Relator ONU: “Cuando un Gobierno tiene cadáveres en el clóset, no quiere sacar los de los regímenes anteriores”

A siete años de la derogación de la ley de amnistía, el relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, le pasa factura al Estado salvadoreño por sus pocos avances en la superación de la impunidad de los crímenes de la guerra.

El abogado ecuatoriano atribuye esta inacción a que todavía hay intereses económicos y militares que obstaculizan el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado salvadoreño.

Para Albán, al Gobierno de Bukele no le conviene investigar y juzgar violaciones de derechos humanos del pasado, cuando él mismo está señalado por victimizar a parte de la población. Desde la instauración de un Estado de excepción, hace año y medio, se han registrado más de 5,000 denuncias de capturas arbitrarias, 200 desapariciones forzadas y más de 170 fallecidos en custodia del Estado, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

El relator de Naciones Unidas visitó el país el 20 de julio pasado para participar en un foro con organismos defensores de derechos humanos y no en una misión oficial, esto porque el Comité que integra no supervisa al El Salvador, ya que el Estado no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición.

¿Qué deudas puntuales tiene el Estado salvadoreño a siete años de la derogación de la ley de amnistía?

Hay dos grandes deudas pendientes: la primera es una deuda del poder judicial y también de la Fiscalía que tiene que ver con la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto. La segunda es una deuda del poder legislativo porque debería generarse una ley de víctimas que permita abordar los otros aspectos del proceso transicional: la reparación, la memoria y las garantías de no repetición futura.

Esta Asamblea, con Nuevas Ideas, el partido del presidente, tiene la correlación suficiente para decretar una ley que de una vez por todas trate de abordar el pasado, ¿por qué cree que a  pesar de no tener ningún obstáculo, no han promulgado una nueva ley?

Creo que hay dos factores fundamentalmente y es que, aún si en apariencia ya no existen compromisos, ciertos segmentos de poder de esa época siguen manteniendo poder, son grupos económicos, son elites militares; a veces, son también élites políticas. Otro factor, que creo que es más grave todavía,  es que hay un desinterés de la mayoría de la ciudadanía. El ciudadano promedio ya no está pendiente de ese tema, está pendiente de su seguridad, de la situación económica, de otras cosas, y esa falta de movilización social finalmente termina por no fijar un límite a la impunidad.

En mi opinión ni hay voluntad política ni hay interés ciudadano. Eso es un problema porque la única forma de ejercer presión sobre el poder, para que avance en medidas de verdad, de justicia, de reparación, es que el colectivo social comprenda que el conflicto les pasó a todos, no les pasó solo a las víctimas, que hay consecuencias que derivan de ese conflicto, que hoy todavía la sociedad salvadoreña sigue viviendo manifestaciones, como la delincuencia organizada, que obedecen a la débil institucionalidad del Estado que proviene de esos procesos de quiebre del tejido social.

Desde mayo de 2021, el presidente Nayib Bukele también tiene control sobre la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema y el Órgano Judicial, ¿observa aquí la misma falta de voluntad política?

En el marco del régimen actual también se han producido decisiones políticas que terminan por afectar los derechos humanos, y obviamente los regímenes que adoptan decisiones que pudieran ser leídas como decisiones autoritarias, que atropellan los derechos humanos, no tienen interés de avanzar en el esclarecimiento de previas violaciones de derechos humanos, porque eso lleva a que también se les señale a esos mismos regímenes como violadores de derechos humanos. 

La estrategia consiste en desacreditar la idea misma de los derechos humanos y a los defensores de derechos humanos: estigmatizarles, no atacarles físicamente, sino atacar su credibilidad, la legitimidad de lo que hacen. Entonces, cuando un gobierno tiene sus propios cadáveres en el clóset, no quiere sacar los de los anteriores regímenes y no quiere abordar los problemas que pueda haber tenido la sociedad en el pasado en materia de derechos humanos, porque eventualmente eso puede revertirse en que se le acuse de violador de derechos humanos.

Dentro de las violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción por organizaciones civiles, se han registrado desapariciones de personas en custodia del Estado, además de muertes en centros penitenciarios, capturas arbitrarias y estigmatización, ¿estos serían “los cadáveres en el closet” de este gobierno, a los que hacía referencia?

Yo lo que quiero decir es que resultaría muy contradictorio  que, con todo esto que usted acaba de describir, el Gobierno tenga entre su lista de prioridades el avanzar por hacer justicia por previas violaciones de derechos humanos. Sería, además, muy difícil de explicar en el contexto de los actores políticos. Yo estoy abordando las violaciones de derechos humanos pasadas, pero al mismo tiempo yo también estoy implementando políticas que violan derechos humanos.

¿Cree que la coyuntura actual del país, con un régimen de excepción, impide que estos temas despierten el interés ciudadano?

De hecho es muy frecuente en toda la región, no solo aquí, que se utilice esa política del miedo en un determinado problema social, en este caso la inseguridad ciudadana, para distraer de otras cuestiones que son igual de relevantes, como la pobreza, la falta de acceso a buenas oportunidades educativas o a fuentes de trabajo. Entonces sí, evidentemente, se utiliza como un distractor la situación actual y creo que eso moviliza a la sociedad a respaldar las posturas políticas sobre el tema que está en el tapete y a no tomar en cuenta las que han sido invisibilizadas, seguramente, de manera deliberada.

El despido arbitrario de jueces de septiembre del 2021, junto a la toma de la Sala de lo Constitucional, ha permitido al Gobierno poder nombrar muchos de los jueces y tener controlada la judicatura. Esto afectó directamente el caso de la masacre de El Mozote, ¿es este un retroceso contundente que incumple de manera directa la sentencia de la Sala que derogó la amnistía?

Claramente va en contravía de lo que resolvió la Sala de lo Constitucional, pero también va en contravía de las obligaciones que el Estado salvadoreño ha adquirido en el plano internacional. Aquí creo que vale la pena decir que, cualquier Estado que pretenda llamarse democrático, tiene que tener un Poder Judicial con una independencia robusta. Cuando los jueces no tienen garantía de estabilidad en sus funciones, cuando pueden ser arbitrariamente removidos de sus oficinas, está claro que no hay garantías de independencia judicial; y si no hay independencia judicial, tampoco habrá objetividad en el manejo de las causas, porque la independencia y la imparcialidad siempre va de la mano. Entonces, claramente la intromisión en el Poder Judicial termina por ralentizar los procesos de justicia e implica un desacato abierto de las obligaciones, tanto constitucionales como internacionales del Estado.

Durante la entrevista, está utilizando continuamente la palabra “régimen”, ¿a qué se está refiriendo exactamente?

Bueno, al Gobierno en funciones…

¿A un régimen “democrático”?

En la medida en que se trata de Gobiernos de elegidos en las urnas, tendríamos que usar el apellido de “democráticos”, pero en la práctica que sea verdaderamente democrático depende de otros factores que trascienden la forma en que fue electo y, fundamentalmente, tiene que ver con el respeto del Estado de derecho, es decir, la adhesión al marco jurídico y su observancia,  y tiene que ver también con la garantía de la separación de los poderes públicos. De la información que yo he recibido, al menos en estos días, no está tan claro en este país.

FOCOS, junto a La Prensa Gráfica, publicó el especial “Testimonios Ocultos: La historia no contada por la Comisión de la Verdad”, que incluye la revelación de un cuarto de los testimonios originales denunciados ante el organismo en 1992. La Fiscalía solicitó a este equipo periodístico la entrega de esos documentos. El equipo entregó la información y el fiscal Delgado ha confirmado públicamente que la tiene en su poder y que están haciendo esfuerzos de investigación. ¿Ve un riesgo de que la Fiscalía utilice casos del conflicto armado con intenciones políticas de fondo?

Suele ocurrir que en contextos en que hay alta tensión social y polarización social alrededor de temas como la seguridad ciudadana se instrumentalizan ciertas causas judiciales a los efectos de alcanzar objetivos políticos. Es un fenómeno que observamos cada vez con mayor frecuencia en la región. Esto suele ir de la mano con un criterio selectivo empleado por los órganos oficiales de investigación que, en lugar de abordar todas las causas sobre violaciones de derechos humanos, escogen algunas que les van a permitir empujar agendas que tienen realmente un trasfondo político. Obviamente, hay formas en que la comunidad internacional pudiera involucrarse para monitorear el avance de la causa; parte de ello podría ser, por ejemplo, un seguimiento de la Relatora sobre Independencia de Jueces y Magistrados de las Naciones Unidas. Pero el principal vehículo, el principal mecanismo de presión para que se maneje de manera transparente y haya efectivamente un trato justo es desde adentro, y cuando la sociedad civil se siente amenazada, se siente atemorizada, son criminalizados, son estigmatizados, no pueden cumplir a cabalidad su trabajo.

¿Qué consecuencias puede traer a la búsqueda de verdad, de justicia y superación de la impunidad, tomando en cuenta estas selecciones con conveniencias políticas?

