TSE entrega el voto de la diáspora a empresa más cara y peor puntuada

Por Jaime Quintanilla y Saúl Hernández
Con reportes de Daniel Valencia y Claudia Palacios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrató a la empresa de capital español Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S. L. para que ejecute la logística del voto en el extranjero en las elecciones de 2024, a pesar que tres de los ocho miembros del Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) designado por el ente colegiado, argumentaron que dicha empresa incumplió con la Ley de Compras Públicas. Cuatro de los cinco magistrados votaron a favor de la contratación en un proceso que permitió que una empresa con menor puntaje, y con una oferta $1.6 millones más cara, sea la escogida para procesar y cuidar el voto de los salvadoreños en el exterior.  

Focos obtuvo el documento de evaluación del PEO y donde se consigna la negativa de tres funcionarios, entre estos la jefa de la Unidad de Compras Públicas, Gema Lucrecia Padilla, uno de los cargos más importantes en el TSE para la adquisición y contratación en los procesos relacionado con el voto en el exterior. 

“(…) existe evidencia documental que nos hace concluir que, el oferente cambia el contenido de su oferta, incumpliéndose de esta forma, lo normado en el Art. 97 de la LCP y consideramos nuestra opinión apegada a derecho, al principio de legalidad, en el estricto cumplimiento de la normativa legal  que regula la Ley de Compras Públicas, en cuanto a aclaraciones o modificaciones de ofertas…”, reza el comentario disidente de tres de los ocho miembros del PEO.

Al final, la mayoría en el Panel se impuso para que Indra fuera considerada como elegible pues cumplía con los requisitos mínimos, entre estos superar el puntaje necesario en la evaluación técnica general, a pesar de que no pudo comprobar la “disponibilidad o acceso a recursos financieros, con referencia bancaria o comercial”. 

Validado hasta por cinco fuentes del TSE no relacionadas entre sí y que participaron en el proceso de adjudicación, la contratación de Indra plantea el arranque de un proceso electoral en el que uno de los componentes más sensibles nace con irregularidades y sin transparencia. A la fecha, el TSE no ha hecho público el proceso de contratación ni las razones técnicas para decantarse por la empresa española.

La elecciones generales de 2024 no tienen precedente en la historia electoral del país,  ya que por primera vez se abren las urnas para el voto de 840,00 electores radicados en Estados Unidos, para que desde la diáspora aporten a la definición de la Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, concejos municipales y Parlamento Centroamericano.

El proceso electoral es sensible, además, porque esta elección incluirá unas reformas electorales sobre la marcha impulsadas por Nuevas Ideas, junto a la intentona inconstitucional del presidente de la República, Nayib Bukele, quien busca una candidatura a la reelección a pesar que está está prohibida en la Constitución hasta en seis artículos.

Una adjudicación cuestionada

El 28 de junio, el PEO, que juramentaron los magistrados del TSE, se reunió evaluar la mejor opción para la compra directa CD-01/TSE/PEE/SE-2024, la cual contiene el contrato de la logística, operatividad y tecnología para el desarrollo implementación y ejecución del sufragio en el extranjero en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. El panel de ocho expertos coincidió en que Indra obtuvo un menor puntaje y la que presentó la oferta más cara de las dos que estaban compitiendo.

Indra obtuvo 97.59 puntos de los 100 posibles en una “evaluación por mayoría de votos del PEO”, mientras que su competencia, el consorcio EVoting Solutions, conformada por las firmas Cybernetica AS y Mühlbauer ID Services y la empresa salvadoreña Data & Graphics, obtuvo la mayor calificación posible en una “evaluación por unanimidad”. El consorcio Voatz-Ideeo fue declarado no procedente porque incumplió el plazo de entrega de las correcciones a su oferta que le había hecho el POE.

La jefa de la Unidad de Compras Públicas, Gema Lucrecia Padilla; el jefe de la Unidad de Servicios Informáticos, Oswaldo Rolando Martínez; y Liana Elizabeth Hernández de Montalvo, experta en materia de que se trate la adquisición, argumentaron que la empresa española Indra, incumplió lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Compras Públicas, al modificar el contenido de su oferta en el proceso de contratación. Este artículo establece que “no se solicitará ni se permitirá a los oferentes que modifiquen sus ofertas después de la fecha y hora límite para su recepción”, pero aclara que el contratante, en este caso el TSE, puede solicitar aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas. 

En ese documento del PEO, los tres técnicos argumentaron que la empresa Indra, entre la página 76 a 81, de su oferta, incorporó información que, “aunque es una aclaración no solicitada, cambia el contexto de la oferta y limita el alcance de los ítems requeridos, siendo un defecto sustancial, por lo que este hecho crea un impacto que no puede ser pasado por alto”.

