Un colectivo de jueces contra los tres poderes del Estado

La Asamblea Legislativa cerró agosto con otro golpe al poder judicial. En una votación exprés, aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial que implicarán el retiro inmediato de 230 jueces mayores de 60 años, un tercio de la judicatura salvadoreña. Los cambios legales también otorgan mayor discrecionalidad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para trasladar a jueces y magistrados a conveniencia. Un colectivo de jueces se organizó para protestar contra la medida, pero están solos: La Asamblea, el Ejecutivo y la CSJ están alineados.

Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial fueron criticadas por abogados, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, la Embajada de los Estados Unidos y la comunidad internacional, incluida la Relatoría Especial para la Independencia de los Jueces de Naciones Unidas. Los organismos señalan que las reformas lesionan la independencia judicial, violan la Constitución y atentan contra los derechos fundamentales de los juzgadores.

El miércoles 1 de septiembre, un colectivo de jueces y magistrados se reunió en la plaza del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador para rechazar públicamente la medida. Funcionarios de Santa Tecla y San Miguel se sumaron de forma virtual al pronunciamiento. 

Esta es la primera vez que funcionarios del Órgano Judicial protestan públicamente contra las decisiones del Gobierno y la Asamblea.

El 1 de mayo, cuando el Congreso destituyó a los magistrados constitucionales y al fiscal general para nombrar a perfiles afines en esos cargos, los jueces no reaccionaron públicamente.

El colectivo de juzgadores continuó su protesta la mañana del 2 de septiembre. Más de 40 jueces del municipio de San Salvador se presentaron al Palacio de Justicia, en el Centro de Gobierno, para solicitar audiencia con el pleno de la CSJ y demandar su apoyo para revertir las reformas, pero fueron bloqueados por agentes de la Policía.

La tarde del 3 de septiembre, el colectivo anunció que está valorando una huelga judicial como medida de presión para hacer que el presidente Bukele vete las reformas.

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