tacushcalco y es cómplice de la deforestación en la zona de recarga hídrica de Juayúa, que abastece a Nahuizalco, San Antonio, Sonsonate, Izalco y Nahulingo”, dijo.

Las mujeres indígenas también enfatizaron en que han sido doblemente excluidas, por el hecho de ser mujeres y de pertenecer a pueblos originarios.

“Necesitamos vivienda, muchas abuelas y hermanas están sufriendo porque sus casitas son de nailon y no tienen dónde vivir; necesitamos tierra… Tantos años y nunca se ve el apoyo a las mujeres indígenas. (…) Las mujeres somos las que sembramos el maíz, el frijol, el maicillo, todo… Por eso peleamos, porque nunca nos han valorado”, dijo Blanca Mestizo, representante de comunidades indígenas de Nahuizalco.

El Movimiento de Unificación Indígena también exige que se les tome en cuenta para la creación de la nueva Constitución de la República, pues no han participado con aportes directos a la propuesta creada desde la Vicepresidencia. Además, exigen la creación de un Consejo Nacional que integre a todas las organizaciones indígenas del país.