Que no es una verdadera justicia, porque si usted tiene una justicia que está condicionada por el momento político, es una justicia que no responde en realidad a los intereses de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, es una justicia empleada por los órganos de poder como una forma de visibilizarse o de ganar rédito electoral. No estamos hablando realmente de justicia, estamos hablando de política. Finalmente, es verdad que el derecho y la política tienen una relación muy estrecha, pero siempre hay que mantener las cosas en su propio cauce.

Fueron 427 denuncias las que este equipo publicó como parte del especial “Testimonios Ocultos”, los cuales redimensionan la guerra y ahondan sobre graves violaciones a derechos humanos; entre ellas, la desaparición forzada. El resto de denuncias originales guardan polvo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, ¿por qué  la ONU no ha desclasificado esa información?

Hay que entender qué son las organizaciones internacionales: son foros intergubernamentales, son espacios que buscan promover intereses de los Estados. Es verdad que, en el marco de esos foros intergubernamentales se han creado órganos de derechos humanos, pero eso no desaparece la naturaleza original de estos organismos internacionales. Como foros de discusión política, los Estados no quieren avergonzarse entre ellos; tiene que pasar algo muy serio para que la comunidad internacional decida señalar a un par, porque ellos saben que primero señalan al par y luego ellos pueden ser los que estén en el banco de los acusados. 

Los mecanismos de Naciones Unidas, particularmente, se han caracterizado en el pasado por un carácter confidencial que busca garantizar el cumplimiento de una regla que está en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el principio de no intervención en los asuntos internos de un país. Entonces, claro, la justificación es una justificación política, porque justificación material no hay cómo dar.  Si hay información que permitiría esclarecer la verdad de hechos graves violentos, tendría que darse a conocer, pero la forma en que se conducen los órganos políticos de las Naciones Unidas, que es donde se tomaron, en su momento, decisiones para el apoyo a mecanismos de justicia transicional en ciertos países centroamericanos, responden a esa lógica política de ‘mantengámoslo en confidencia’.

Probablemente, si hoy hubiera una demanda suficientemente fundada de acceso a esa información, los propios mecanismos de derechos humanos dentro del Sistema de Naciones Unidas impulsarían que la información se entregue.

En su opinión, ¿cuál debería ser el mecanismo que deberían emplear organizaciones para solicitar el acceso al resto de denuncias que están archivadas en Nueva York?

En mi opinión es una petición directa y pública al Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos como órgano interestatal de supervisión en esa materia.

¿Y este procedimiento qué etapas debería de pasar…?

No hay un procedimiento, porque no han habido situaciones de esta naturaleza en el pasado. Pero, seguramente, lo que debería ocurrir es que haya un debate al interior del Consejo de Derechos Humanos que, a su vez, le va a dar una recomendación a la Asamblea General sobre qué hacer con esa información. Dada la naturaleza de la información, su contenido, probablemente, el Consejo va a tener dificultades en decir que no, porque sería muy escandaloso que digan “no, no lo vamos a entregar”, más cuando se refiere a situaciones que ocurrieron décadas atrás y la paz ya no está en peligro aquí. Seguramente el Consejo tendría mucho problema de decir que no, por eso yo digo que debería ser una petición pública, porque al hacer una petición pública, la respuesta también tendrá que ser pública.

¿Tiene conocimiento de si el Estado salvadoreño  ha hecho peticiones a la ONU sobre esta información?

Lo desconozco.

¿Puede ser el Relator de Justicia Transicional un canal del que pueden echar mano las organizaciones para solicitar esa información?

Considero que sí, pero desconozco si es que en algún momento se le ha planteado esta posibilidad al relator actual.  Conociéndolo, él de inmediato buscaría la forma de tener esa documentación para compartirla. Como no hay antecedentes, no veo ninguna razón por la que no se pudiera. Creería que sí, que funcionaría.

Desde su punto de vista, ¿cree que esta petición es adecuada a 30 años del informe de la Comisión de la Verdad?

Yo no puedo calificar lo que es adecuado o inadecuado. Lo que sí le puedo decir es que, desde el punto de vista del derecho individual de las víctimas y del colectivo de la sociedad, es importante conocer la verdad de lo acontecido. Toda información y documentación que fuera relevante para esclarecer lo acontecido debería hacerse pública. Eso es así en la realidad salvadoreña o en cualquier otra. Cómo lo va a recibir el propio movimiento de víctimas, cómo lo van a tomar los operadores políticos, si va a tener un efecto negativo en ralentizar más las causas judicial, no lo podemos saber, pero es un exigencia de los procesos de justicia transicional que haya una determinación completa y una revelación pública de la verdad.