“¡Soy una presa política!”: Ruth López es enviada a las cárceles del régimen

El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó prisión contra Ruth López, la más reconocida defensora de derechos humanos de El Salvador y jefa Anticorrupción de Cristosal. En su salida de la audiencia inicial se declaró una presa política del gobierno de Nayib Bukele, y dijo tener claro que todas las acusaciones en su contra son por su labor como investigadora, abogada y defensora de derechos humanos. 

Después de dos semanas detenida, Ruth López enfrentó una audiencia inicial secreta y llena de inconsistencias, que culminó en su detención provisional con instrucción de seis meses. Estará recluida en los mismos centros penales donde ha documentado y denunciado cientos de casos de tortura contra víctimas del régimen de excepción. 

La Fiscalía General de la República la acusó por enriquecimiento ilícito, cambiando el delito de peculado que inicialmente le imputaron. Las autoridades no han sustentado ninguna de estas acusaciones alegando que el caso tiene reserva total.

«‘¡No me van a callar, un juicio público quiero!», gritó Ruth López al entrar al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, mientras era escoltada por cinco agentes policiales que la llevaron a rastras y le impedían hablar con la prensa. Pero no guardó silencio.

Reclamó nuevamente un juicio a puertas abiertas. «¡Un juicio público! ¡La gente merece saber! ¡El que nada debe nada teme!», repitió ante una treintena de periodistas agolpados en los pasillos del juzgado. 

Ruth López llegó casi dos horas después de lo programado, a las 11:59 a.m., y en los escasos segundos que tuvo para hablar, denunció que quisieron obligarla a cambiarse de ropa, a usar “un traje” para llegar al juzgado. Se resistió y llegó de blanco como un reo común. En sus manos esposadas llevaba solo una Biblia. “¡Dios y la verdad están conmigo!”, dijo a la prensa.

Después de casi cinco horas en aquella sala de audiencias, decenas de custodios hicieron un circuito de seguridad para sacarla del juzgado. Nuevamente, llevada por la fuerza policial, la activista se declaró una presa política y aseguró que «todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno». «¡Soy inocente, soy una presa política!», reiteró.

Mientras los abogados hablaban ante las cámaras y los periodistas buscaban entender en qué consistía realmente el caso, un empleado del centro judicial, acaso con más lucidez que cinismo, murmuró entre dientes: “¿Cuál investigación? Si aquí no ha habido investigación”.

Y ese podría haber sido el titular del día.

Una resolución “sin fundamento”

Uno de los defensores de Ruth López, Pedro Cruz, calificó la resolución para enviarla a prisión como “una aberración jurídica”. “No tiene fundamento la resolución, lo que la jueza habló sobre el caso prácticamente eran aseveraciones ilógicas y sin asidero probatorio”, dijo a la prensa.

Ruth López fue capturada casi a la medianoche del 18 de mayo. El gobierno de Nayib Bukele la señaló públicamente por peculado, un delito que consiste en la apropiación indebida de fondos públicos por parte de un funcionario. En ese momento, la Fiscalía señaló a Ruth López de “colaborar en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”, mientras fue empleada pública del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Pero en el requerimiento fiscal, esa acusación desapareció: ya no era peculado, ahora era enriquecimiento ilícito. Según abogados, este es un delito más vago, más útil, más fácil de encajar. Uno que no exige demostrar que hubo acceso directo a fondos públicos, como sí lo requiere el primero.

Esa maniobra legal fue denunciada por sus abogados. “La reserva total la han pedido por miedo”, dijo Cruz. “¿A qué le temen? ¿A haber hecho una acusación infundada? ¿A lo que Ruth ha venido denunciando? ¿A una defensa mejor preparada que su Fiscalía?”.

La abogada ha pasado más de dos semanas en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre. Su madre la vio por primera vez el 20 de mayo, casi 48 horas después de su captura, por lo que Cristosal denunció su desaparición forzada.

Desde entonces, la presión nacional e internacional por el caso ha ido en aumento. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado salvadoreño, recordándole que “toda persona imputada puede ser procesada en libertad si no representa un riesgo de evasión para la justicia”.

Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre los defensores de Derechos Humanos, también pidió su liberación. “El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso”, advirtió. La organización Robert F. Kennedy Human Rights urgió lo mismo: “la comunidad internacional debe exigir al Gobierno salvadoreño que respete los derechos humanos y garantice la justicia”.

Ruth López negó, hasta ahora, haber sido torturada en las cárceles del régimen. Pero al 

salir de la audiencia, fue trasladada en un pick up particular color gris, con placas de Guatemala. Defensores de derechos humanos rechazaron el uso de este vehículo para trasladar a la defensora, y exigieron que se respete su integridad física.

El periódico El País corroboró que el vehículo, con placas P0514JNW, está registrado a nombre de Edgar Manolo Ruano Pineda, un proveedor de granos básicos. 

Cristosal presentó un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Pero mientras la Corte Suprema de Justicia ignora estas peticiones, Ruth López duerme en una celda. Una celda parecida a aquellas donde su equipo ha documentado cientos torturas, tratos crueles y desidia institucional.