Segundo gobierno del FMLN implementó políticas de seguridad que riñen con los Derechos Humanos
El segundo gobierno del FMLN recibió el país con un promedio de 326 asesinatos al mes y con un alto costo político por los malos resultados de la política de seguridad de la gestión anterior.
Como un gesto positivo, en septiembre de 2014 el gobierno de Sánchez Cerén instaló el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un espacio de diálogo y consenso entre sectores. De ahí surgió El Plan El Salvador Seguro (PESS) como una herramienta integral para combatir con efectividad al crimen en un marco de respeto a los derechos humanos, prevención y rehabilitación.
Sin embargo, en la práctica, tal como ocurrió en los gobiernos anteriores, las principales apuestas en seguridad fueron las políticas represivas. De acuerdo con el informe citado, Sánchez Cerén declaró la guerra a las pandillas e impuso lógicas de confrontación y persecución de un “enemigo” interno.
En el primer semestre de 2014 se incrementaron a 345 las muertes violentas al mes, para el año siguiente los asesinatos llegaron a cifras récord. 677 homicidios al mes en junio de 2015 y un tasa de 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes al cierre del año.
En marzo de 2016 en San Juan Ópico, pandilleros de la 18-R masacraron a 8 trabajadores de una empresa eléctrica y a tres jornaleros, este crimen conmocionó a la opinión pública. En respuesta Sánchez Cerén propuso la implementación de “Medidas Extraordinarias” y el lanzamiento de grupos élites de reacción militar, una estrategia diseñada para neutralizar la acción de las pandillas tanto en la cárcel como en los territorios. Las medidas fueron criticadas por su aplicación indiscriminada, por irrespetar los Derechos Humanos, Tratados Internacionales y porque bajo su amparo investigaciones periodísticas revelaron que hasta se han cometido ejecuciones extrajudiciales.
En 2016, datos oficiales contabilizaron 407 enfrentamientos entre fuerzas policiales y pandilleros con un saldo de 618 muertos, de los cuales el 95.6% son pandilleros o presuntos pandilleros. Tres presuntos criminales muertos por cada uno herido. Indicadores como el cociente de letalidad indican que por cada policía o militar muerto hubo 59 pandilleros asesinados.
De acuerdo con el citado informe, esta inusual disparidad solo apunta a un desproporcionado uso de la fuerza letal que sobrepasa los parámetros esperados para este tipo de enfrentamientos.
James Cavallaro, experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que el uso excesivo de la fuerza letal indica un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado.
Finalmente y a pesar que desde 2016, la tasa de homicidios se ha reducido hasta las 51 muertes por cada 100 habitantes. En 2018 los números siguen siendo alarmantes. La tasa de homicidios en El Salvador es cinco veces más grande que el umbral que las Naciones Unidas establece para una epidemia de violencia en una sociedad.