Una abogada especialista en compras públicas concluyó, luego de analizar el razonamiento escrito del voto disidente de los tres técnicos del TSE, que el argumento se sustenta en el hecho que el ente colegiado recibió una oferta por parte de Indra, a la que fueron incorporados unos anexos junto a unas condicionantes que no habían sido solicitadas en el proceso de contratación, “pero que por su contenido, cambiaban el sentido de la oferta, ya sea en el precio o en los productos a entregar. Es una práctica que usualmente utilizan las empresas para luego incrementar el precio sobre algunos productos”, y por ello es un aspecto regulado en la ley, que en este proceso, desde el análisis de los expertos se incumplió.

La empresa con menor puntaje

El documento de evaluación de las ofertas, realizada por el panel de expertos expone, además, que en la valoración comparativa sobre la situación financiera entre ambas empresas finalistas, Indra resulta con un puntaje más bajo que el consorcio EVoting Solutions. 

Para determinar qué empresa era más idónea para la contratación, el PEO se basó en las evaluaciones de la situación financiera, la capacidad técnica y la económica. De los 100 puntos posibles, Indra obtuvo 97.59 y el consorcio EVoting Solutions llegó a los cien. 

Indra terminó tropezando, a consideración del PEO, en su capacidad financiera y la oferta económica. No pudo “evidenciar disponibilidad o acceso a recursos financieros, con referencia bancaria o comercial”. Los miembros del panel consideraron que esto no era impedimento y que Indra “es considerada ELEGIBLE para continuar con la evaluación (Capacidad Técnica), ya que ha superado la calificación mínima establecida en el criterio”.

El otro punto donde Indra perdió puntos frente a EVoting fue en la oferta que presentaron. Indra pidió poco más de $41.1 millones, mientras que la oferta de su competencia fue de $39.5 millones exactos. La votación de en este punto estuvo dividida, por unanimidad le dieron un puntaje máximo a Evoting, pero Indra se quedó con 9.59 puntos de 10.

Indra se quedó sin competencia

Fuentes que conocieron de las decisiones del PEO y de la votación del Organismo Colegiado del TSE que aceptaron hablar bajo la condición de anonimato por temores a repercusiones judiciales y a que se les margine de las decisiones del TSE, confirmaron que al momento de elegir a Indra no había otra empresa que estuviera compitiendo. Una de las fuentes agregó que esta fue una estrategia de los magistrados porque “querían hacer una contratación sin competencia. Querían de una sola vez contratar”.

El magistrado Julio Olivo confirmó está versión y dijo que esa fue la razón de su abstención en el voto. “Lo que hicieron fue ir eliminando las empresas, presionando al PEO que incluso se dividió, hay una votación dividida por mayoría para dejar pasar a Indra”, dijo la mañana del 6 de julio. “Para mí ya no hubo competencia”.

Una de las fuentes que participó en las discusiones finales del proceso de selección aseguró que los miembros del consorcio EVoting terminaron divididos. Las firmas Cybernetica AS y Mühlbauer ID Services dejaron sola a la salvadoreña Data & Graphics. “Se retiraron. Hubo discrepancia entre los miembros del consorcio. Tenemos las cartas que ellos mandaron en las cuales desisten”, señaló la fuente. Otra de las fuentes que sabe de estas cartas afirmó que Data & Graphics les reclamó a sus compañeras de consorcio, pero no logró convencerlas de que se quedaran. 

“Ocho días antes de la resolución del PEO, uno de los miembros envió carta diciendo que se salía. Cuatro días antes, otro, sin que fuera homologado. Dos días antes llegó la última, ya en pleno, todos los miembros del consorcio”, agregó la primera fuente. 

“Lo que hicieron (los magistrados) fue dejar la misma lista que ellos decían donde iban a escoger las empresas desde el inicio. Porque desde el inicio quería a Indra”, puntualizó la otra fuente del TSE consultada en esta investigación.

Focos intentó obtener reacciones de las empresas que participaron del proceso, y no ganaron, pero al cierre de este texto no hubo respuesta. Se intentó, además, obtener una reacción de la empresa ganadora, pero tampoco fue posible.

Ante esta situación, los magistrados del TSE no tenían otra opción más que Indra. “No había alternativa” para la votación sostuvo una de las fuentes. La votación fue por mayoría, 4 de 5 magistrados. Focos intentó obtener reacciones de la mayoría de los magistrados propietarios, pero al cierre de este texto fue imposible obtener respuestas.  

