¿Puede Guatemala continuar la lucha contra la corrupción sin la CICIG?
El fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público guatemalteco, Juan Francisco Sandoval, dijo que esa unidad de investigación ha desarrollado una estrategia para continuar la judicialización de casos de corrupción de alto nivel, sin el apoyo técnico de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 29 de agosto la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, anunció la continuidad de la fiscalía que trabajaba de forma conjunta con la Comisión. «Se presentó una estrategia de fortalecimiento de la misma, y en este momento estamos con toda la disponibilidad, ímpetu, entusiasmo de darle continuidad a los casos que ya estaban operativizados y de presentar nuevas investigaciones», aseguró Sandoval en el segmento internacional de Focos.
El fiscal dijo que la unidad que dirige tiene la capacidad intelectual para continuar luchando contra la impunidad, pero el recurso humano técnico que prestaba la CICIG era importante, por lo que han tenido que desarrollar una estrategia para no afectar el desempeño de los casos.
Además del soporte técnico, la presencia de la CICIG en el país también significaba un soporte político para la fiscalía ante los embates de los grupos que procuran impunidad, explicó Sandoval. Tras la salida de la comisión, la unidad está a la expectativa del apoyo institucional que pueda brindarle el Ministerio Público y la fiscal Porras.
La CICIG fue un organismo de las Naciones Unidas (ONU) que trabajó por 12 años en Guatemala procurando el fortalecimiento institucional para el combate a la corrupción. Su mandato finalizó el pasado 3 de septiembre, luego de que el presidente Jimmy Morales se negara a ampliarlo por dos años más. Morales fue señalado por la Comisión por financiamiento electoral ilícito, pero la Corte Suprema de Justicia de ese país rechazó la petición para investigarlo.
Durante el tiempo de acompañamiento de la CICIG al Ministerio Público se desarticularon 60 estructuras criminales, y se logró la condena de 380 personas.
