La intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero provocó un efecto en cadena a 2,100 kilómetros de Caracas. En Managua, la decisión de Donald Trump de atacar unilateralmente al régimen de Nicolás Maduro y extraerlo del país fue interpretado como una señal de alerta por el clan de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que días después liberó a una veintena de presos políticos detenidos de manera arbitraria en las prisiones de la dictadura sandinista.
El gesto, presentado por el matrimonio presidencial como “símbolo de un compromiso por la paz y la convivencia”, coincidió con el 19 aniversario del retorno del sandinismo al poder. Sin embargo, también ocurrió a menos de una semana de la operación militar en Venezuela, que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Nueva York para enfrentar un juicio por delitos de narcotráfico y posesión de armas de guerra, en una acción ampliamente cuestionada por su legalidad en el derecho internacional.
FOCOS conversó con Cristina Eguizábal, politóloga costarricense, especialista en relaciones internacionales y miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica, quien advierte que, además de Venezuela, Cuba y Nicaragua figuran entre los principales focos de interés de la administración Trump en el hemisferio occidental, bajo lo que describe como una renovada doctrina de dominación.
“Aunque el interés en Cuba es obvio, Nicaragua y el régimen Ortega-Murillo pasan, hasta cierto punto, desapercibidos; al menos hasta que dejen de serlo. Estamos frente a un tomador de decisiones muy impulsivo”, señaló.
Desde la lectura de Eguizábal, la agresión estadounidense en Venezuela puede interpretarse dentro de una lógica de “zonas de influencia”, en la que grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, toleran acciones militares en sus áreas de dominio geopolítico, repartiéndose el control global.
Una dinámica que, según la especialista, se ha evidenciado en la práctica reciente no solo con la interferencia del presidente Trump en las recientes Elecciones en Argentina y Honduras, sino también, a partir del escalamiento en los gestos de presión de Washington sobre el régimen de Ortega.
Desde la intervención en Venezuela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ha publicado diferentes pronunciamientos explícitos sobre la situación política en Nicaragua, como un efecto arrastre de las acciones militares contra la dictadura en Caracas.
En el primero de los comunicados publicado el 9 de enero, la administración Trump condenó el encarcelamiento de 60 personas “injustamente detenidas o desaparecidas, incluyendo pastores y ancianos”, e instó al régimen de Ortega a acelerar las excarcelaciones, señalando que la paz “solo es posible con libertad”. En las horas siguientes el régimen nicaragüense liberó a una veintena de presos políticos, entre ellos adultos mayores en situación de salud crítica.
Como reacción a este gesto, ese mismo día, la administración Trump calificó al clan gobernante en Nicaragua como “una dinastía ilegítima y vitalicia”, y agregó en su comunicado que: “Reescribir la Constitución y aplastar la disidencia no borrará las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de tiranía”, apretando así las tuercas para el régimen en Managua.
Hasta el ataque armado en Venezuela, Nicaragua no figuraba explícitamente dentro de las preocupaciones hemisféricas de los Estados Unidos; sin embargo, la presión sobre el gobierno sandinista ha ido en incremento en las últimas semanas.
Para Eguizábal estas acciones son motivo suficiente de preocupación para Ortega y su familia: “una vez que se abra el espacio para preocuparse por Nicaragua yo creo que el clan de los Ortega y Murillo debe de preocuparse porque a ellos les tocará su momento. No creo que se lo puedan saltar. A menos que encuentren alguna manera de congraciarse con Trump como la ha encontrado la presidenta interina Delcy Rodríguez en Venezuela o de manera muchísimo más abierta (Nayib) Bukele en El Salvador”.
¿Qué futuro le espera a Centroamérica bajo una renovada “Doctrina Monroe”?
Ortega no es el único que mira con atención los acontecimientos regionales bajo la dominación norteamericana. En El Salvador, desde un lugar más cómodo, el régimen autoritario de Nayib Bukele no solo ha sido un aliado carcelero para los gestos populistas de Trump en materia de migración, sino también un enclave operativo y logístico.
En marzo de 2025, Bukele aceptó recibir en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) la denominada “megacárcel de El Salvador”, a más de 200 migrantes venezolanos provenientes de los Estados Unidos que finalmente fueron devueltos a Venezuela en julio de ese mismo año, en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
Esta colaboración no solo ha representado graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, tratos crueles y torturas contra el Gobierno de El Salvador, sino que además ha posicionado a Bukele como uno de los aliados favoritos de Trump en el continente.
Desde la lectura y análisis de Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA), una institución referente para la incidencia política a favor de los derechos humanos de la región en los Estados Unidos, Bukele actúa con sometimiento y disciplina ante las nuevas reglas del tablero internacional condicionado por Trump.
“Bukele entiende que no puede tener ningún tipo de crítica hacia los Estados Unidos. Es una alianza que no admite matices y de mucha dependencia. Creo que vamos a ver a un Nayib Bukele muy dependiente de la administración Trump”, señaló.
Una actuación a conveniencia que ya ha dejado beneficios para Bukele en El Salvador. Por un lado, le ha permitido contar con la carta blanca de Washington para instaurar un régimen de intimidación y persecución de voces críticas, pero también de ser excluido de las recientes políticas del Departamento de Estado sobre la suspensión del procesamiento de visas inmigrantes en 75 países en los que se incluye a Centroamérica y el Caribe con excepción de El Salvador. Un trato preferencial que solo es entendido bajo la nueva política exterior transaccional encabezada por Washington.
Desde el análisis de las especialistas consultadas por FOCOS, nos encontramos ante un escenario global en donde la defensa de los derechos humanos y las instituciones de la democracia pasarán a un segundo plano, desplazadas por una agenda centrada en la seguridad y el desempeño de la economía estadounidense.
Para la politóloga Cristina Eguizábal, las prioridades de la nueva Casa Blanca son claras. “La administración Trump no está interesada en la democracia”. Bajo esta lógica, se consolida una relación basada en transacciones que sean de utilidad para los fines electorales que permitan a Trump conservar el poder: frenar las caravanas migrantes y aceptar deportaciones masivas; y a cambio, los gobiernos de turno encontrarán a un aliado en la Casa Blanca, que sin la presión por la democracia, les dejará el camino libre para terminar de cooptar lo poco que queda de institucionalidad en sus países.
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