PDDH: Cómo la PNC encubrió ejecuciones extralegales

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó esta semana un informe que disecciona cómo la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó a 116 personas entre 2014 y 2018, mientras el aparato estatal falló en investigar debidamente estos hechos.

El informe especial analiza casos de ejecuciones extralegales que la versión policial presentó como enfrentamientos armados con grupos delincuenciales. Además, identifica indicios de tortura, acoso policial previo y alteración de las escenas del crimen.


La PDDH recoge en su informe 48 casos de ejecuciones extralegales, ocurridos entre 2014 y 2018. Estos suman 116 víctimas. 

La mayor parte sucedió en 2015 y 2016, coincidiendo con el lanzamiento de unidades élites de la policía para combatir a las pandillas, señala la PDDH.

A través de documentos oficiales, entrevistas con testigos y especialistas forenses, la Procuraduría refuta la versión policial de que la mayor parte de estos hechos eran enfrentamientos armados. También descubre indicios de alteración de pruebas en las escenas de los asesinatos.

La PDDH señala que algunas víctimas sufrieron decapitaciones, asfixias y quemaduras severas, lo que no encaja con la versión de un enfrentamiento armado. Además, señala que las autopsias revelan indicios de golpes y torturas, previas a la ejecución, en al menos una tercera parte de las víctimas.

El informe da cuenta de posible fraude procesal. Señala a la PNC de haber colocado armas junto a los cuerpos o haberlos movido de posición para reforzar la idea de los enfrentamientos armados. 

La PDDH afirma que en el 44 % de los casos, la posición del cuerpo reportada en las actas oficiales no coincide con lo que determinan pruebas forenses. 

Además, en el 70 % de los casos registrados por la policía como enfrentamientos, testigos aseguran que la víctima no estaba armada en el momento del hecho.

¿Quiénes eran las víctimas? El 94.1 % eran hombres y el resto mujeres. En promedio recibieron 9 disparos, dirigidos a ocasionar la muerte, no a neutralizarlos, asegura la PDDH. Cerca del 70 % eran adolescentes y jóvenes.

Los hechos, en particular las masacres y ejecuciones múltiples, ocurrieron usualmente en zonas rurales, pobres, alejadas de núcleos poblacionales.

Según la Policía, el 90.5 por ciento de las víctimas pertenecía a pandillas, pero la PDDH asegura, a partir de testimonios de varias fuentes, que este no era el caso en la mayor parte de los ejecutados.

Otro hallazgo clave del informe es el acoso previo que muchas víctimas sufrieron antes de finalmente ser ejecutadas.

En el 60 por ciento casos hubo antecedentes de vulneración de derechos de la víctima o sus familiares. En muchos casos, quienes vulneraron sus derechos son los mismos que luego le dieron muerte.

La PDDH concluye en su informe especial que estas ejecuciones extralegales no fueron un hecho aislado, sino el término de episodios de acoso policial sistemático previo. Esto muestra que el Estado falló en reaccionar de manera oportuna a las violaciones de derechos humanos.

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