Resoluciones del IAIP a favor de la ciudadanía desaparecieron en 2021
En lo que va del 2021 las posibilidades para que los ciudadanos accedan a información pública a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) han descendido hasta en un 80% en relación al 2020, según un reciente informe de la organización Acción Ciudadana, que analizó datos desde el año 2019.
Según Eduardo Escobar, presidente de Acción Ciudadana, el IAIP mostró una tendencia a disminuir resoluciones a favor de la ciudadanía desde agosto del 2020, lo cual coincide con la llegada del comisionado presidente Ricardo Gómez, nombrado por el presidente de la República, Nayib Bukele.
“Cuando ingresa el comisionado Gómez se comienza a ver una tendencia a disminuir la cantidad de resoluciones a favor del ciudadano en lo que terminaba el año 2020 y que se hace más notorio en el 2021, cuando ya estaban los nuevos comisionados Luis Suárez y Roxana Soriano”, dijo Escobar, en alusión a los otros dos magistrados propietarios que han sido nombrados bajo la administración de Bukele.
Según el informe de Acción Ciudadana, durante el 2020, el Instituto reflejó la mayor cantidad de casos resueltos a favor de la ciudadanía, con un 51.4% de expedientes con fallos positivos. Sin embargo, este logro es atribuible solo a los primeros seis meses del año.
Esa cifra bajó el segundo trimestre del 2020 en un 2.7% en comparación al trimestre anterior de ese mismo año y decayó en un 80% en los primeros cinco meses de 2021 en relación al mismo período del año anterior. Es decir que este 2021 todos los fallos han sido en favor de las instituciones gubernamentales que han negado información a la ciudadanía.
De los 28 procesos que ha finalizado el IAIP en el 2021, no hay ni uno solo en el que se haya resuelto entregar la información solicitada a las entidades públicas. En cambio el 57% de los procesos fueron declarados como “improponibles”, es decir que fueron rechazados.
Tras la publicación del informe de Acción Ciudadana, el IAIP publicó en sus redes sociales que en el período de enero a junio del 2021 resolvió 321 de los 476 que estaban pendientes desde 2020, reduciendo la mora judicial en un 68%.
Para Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, la cifra publicada por el IAIP se trata de un dato ambiguo, porque, si bien transparenta la cantidad de resoluciones emitidas, no revela a favor de quién se resolvieron.
De los 28 procesos que ha resuelto el IAIP en este 2021, 16 fueron rechazados, clasificados como improponibles, 5 inadmisibles y los otros 7 tampoco llegaron a verse confrontados frente al pleno bajo los argumentos de improcedentes o con la decisión de un sobreseimiento.
Según Escobar, el Instituto tendría que empezar a resolver por lo menos 8 de cada 10 casos a favor del ciudadano para poder alcanzar los porcentajes de los años anteriores.
El informe de Acción Ciudadana destacó también que el primer trimestre de 2020, entre enero y abril, fue el período en el que el IAIP aumentó su efectividad en un 117% con relación al 2019, cuando Cristina Pérez era la comisionada presidenta del pleno.
TENDENCIA A LA NEGATIVA
Expertos en transparencia como Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) y Xenia Hernández, presidenta de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), apuntan a otros elementos que reflejan cambios en el IAIP que afectan el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía.
Según Xenia Hernández, la cantidad de resoluciones emitidas no es el único indicador de la efectividad del IAIP, sino que debe evaluarse también “la calidad de las mismas resoluciones, si realmente se garantiza o no el derecho de acceso a información”.
“Una de las primeras pruebas que se presentó en los retrocesos fue revertir el criterio de la información pública sobre las agendas patrimoniales de los funcionarios públicos. Es imposible no verlo, como tapar el sol con un dedo”, dijo Sandoval.
El Instituto ha estado señalado durante los últimos 10 meses por varias irregularidades, entre ellas las polémicas reformas que planteó el Ejecutivo al reglamento de la institución donde daba más poder al presidente del pleno, Gómez y bloqueaba las impugnaciones a los comisionados nombrados por el presidente de la República y la cuestionada elección de magistrados como Luis Suárez Magaña y Roxana Soriano, vinculados a la Presidencia.
Wilson Sandoval afirmó que ALAC denunció el nombramiento del magistrado presidente, Ricardo Gómez como una pérdida de la independencia del Instituto con el Ejecutivo. Sandoval dijo que las críticas a esta denuncia decían que no tenían pruebas, pero que eso ha cambiado con el paso de los meses y que las cifras que revela el trabajo del instituto hablan por sí solas.
Actualmente la baja en las resoluciones a favor de los ciudadanos es solo un agregado a otros indicios que señala Sandoval. Él también hace referencia a las reformas que impulsó el IAIP que otorgaban “superpoderes” al comisionado presidente, Ricardo Gómez, y la negligencia cuando se retiraba de las audiencias sin argumentos, ni explicaciones al momento de conocer los casos que estuvieran relacionados directamente a Casa Presidencial (Capres).
Además, en abril de este año el presidente Nayib Bukele ordenó el inicio del proceso de remoción de la comisionada propietaria Liduvina Escobar, atribuyéndole el probable cometimiento de actos que afectan el funcionamiento del Instituto y el incumplimiento de sus funciones. Escobar era la única magistrada que no fue nombrada por el Ejecutivo.
