Reelección de rector de USAC amenaza la integridad del sistema judicial en Guatemala

El Consejo Superior Universitario (CSU) avaló este 8 de abril la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC) para el periodo 2026-2030, en un proceso cuestionado por estudiantes y sectores opositores que pondrá en riesgo la renovación democrática en Guatemala.

La reelección del rector de la USAC, un actor señalado por actos antidemocráticos y corrupción, impactará todo el sistema de justicia en Guatemala, que este año atraviesa un año crucial para recuperar sus instituciones. 

Mazariegos tendrá un rol clave en procesos de elección de segundo grado como la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Fiscal General, que iniciaron en los últimos meses y se encuentran en distintas fases.

Durante su gestión, Mazariegos ha sido señalado por sectores estudiantiles y docentes de consolidar el control sobre órganos de gobierno interno de la USAC y de respaldar decisiones que han limitado la participación estudiantil y la rendición de cuentas. 

Llegó a la rectoría en 2022 en medio de un proceso ampliamente cuestionado por sectores académicos, estudiantiles y organizaciones civiles. En esa elección, distintos actores denunciaron la exclusión de cuerpos electorales contrarios a su candidatura y la restricción de acceso al lugar de votación, lo que limitó la participación de opositores y la observación independiente.

La elección en 2026, nuevamente, estuvo marcada por graves señalamientos de fraude, falta de transparencia y bloqueo de opositores que integran el cuerpo electoral de la USAC.

La jornada se realizó en Antigua Guatemala, fuera de las instalaciones universitarias, que permanecían cerradas desde semanas antes. Las autoridades también habían trasladado las clases a modalidad virtual, una decisión que, según denunciaron estudiantes, limitó la fiscalización del proceso.

El evento se llevó a cabo en el hotel Casa Santo Domingo, de espaldas a la prensa y a estudiantes que buscaban vigilar la elección. 

Una elección con exclusiones y quórum reducido

Durante los últimos meses, la USAC ha enfrentado un complejo proceso electoral. Se han realizado elecciones para conformar los cuerpos electorales —integrados por delegados de facultades, estudiantes, egresados y catedráticos— encargados que tienen voz y voto para elegir al rector.

La oposición a Mazariegos ganó 21 de los 34 cuerpos electorales que participaron en este proceso. Con esto, la reelección era casi imposible.

Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU) acreditó horas antes de la elección únicamente a 14 cuerpos electorales: nueve afines a Mazariegos y cinco de la oposición.

Durante la jornada, algunos electores se retiraron en señal de protesta para intentar romper el quórum. Aún así, profesores de la Facultad de Humanidades presentaron a Mazariegos como único candidato, y posteriormente la universidad anunció en sus redes sociales la reelección.

Un conflicto que se repite

cuando Mazariegos llegó a la rectoría en una elección también señalada como irregular.

En ese entonces, se denunció la exclusión de cuerpos electorales y la restricción de acceso al lugar de votación, a través de grupos de choque. Entre los candidatos afectados estuvo el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Tras esa elección, estudiantes ocuparon centros universitarios en rechazo al proceso. El Ministerio Público criminalizó a estudiantes, catedráticos, diputados y hasta al presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta, Karin Herrera, quienes estuvieron presentes en las protestas. 

Este 2026, los grupos de estudiantes aseguraron que desde ese primer proceso presionaron para que Mazariegos dejara el cargo a través de los procesos democráticos; pero aun así él tomó medidas antidemocráticas y se impuso como rector por cuatro años más.

El peso de la Usac en la justicia guatemalteca

La relevancia de la Usac trasciende el ámbito académico. Como única universidad pública del país, tiene un rol clave en al menos tres procesos de elección de segundo grado: la Corte de Constitucionalidad, el TSE y el MP.

El Consejo Superior Universitario es uno de los cinco órganos que participan en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Este año, aunque la actual fiscal general Consuelo Porras buscó que este cuerpo colegiado la designara, el CSU eligió a Julia Rivera y a José Luis Aguirre Pumay. 

Esta elección también se hizo en Antigua Guatemala, sin acceso a la prensa y sin fiscalización de la comunidad estudiantil. 

El rector de la USAC es también quien preside la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargada de seleccionar a los aspirantes que posteriormente son evaluados por el Congreso. También se incluye al decano de la Facultad de Derecho de esta universidad.

El 17 de febrero, la Comisión –presidida por Mazariegos– concluyó con su trabajo de seleccionar un listado de 20 candidatos. El proceso fue cuestionado por organizaciones civiles, que señalaron falta de transparencia y la inclusión de aspirantes vinculados a casos de corrupción y acciones antidemocráticas. 

Diputados de la bancada VOS denunciaron que no pudieron presentar impugnaciones a este proceso pese a que existía un plazo legal, debido a que la comisión postuladora ya no se encontraba en funciones.

Actualmente está en curso la comisión de postulación para fiscal general, liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrada por decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. Dentro de este organismo se encuentra Henry Arriaga como representante de la USAC, cercano a la administración de Walter Mazariegos.

La USAC tiene alcances clave en las instituciones de justicia en el país. Mantener el control en esta institución es clave. “Nos fijamos en personajes públicos como Consuelo Porras o magistrados de alto nivel, pero a veces el poder se reparte desde las entrañas de instituciones como la USAC”, señaló un dirigente estudiantil que pidió anonimato por temor a represalias del MP.

El silencio de Arévalo 

Tras la reelección de Mazariegos, estudiantes criticaron la falta de pronunciamiento inmediato del presidente Bernardo Arévalo, quien en 2022 había calificado como fraudulento el proceso que llevó al rector de la USAC al cargo.

FOCOS consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre la postura de Arévalo y tardaron más de seis horas en responder.

“Hoy, como Presidente de la República, (a Arévalo) le corresponde garantizar que las instituciones funcionen dentro del marco constitucional, respetando la autonomía universitaria y el debido proceso.  En estos momentos le corresponde a las cortes determinar, conforme a derecho, la legalidad del proceso”, indicó la institución.

Por su parte, la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) también se pronunció, y exigió al presidente tomar medidas y a no escudarse en la autonomía universitaria frente a posibles delitos durante este proceso.

El exprocurador Jordán Rodas consideró que el presidente Arévalo pudo actuar desde antes de la elección, y señaló que la Procuraduría General de la Nación también tenía margen de acción legal, tanto para hacer escuchar la voz del presidente como para señalar el posible fraude.

Además, sostuvo que el Congreso también pudo intervenir, pero solo se dieron “acciones de última hora” y “accidentadas”. La Corte de Constitucionalidad, afirma, todavía tiene la responsabilidad de resolver los amparos pendientes. 

“El Estado le dio la espalda (a la universidad), pero aún es la primera prueba de fuego para la nueva CC que tomará posesión el 14 de abril”, afirmó.

Con la ausencia de un pronunciamiento claro por parte de la Presidencia, sectores ciudadanos y estudiantiles han cuestionado la postura de Arévalo en un momento clave, cuando deberá elegir a la próxima jefatura del Ministerio Público en sustitución de Consuelo Porras. Mientras tanto, especulaciones sobre una posible continuidad de la actual fiscal persisten.

En paralelo, estudiantes universitarios han exigido la reapertura del campus de la Universidad San Carlos; sin embargo, la rectoría informó que las instalaciones permanecerán cerradas debido a evaluaciones relacionadas con proyectos de infraestructura aún en fase de planificación.

Previamente, las autoridades universitarias justificaron el cierre por un supuesto proyecto de conservación arqueológica. No obstante, el Ministerio de Cultura descartó que este requiriera la suspensión de actividades en el campus.

Aunque existen recursos legales pendientes de resolución, la incertidumbre persiste entre la comunidad universitaria. En este contexto, Mazariegos podría asumir nuevamente el cargo, pese a los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.