“El único argumento de los otros magistrados para votar a favor era que iba dentro del dictamen que proporcionó la PEO, sin tomar en cuenta que las otras empresas estaban renunciando. Internamente en el PEO Indra tuvo que haber sido eliminado antes”, dijo una de las fuentes. 

El otro consorcio que estaba en competencia, Ideeo Labs, S. A. DE C. V. y Voatz, INC., fue descartado antes de la evaluación. Según el PEO, las empresas no subsanaron las prevenciones en los tiempos reglamentarios. “Se determina a IDEEO LABS, S.A. DE C.V. Y VOATZ INC como NO ELEGIBLES para continuar con la siguiente etapa”, sentenciaron los miembros del PEO. 

Ambas empresas firmaron un comunicado en el que afirmaban que estaban dispuestos a continuar con el proceso. “Voatz-Ideeo quiere aclarar al TSE y al público en general, que seguimos dispuestos y en total capacidad los servicios requeridos, y que en ningún momento hemos enviado comunicación alguna expresando el retiro de nuestra oferta por ‘falta de tiempo para cumplir el contrato’, como se ha estipulado en los medio”, anotaron.

El consorcio agregó que ellos fueron los que ofrecieron “la propuesta más ventajosa desde el punto de vista económico y más viable desde el punto de vista técnico”, pero el PEO no los tomó en cuenta en esa etapa pues ya los había descalificado.

Una selección opaca y contra las cuerdas

La contratación de INDRA ocurrió un mes después del vencimiento del plazo establecido al Tribunal Supremo Electoral para la selección del sistema del voto electrónico desde el exterior, definido en la Ley Especial del Sufragio en el Extranjero. El organismo colegiado recibió las ofertas de ocho empresas el 12 de abril y debía resolver antes del 6 de junio pasado. 

La prolongación de la contratación avivó sospechas sobre las negociaciones dentro del pleno de magistrados. El Diario de Hoy publicó el 22 de mayo que fuentes internas del TSE dijeron que había “fuertes presiones” para beneficiar a INDRA.  Sin embargo, la magistrada presidenta, Dora Martínez de Barahona, dijo a El Mundo que el retraso no se debía a intereses particulares, sino a diferencias de criterios entre sus compañeros. El magistrado Guillermo Wellman, llegó a decir que el retraso del proceso ponía en riesgo el voto en el extranjero. 

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, también se quejó de la prolongación del proceso y aseguró que pedirían cuentas al TSE. Sin embargo, tras anunciarse la adjudicación del proceso, celebró la contratación de INDRA, en medio de las dudas de diputados opositores, quienes señalaron que observaban irregularidades en el proceso.

«Nos sentimos contentos de saber que el TSE ya contrató a la empresa que registrará el voto de los salvadoreños en el exterior. Concretaron ese paso y ahora todos estamos enfocados en las elecciones», dijo Castro. 

El voto de los residentes en el extranjero es un capital electoral de peso. De acuerdo con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), hay 840,00 personas con DUI en el exterior, de las cuales 670,000 están aptas para votar por internet y 170,000 para hacerlo por la vía electrónica presencial.

Las elecciones de 2024 serán las primeras en las que los salvadoreños podrán votar con esta modalidad fuera del país.  En septiembre de 2021, la Asamblea aprobó la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, pero dejó pendiente la definición de la modalidad en que se emitiría el voto. En octubre de 2022, por iniciativa de la bancada de Nuevas Ideas, se decretó una nueva ley que incorporó, entre otras cosas, la votación en urnas electrónicas. 

Tras la aprobación de la ley el presidente de la Asamblea Ernesto Castro dio un discurso congratulándose y señalando que su partido cumplió con una deuda histórica con los más de tres millones de salvadoreños en el exterior. “(Los opositores) no logran entender todavía los resultados de la última elección, no van a logran interpretar la voluntad del pueblo salvadoreño (…) Ahora tenemos un país y ahora ya no solo dentro de nuestra República sino también en el extranjero, que están empoderados, que son ellos los que ahora van a dictar las nuevas reglas que se van a tener en este país”.

En los últimos dos años varias comisiones de diputados de Nuevas Ideas han realizado viajes a los Estados Unidos. En febrero de 2022, ocho legisladores de la bancada oficial hicieron una gira por Maryland y Virginia, en Washington, las ciudades con mayor porcentaje de salvadoreños en el país norteamericano. En esa ocasión aseguraron que la visita tenía como objetivo obtener insumos para la redacción de la ley para el voto en el extranjero. Este año, los diputados visitaron Los Ángeles, California; Houston, Texas, New Jersey y Nueva York, otras ciudades con alta concentración de salvadoreños, para promover su proyecto político y la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele.