Piden a Sala de lo Constitucional verificar si presidente y diputados cumplen sentencia
Un grupo de demandantes ante la Sala de lo Constitucional pidió el viernes 12 de junio que este tribunal convoque a un audiencia especial a los «funcionarios del más alto nivel del Órgano Ejecutivo y Legislativo», debido a la falta de acuerdos para crear una nueva ley que regula la emergencia nacional por COVID 19.
El 8 de junio la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la que declaró inconstitucional dos decretos legislativos y 14 decretos ejecutivos y ministeriales que buscaban regular la situación nacional por la pandemia. Eso incluía el Decreto Ejecutivo 29, con el cual el gobierno mantenía el actual estado de emergencia.
Pese a las inconstitucionalidades declaradas, la Sala dio cuatro días más de vigencia al decreto ejecutivo 29, hasta este 12 de junio, para garantizar que el Ejecutivo, al mando del presidente Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa se pusieran de acuerdo en la creación de una nueva normativa que respetara «los derechos fundamentales de los ciudadanos».
Pero ese acuerdo no llegó y los demandantes acudieron nuevamente a la Sala para pedir que se convoque a ambas partes y se les increpe sobre los avances que tienen en este tema.
Según un comunicado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) la intención de los demandantes es «que comparezcan funcionarios del más alto nivel» y luego que la Sala emita una «resolución de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, donde se determine si ha sido o no cumplida».
La Sala de lo Constitucional deberá resolver si la solicitud de audiencia que han pedido los demandantes procede y si debe llamar a los funcionarios demandados o si toma otra vía de resolución, aunque los especialistas en el tema consideran que sí es necesario un seguimiento de la sentencia.
¿Qué puede pasar si realizan la audiencia?
Focos buscó la opinión de un experto para conocer qué es lo que se viene con esta petición de audiencia que han realizado los demandantes y si es viable que se realice.
Germán Rivera, docente y abogado especializado en procesos de amparo, inconstitucionalidad, hábeas corpus y administrativos, considera que es viable que la Sala llame a los dos partes para comprobar sus avances en el cumplimiento de la sentencia, aunque tampoco está obligada a hacerlo.
«Algunos piensan que en esta sentencia 21-2020, junto a otros procesos acumulados, no hay un mandato de la Sala, pero yo creo que sí. Aún cuando la Sala dio cuatro días para que los órganos Legislativo y Ejecutivo se pusieran de acuerdo, sí hay un mandato y una obligación de que esta resolución se cumpla», expone Rivera.
Según Rivera, la Sala dejó vigente el decreto 29 porque tiene claro que hay una emergencia y que se necesita una legislación. «La Sala reconoce que se necesita una ley y que esa ley sería mejor si ambos órganos se pusieran de acuerdo, pero cada uno de ellos aún tiene independencia y podría generar su propio normativa, siempre y cuando no rebasen los aspectos que la Sala ya dijo que no pueden hacer, que es principalmente violentar los derechos de los ciudadanos», analizó.
Si la audiencia se realiza, la Sala tendría que llamar a representantes de ambas partes y pedirles explicaciones sobre lo que han hecho cada uno, pero, ¿qué pasaría si una de las partes no se presenta?
Rivera considera que eso es algo que puede suceder, debido a que el tema se ha vuelto bastante político, pero sostiene que todas las partes deben considerar las implicaciones a futuro. Sostiene además que Presidencia ya ha mandado representación a otras audiencias de este tipo, así que no ve problema en que se presenten esta vez.
«Será responsabilidad de cada quién. La Sala puede realizar la audiencia llegue quien llegue, pero hay que tomar en cuenta que muchos de estos casos que se están denunciando podrían terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se podría verificar qué instituciones o funcionarios mostraron interés en el tema de protección durante la pandemia. Hay que ver la estrategia a largo plazo», ahondó.
Durante esta semana, tanto el presidente Nayib Bukele como la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se citaron mutuamente a diferentes lugares para discutir la aprobación de una nueva ley, pero ninguno cedió a las invitaciones.
