“Tenemos 263 defensores públicos para casi 50 mil casos a nivel nacional al año”

Según Luisa Corpeño, Procuradora Adjunta de la Defensa Penal de la Procuraduría General de la República (PGR), la institución trabaja en un proceso de fortalecimiento y modernización de la Defensoría Pública Penal, que mejorará los sistemas de información para dar a los usuarios una defensa efectiva. “Para sistematizar todos los procesos de la defensoría a nivel nacional, queremos hacer de los defensores públicos verdaderos ejecutores profesionales de alto nivel para mejorar y ampliar los servicios que desde la defensoría penal brindamos”, dijo.

Corpeño asegura que la PGR cuenta con “un personal altamente capacitado y comprometido”, que se está actualizando con el apoyo de cooperantes, como la mejora del Sistema de Información de la Defensa Pública (SIDEP), que facilitará la función pública; y un sistema de alertas, con el apoyo del PNUD, para cumplir los plazos de término en cada caso. La limitante es el poco personal

“Este sistema de alertas es importante porque a raíz de la misma dinámica del ejercicio de la Defensoría Pública Penal por el cúmulo de trabajo, más de alguna vez a algún defensor por “a” o “b” razón puede descuidar los tiempos, porque recibirá en su celular y correo electrónico avisos para recordarle los vencimientos próximos a caducar”

¿Cuántos defensores públicos tienen en la PGR y cómo se distribuye su trabajo?

Tenemos 263 defensores públicos a nivel nacional. En la mayoría de procuradurías auxiliares se distribuye por equipos y por turnos, como en San Salvador, que es dónde tenemos la mayor cantidad. Sin embargo, la alta demanda estos turnos en la defensoría son bastante frecuentes y la carga laboral es bastante alta. Pero, el gran compromiso del personal es el que permite dar cobertura a nivel nacional. Porque tenemos que tener claro que: donde hay un fiscal hay un defensor. No puede realizarse una audiencia sin la presencia de un defensor público. Eso significa que sí tenemos más de 500 tribunales a nivel nacional, tenemos que dar cobertura a todos estos tribunales con los 263 defensores. En algunos casos complejos, donde están involucrados 10 o más imputados, entonces la Fiscalía pude enviar dos o tres fiscales especiales, porque en la fiscalía tienen especialidades, pero la PGR no es posible: tenemos defensores todólogos. Ellos ven prácticamente todo y con estos defensores debemos de responder a todos los tribunales.

¿Cuál sería el número ideal de defensores públicos que tendría que tener la PGR?

Tendríamos que homologar la cantidad de defensores a la de fiscales. Porque probablemente, quizás ni la cantidad de fiscales sea suficiente para dar una cobertura total o como debería de ser a la cantidad de tribunales que tenemos que cubrir como área penal. Pero mínimo deberíamos homologar la cantidad de defensores a los fiscales para que haya equidad.

¿Cuántos fiscales hay en la actualidad?

No sé el número exacto, pero creo que hay más de mil fiscales en la FGR.

La PGR tienen 263 defensores públicos, ¿cuántos casos reciben?

Durante el período de pandemia no se dejó de atender porque los tribunales siguieron demandando la asistencia de defensores públicos. En la actualidad, a octubre tenemos alrededor de 27 mil casos. Y el promedio anual anda por los 50 mil casos, sino más. Hablamos que si distribuimos esa cantidad entre los defensores públicos son como 190 al año. Si para un defensor particular es complejo llevar dos o tres casos a la vez es sumamente complicado. Sin embargo, si revisan un poco las estadísticas pueden ver que en los casos donde interviene un defensor público en la en la mayoría de casos en la etapa de sentencia son absolutorias.

Usted mencionó una defensa penal efectiva, ¿Tienen una tasa de efectividad o cómo miden la efectividad?

Eso es parte de la modernización que hemos asumido. Los procesos no son de la noche a la mañana, sobre todo por el tema de tecnología, pero esperamos para el próximo año manejar al dedillo toda la información por cada defensor público: los alcances, los logros y las deficiencias. Vamos a individualizar la carga laboral por cada defensor, que no era posible anteriormente. El próximo año le podría dar el dato por cada defensor porque tendremos un control absoluto de las tareas de cada uno con este proceso de modernización.

Dice que van a tener la posibilidad de evaluar a cada defensor público. ¿Hasta hoy no se tiene forma?

Sí, los evaluábamos de acuerdo a cómo estaba diseñado el proceso, evaluando expedientes. Todas las auditorías estaban basadas en la evaluación del expediente, si un defensor tenía un expediente completo con todos los requerimientos dependiendo del caso que llevaba, evaluábamos que estuviera en legal forma. Ahora, vamos a evaluar el ejercicio de la función del defensor en particular. No es un proceso que está dirigido específicamente a controlar al defensor público sino de la efectividad de su función. Sí se supervisaba, pero no de la forma en que lo haremos con la modernización.

Hay especialistas que dicen que la Fiscalía y Policía le apuesta mucho al tema estadístico, abusan de la detención provisional. ¿Cómo afecta esto a la PGR, sobre todo en redadas donde arrestan 40 personas a la vez?

Este tipo de situaciones nos genera bastantes dificultades a la hora de la prestación de servicios porque, por ejemplo en San Salvador, tenemos equipos conformados de cinco defensores públicos. Imaginemos un turno con una redada de 150 personas, estos cinco defensores las tienen que atender sin detrimento del resto  de capturas en otras delegaciones a las que también hay que dar asistencia legal. Entonces, quiérase o no, siempre tiene consecuencias para la prestación de servicios de la Defensoría Pública Penal. Así como en las primeras diligencias del proceso, porque los requerimientos se envían al siguiente día o dos días después de la detención y nos toca destinar de este equipo dos o tres personas para la diligencia.

¿Han identificado en este proceso de modernización el perfil de los usuarios de la Defensoría Pública Penal? Son  las personas de más escasos recursos económicos, la gente que no tiene la capacidad de pagar un defensor privado que preste el servicio.