Represión: el factor constante durante la cuarentena

Miembros de la Fuerza Armada de El Salvador resguardando la entrada a Lourdes Colón durante la emergencia nacional que decretó el gobierno central por Covid-19. / Fotografía: Edwin Galdámez.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, reveló que entre marzo y agosto de 2020 la institución que dirige recibió 1,811 denuncias de afectaciones a los derechos humanos, en el marco de la pandemia por Covid-19. Al mismo tiempo, resaltó que el derecho más vulnerado fue el de libertad de movilidad.

Las declaraciones brindadas por el procurador coinciden con las de representantes de la sociedad civil, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el Servicio Social Pasionista (SSP) y CRISTOSAL, quienes afirmaron que, durante la cuarentena, el gobierno utilizó las fuerzas de seguridad pública para la restricción de derechos y para generar violaciones a la integridad y a la vida de los ciudadanos.

Tobar brindó su informe en el marco de una conferencia de prensa realizada por CRISTOSAL para dar a conocer el resumen ejecutivo denominado “Informe sobre Derechos Humanos frente a la emergencia sanitaria por Covid 19”, en el que también se destacó que hubo un marco jurídico inconstitucional para atender la pandemia.

Apolonio Tobar, Procurador de la Defensa para los Derechos Humanos, en conferencia de prensa brindada por CRISTOSAL / Fotografía: Focos. Gabriela Aquino

Según el procurador, las medidas adoptadas por el gobierno durante la cuarentena por Covid-19 fueron adecuadas, pero no bien ejecutadas. “Las medidas fueron adecuadas, pero la forma de realizarlas no”, comentó Tobar.

En la misma conferencia, Abraham Ábrego, director del Programa de Acompañamiento a Víctimas de CRISTOSAL, afirmó que “si bien las medidas fueron oportunas, también fueron desproporcionadas”.

Ábrego recalcó que existe una cantidad de derechos que no pueden ser omitidos aún en regímenes de excepción. “Hay derechos, como la integridad física, que no pueden ser suspendidos ni en régimen de excepción”.

CRISTOSAL activó un sistema de alerta durante la cuarentena, desde el 22 de marzo hasta el 9 de agosto y recibió 62 denuncias que correspondían a El Salvador. En ella se señaló como las principales instituciones violadoras de derechos humanos a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Salud.

Estado justifica uso de la fuerza en seguridad pública

También la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizó el 5 de octubre una audiencia pública sobre “Represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador”, en la que participaron la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el Servicio Social Pasionista y CRISTOSAL, más representantes del gobierno salvadoreño.

En la audiencia la vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, expresó preocupación por la tensión que existe entre los Órganos Ejecutivo y Judicial y el atentado que esto representa a los derechos humanos en El Salvador. Además, cuestionó la transparencia del Estado en la creación de políticas de seguridad pública y la presentación del Plan Control Territorial.

Manuel Escalante, representante de la UCA, señaló en la ponencia pública de la CIDH que si bien existe una disminución en los homicidios y denuncias a nivel nacional desde 2014, existe la posibilidad que esta reducción se trate en realidad de una desconfianza hacia las instituciones.

«Nos preocupa que esta reducción en las denuncias no esté reflejando necesariamente una disminución de la ocurrencia de delitos, sino más bien una sostenida desconfianza hacia las instituciones», afirmó Escalante.

La representación del Estado estuvo a cargo de Elmer Castro, director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y  Lorena Sol Pool, representante del estado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección

Castro justificó en la audiencia la utilización y masificación del personal policial y militar como una estrategia de seguridad pública: «Estamos apostándole a la dignificación del personal policial». 

Margarette May Macaulay, comisionada de la CIDH, reconoció que el Estado salvadoreño ha invertido mucho presupuesto en seguridad pública, pero que le preocupa la “falta de estrategia en la planificación y el descuido en otros enfoques como la niñez y su desarrollo”, lo que convertiría toda esta inversión, en simples gastos.

* Nota de Gabriela Aquino

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